Los hijos del Estrecho

Pocos momentos tan extraños debió de vivir el guardia civil jubilado Virgilio Moreno Fornes, de 65 años, como la huida que protagonizó en agosto de 2002 para evitar que otros colegas, agentes del Cuerpo Nacional de Policía, se llevaran a la pequeña nigeriana que vivía en su casa desde el año anterior. Alguien les dio el soplo por teléfono. "Acabábamos de llegar de la playa y nos fuimos con lo puesto, sin ropa ni nada", recuerda Remedios Béjar Hidalgo, de 62 años.

La niña era entonces un bebé de 18 meses que ya había salido airosa de odiseas más peligrosas que una fuga en coche. Difícil superar el riesgo de cruzar el estrecho de Gibraltar en patera con un escaso mes de vida. Francis Orih, el nigeriano que en tierra se presentó como su padre, afirmó que la madre, una inmigrante que había dado a luz en Marruecos, falleció durante la travesía clandestina.

La Audiencia de Cádiz da un varapalo a la Junta por no "detectar estas situaciones"

Padre e hija residieron un tiempo en el albergue de Isidoro Macías, conocido como padre Pateras, y después se trasladaron al de una parroquia algecireña, cuyo titular pidió ayuda a Virgilio y Remedios para cuidar a la cría ante la crítica situación del padre, sin papeles y sin medios. La pareja accedió a hacerse cargo del bebé, que llegó a su casa el 8 de octubre de 2001 con una camiseta y una colección de ampollas por todo equipaje. "Pero nosotros no queríamos ocultarlo", subraya Remedios. "Ni que nos detuviera la Guardia Civil o la policía con la niña, y fíjate tú", apoya Virgilio.

Puestos de acuerdo con el padre biológico, el matrimonio solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Algeciras que les declarasen "guardadores de hecho". A raíz de esta iniciativa, la Consejería andaluza de Igualdad y Bienestar Social descubrió el caso y declaró en situación de desamparo a la menor "asumiendo su tutela automática". Los técnicos autonómicos pretendían reconducir la situación hacia el procedimiento administrativo de protección de menores, aunque fuese por las bravas. Pero Virgilio y Remedios creían que la razón y la legalidad estaban de su parte tras la resolución del juez que les declaraba guardadores de hecho.

Por eso, sin muda de recambio, huyeron con la pequeña de Andalucía en cuanto les chivaron que irían a buscarla a casa, y aún hoy cuentan con espanto que la operación policial impresionó a los vecinos, estupefactos ante un despliegue más atinado para un narcotraficante que para un bebé. Cuatro meses permanecieron en "el exilio", en palabras de Remedios, hasta que

la presión del departamento de menores de Cádiz se relajó lo suficiente para garantizar que no se repetirían escenas peliculeras. Fue el principio de una batalla jurídica entre la pareja y la Junta de Andalucía, que ha culminado en una sentencia de la Audiencia de Cádiz, notificada hace dos semanas a la familia.

El fallo es similar al recibido por Isabel Dueñas, una vecina de Castellar de la Frontera (Cádiz) que cuida de un nigeriano desde que tenía dos meses a petición de la madre, una inmigrante que trabaja ahora en Almería y que conoció a Isabel cuando estaba embarazada de mellizos. Un notario dio fe del acuerdo voluntario entre la madre biológica e Isabel, pero la Junta declaró al niño en desamparo. En 2003, Isabel también recibió la visita de técnicos y policías para llevárselo: "Venían sin una orden, así que me negué", relata.

Al igual que el matrimonio algecireño, Isabel se embarcó con el pequeño nigeriano y sus dos hijos en una huida impetuosa. "Me quité de en medio con los tres, la gallina con los pollos, carretera adelante sin saber adónde ir y llorando como una Magdalena", revive ahora, feliz con la sentencia que la consagrará previsiblemente como tutora legal del pequeño y lejos de los temores que la obligaron a vivir durante un año en Badajoz y que le hicieron adelgazar hasta los 43 kilos.

El fallo de la Audiencia de Cádiz ha aliviado a las dos familias al anular el desamparo dictado por la Junta de Andalucía, pero da un varapalo contundente a las numerosas personas e instituciones que, en algún momento, se cruzaron en la vida de los pequeños y no avisaron de su situación. La reprimenda incluye al padre Pateras, que acoge a inmigrantes embarazadas o con hijos, al notario que firmó el acta de Isabel, al juez que concedió la guarda a Virgilio y a la Junta de Andalucía, a la que exige "en estos tiempos y lugares que vivimos" que "ponga una especial diligencia en detectar estas situaciones de embarazadas y/o recién nacidos, que desembocan enseguida, como desgraciadamente ocurre, en situaciones de abandono, desamparo o desprotección y merecen una rápida respuesta administrativa para evitar situaciones prolongadas de asistencia social privada".

La directora andaluza de Infancia y Familias, Carmen Belinchón, defiende que su departamento pone "toda la diligencia posible" en detectar estos casos, pero que tampoco puede "someter a vigilancia a los padres y madres inmigrantes". Sin cuestionar "la buena o mala fe" de las familias, Belinchón destaca que "no se puede obviar el sistema de protección de menores". Sólo en 2004, según datos de Cruz Roja, han desembarcado 28 bebés en expediciones interceptadas al llegar a las costas gaditanas. Desde 2001 la organización ha atendido a 279 inmigrantes embarazadas.

Lo más llamativo de la sentencia es que deja a la Junta fuera del proceso, señala la abogada de las familias, Elena Arce. El fallo de la Audiencia de Cádiz nombra representante de los pequeños a la Fiscalía mientras un juzgado no resuelva la tutela, que previsiblemente recaerá sobre las familias que los han integrado como uno más. "Será el fiscal el que hará la propuesta al juzgado para constituir la tutela de la menor", aclara Arce. Por fin la niña que vive con Remedios y Virgilio normalizará su situación administrativa y podrá ser inscrita en el Registro Civil.