EE UU y México se enfrentan por la ofensiva de los 'narcos'

La violenta ofensiva que ha desatado el narcotráfico mexicano enfrenta a México y EE UU en una guerra diplomática, que se ha traducido en un cruce de comunicados con acusaciones mutuas. La Presidencia mexicana hizo pública ayer una carta en la que rechaza todo juicio o calificativo de ningún gobierno extranjero sobre sus acciones políticas. Era la respuesta oficial a sendos pronunciamientos del Departamento de Estado y del embajador estadounidense en México, que criticaron lo que calificaron de ineficacia judicial y policial del país vecino a la hora de combatir el crimen organizado.

El texto de la más alta magistratura mexicana recuerda que para combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero hay que atacar tanto la oferta como la demanda, en una labor de cooperación entre ambos países. "Nuestro trabajo con el Gobierno estadounidense en el combate al narcotráfico refleja una conciencia sobre el trabajo de corresponsabilidad para atender estos problemas. En todo lo que acontece en nuestra frontera, México y EE UU compartimos tanto aciertos como errores", señala el Gobierno de Vicente Fox.

Previamente, el Departamento de Estado difundió una nota en la que advierte a los ciudadanos estadounidenses de los riesgos de viajar al país vecino por el aumento de la violencia en la frontera de 3.200 kilómetros entre EE UU y México. "Las fuerzas del orden público locales no cuentan con fondos y entrenamiento, y el sistema de justicia es frágil e ineficaz", señala el comunicado. Horas después, el embajador en México, Tony Garza, envió una carta al jefe de la diplomacia y al fiscal general mexicanos, donde advertía que "la creciente guerra por drogas, secuestros y violencia callejera al azar tendrá un efecto de enfriamiento en el intercambio, turismo y comercio fronterizos".

En los últimos días algunos diarios estadounidenses se han hecho eco de la violencia en los estados mexicanos limítrofes, como Tamaulipas, Sinaloa y Baja California, en los que ha habido varios muertos desde comienzos de año. La violencia ha traspasado la frontera y se ha dejado sentir en zonas como Laredo (Tejas), donde se han presentado denuncias de asesinato o secuestro de ciudadanos estadounidenses.

El poder del narcotráfico en México, al que el Gobierno ha declarado la guerra total, exhibe su poderío en la calle y en las cárceles. Drogas, armas, teléfonos celulares y una larga retahíla de artículos prohibidos entran sin dificultad en el penal de La Palma, una cárcel de máxima seguridad. La cooperación de funcionarios corruptos con los delincuentes ha convertido un buen número de prisiones en zonas liberadas, donde los jefes de los diferentes carteles de la droga se mueven a sus anchas. El informe que presentó el miércoles ante la Cámara de Diputados el director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, describe una situación en las cárceles que escapa al control de las autoridades. En 13 centros penitenciarios hay "autogobierno" del narcotráfico: el crimen organizado impone su ley en la cárcel, muchas veces con la connivencia de los funcionarios.

Soberanes señala en su informe que los gobiernos federal y de los distintos estados no cumplen con las exigencias que marca la Constitución de garantizar la seguridad pública y organizar el sistema penitenciario. La corrupción es moneda común en numerosas prisiones, que, en la práctica, están autogobernadas por los delincuentes, que organizan la vida carcelaria. Esta situación es consecuencia de la falta de reglamentos y la pasividad de las autoridades locales, que han dejado en manos de los criminales el control de la vida carcelaria.