Gallardón propone al Gobierno una ley especial para Madrid que le dé más poder

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, quiere que el Gobierno socialista impulse una Ley de Régimen Especial de la Ciudad de Madrid, que supondría dotar al Consistorio de la capital de mucho más poder y muchos más recursos mediante una mayor recaudación de impuestos. Esta ley sería aprobada por las Cortes, a propuesta del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, quien a su vez lo haría siguiendo una iniciativa de Gallardón. "Se trata de una ley estatal, que no tiene que ser aprobada por la Asamblea de Madrid. Pero el Gobierno de la Comunidad y los grupos del PSOE e IU del Ayuntamiento ya conocen el borrador y pueden expresar su opinión sobre este texto", según el vicealcalde, Manuel Cobo.

El alcalde Gallardón tiene ya redactado un texto que serviría de base para la Ley del Régimen Especial de la Ciudad de Madrid, que entraña dotar al Ayuntamiento de competencias mucho más amplias que las que le otorga la Ley de Grandes Ciudades que entró en vigor en enero de 2004. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ya tiene extraoficialmente conocimiento del plan, según diversas fuentes.

El vicealcalde Cobo sostiene que "la tramitación de esta ley sería la misma que ha seguido la ley especial para la ciudad de Barcelona, que tampoco ha tenido que ser debatida en el Parlament, al tratarse de una ley estatal". Sin embargo, la ley referida a Barcelona sí ha sido ampliamente debatida y consensuada en el Ayuntamiento y en el Parlament.

El anteproyecto de ley para Madrid, que consta de 92 artículos y varias disposiciones adicionales, hace especial hincapié en los mecanismos de financiación de la ciudad de Madrid. La piedra angular sería la cesión de la recaudación de determinados impuestos (el 10% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, el 30% del IVA y el 20% de los impuestos especiales sobre alcoholes, hidrocarburos y tabaco), según consta en el documento en poder de EL PAÍS.

Larga reclamación

El argumentario para defender la pretensión del equipo de Gobierno municipal dice que "en el ejercicio de la competencia básica estatal, la Ley Especial de Madrid podrá incluir ahora expresamente una reclamación largamente reiterada en la doctrina española: la atribución de competencia general al Ayuntamiento para actuar en todos los ámbitos de interés local". Así, por ejemplo, "el Ayuntamiento podrá recibir del Estado funciones muy cualificadas en materia de tráfico y seguridad vial, seguridad ciudadana, telecomunicaciones y gestión de infraestructuras".

"El artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid ha atribuido al legislador estatal, al que corresponde hacer efectivo el principio de coordinación entre las diversas instancias territoriales, la responsabilidad de regular, mediante ley votada en Cortes, el régimen especial de Madrid", según figura en la exposición argumental.

Una vez obtenido el régimen especial, todas las relaciones del Ayuntamiento con el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid estarán dirigidas y coordinadas por la Comisión General de Cooperación para Madrid, cuya presidencia ostentaría el alcalde.

De esa comisión general dependerían las siguientes comisiones sectoriales: Libertades y Seguridad; Ordenación Territorial, Infraestructuras y Equipamientos; Medio Ambiente; y Cohesión Social. En estas comisiones habría idéntica representación de las tres administraciones (local, autonómica y municipal), si bien la de Libertades y Seguridad también habría representantes de la judicatura, la fiscalía y de entidades ciudadanas.

Las propuestas para modificar el régimen financiero del Ayuntamiento se basan en el argumento de que hay una "falta de adecuación entre la financiación obtenida directamente del sistema tributario local" y los gastos ocasionados a las arcas municipales por el hecho de que Madrid es la capital del Estado. Por ejemplo, las instituciones estatales están exentas de pagar el IBI, el impuesto de plusvalía sobre los terrenos, y el impuesto de circulación de miles de vehículos oficiales. Junto a esto, hay una importante población flotante que se beneficia de los servicios municipales, y que, en cambio, no pagan impuestos locales.

Además, más de 40% de los ingresos municipales devienen de los tributos locales, que tienen "un grado de rigidez importante" y que "evolucionan sin una relación directa con la actividad económica generada en la localidad ni con los usuarios de los servicios municipales".

El equipo de Gallardón resalta "el escaso peso que tienen en la financiación local los nuevos impuestos compartidos (IRPF, IVA e Impuestos Especiales), que apenas representaron el 5,9% de los ingresos no financieros en el año 2004". "El sistema financiero futuro de Madrid debe reforzar, por tanto, la participación municipal en las grandes figuras tributarias nacionales ya compartidas, en una proporción adecuada que garantice una suficiencia de recursos en términos dinámicos con una cesta de impuestos más equilibrada".

Uno de los capítulos más conflictivos de la ley será el referido a la cesión de impuestos por parte del Estado. Contempla la cesión de "los siguientes porcentajes de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas obtenidos en los impuestos estatales que se citan: el 10% de la cuota líquida del IRPF de los residentes en el término municipal de Madrid; el 30% de la recaudación líquida por el IVA imputable a la ciudad de Madrid; el 20% de la recaudación líquida imputable a la ciudad de Madrid por los impuestos especiales sobre cerveza, vino y bebidas fermentadas, sobre productos intermedios, sobre alcohol y bebidas derivadas, sobre hidrocarburos y sobre labores de tabaco".

Dada la importancia económica de este capítulo, no es extraño que en uno de sus párrafos establezca que "la información relativa a las entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en la ciudad de Madrid será remitida simultáneamente tanto al Ministerio de Economía y Hacienda como al Ayuntamiento de Madrid en cuanto sea conocida".