Una corporación encaminada al "federalismo de ejecución"
"No se pretende una redistribución de la titularidad [de las competencias que hoy ostentan las administraciones local, regional y central], sino conseguir la atribución de su ejercicio al municipio de Madrid, en la línea del federalismo de ejecución, a través de los planes, programas y actuaciones que deben definir las comisiones de coordinación", señala el documento elaborado por el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón.
Y prosigue: "Esta opción no plantea dudas de constitucionalidad porque no se trata tanto de una redistribución nominal de la titularidad de las competencias, que carecería de utilidad si no va acompañada del posterior traspaso, sino sólo de conseguir que las Administraciones superiores operen una descarga de sus competencias, en términos de ejecución, sobre el Ayuntamiento de Madrid como administración más próxima a los ciudadanos".
Fricciones
Pese a que el planteamiento del equipo de Gallardón intenta dar a entender que sus reivindicaciones tienen un carácter pacífico, todo hace suponer que no será así. Habrá fricciones, según pronostican diversas fuentes. No en vano, esta ley comporta la cesión de competencias tanto por parte del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero como por el Ejecutivo madrileño que preside Esperanza Aguirre.
Precisamente anoche, Aguirre envió una carta al secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, aceptando la oferta que éste le hizo la semana pasada para debatir y consensuar el modelo de Estado, la reforma del Estatuto, la Ley Electoral, el Reglamento de la Asamblea y la Ley Especial para la Ciudad de Madrid. "Me felicito de que Aguirre haya aceptado mi propuesta para fijar una posición conjunta de Madrid en todos esos temas tan importantes", declaró Simancas.
Aguirre le comunica también a Simancas que ha conocido un borrador de la Ley Especial de Madrid, cuyo texto contiene aspectos que afectan a cuestiones básicas de la Comunidad de Madrid, y agrega: "Creo que debemos aprovechar la oportunidad para alcanzar un acuerdo político general sobre el mismo y poder así contribuir conjuntamente a su mejor contenido".
Esta declaración de Aguirre deja traslucir claramente que ella quiere intervenir en la elaboración de la Ley del Régimen Especial de la Ciudad de Madrid, pese a que Gallardón considera que es "una ley estatal". Por su parte, fuentes del Ministerio de Administración Pública consideran también que la ley debe ser debatida en el Ayuntamiento de Madrid y en la Asamblea de Madrid antes de pasar a Las Cortes.
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