La CNMV cierra por sorpresa el 'caso FG'

Carpetazo de madrugada. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) archivó, "sin más trámite" y tras sólo tres días, la investigación sobre la compra del grupo bursátil FG por el banco de inversión Merrill Lynch en 1996 y todo lo que la rodeaba. La cúpula del organismo supervisor lo decidió así en una reunión extraordinaria convocada por su presidente, Manuel Conthe, la noche del viernes. La CNMV asegura que es "prácticamente imposible" esclarecer si hubo irregularidades, "ya que han pasado casi nueve años desde la operación", y concluye que "no ha descubierto indicio racional" de que algún técnico, directivo o miembro de su Consejo "actuara de forma maliciosa y consciente" para encubrir esas irregularidades detectadas en FG -presidida entonces por Francisco González, actual presidente del BBVA- por Merrill Lynch, según un comunicado de tres páginas, aprobado por unanimidad del Comité Ejecutivo y enviado a la prensa sobre las 2.30 horas de ayer, cuando este periódico había cerrado ya sus ediciones.

La investigación del supervisor ha recibido una lluvia de críticas por poco seria y rigurosa

Para llevar a cabo las investigaciones, la CNMV designó un grupo de trabajo integrado por cuatro ejecutivos del organismo (los directores generales Ángel Benito, Javier Pérez Pellitero y Antonio Carrascosa y la directora de Auditoría, Margarita García), que tomaron declaración a 12 personas.

La investigación comenzó el 19 de enero, después de que la Cadena SER pusiera en conocimiento de la CNMV documentación referida a unas cartas enviadas en julio de 1996 por Claudio Aguirre, presidente entonces de Merrill Lynch España, a Ramiro Martínez Pardo, que era jefe de la División de Sujetos de Mercado de la Comisión, en las que informaba de desfases contables aparecidos en las cuentas de FG y de las consecuentes modificaciones en el acuerdo de compra de esta sociedad de valores por su parte. De esas cartas, la CNMV dice no tener constancia, y aunque no se registraron como hecho relevante, existe el visado de haber sido recibidas por el propio Martínez Pardo, como se aprecia en la carta reproducida de la página web de la SER.

Durante las diligencias previas, el banco estadounidense había sido informado por un empleado de un agujero contable de al menos 800 millones de pesetas (4,8 millones de euros) que se había producido por la compra de bonos en 1994 y que había sido arreglado mediante operaciones entre sociedades interpuestas del grupo FG. Eso hizo que Merrill Lynch no se quedase con activos de FG como estaba previsto y sólo comprase el fondo de comercio por 2.000 millones de pesetas. A ello añadiría 1.700 millones de fondos propios.Es decir, un total muy inferior a los 12.000 millones en que había sido valorado el grupo bursátil para hacer esta operación.

"Las presuntas irregularidades en FG Valores fueron aparentemente denunciadas a la CNMV en julio de 1996, es decir, hace casi nueve años", dice la Comisión, que admite que es incapaz de esclarecer lo sucedido después de tanto tiempo.

La Comisión concluyó que "no ha descubierto indicio alguno de que algún técnico, directivo o miembro del Consejo de la CNMV actuara de forma maliciosa y consciente encubriendo eventuales infracciones de la Ley de Mercado de Valores, destruyendo o ocultando documentos u otra conducta que de acuerdo con la legislación aplicable, pudiera ser considerada delito y, además, no estar prescrita". La nota precisa que el delito de infidelidad en la custodia de documentos tiene un plazo de prescripción de cinco años. Sin embargo, la Comisión admite, que "no parece probable que los hechos denunciados, aun suponiéndolos ciertos, pudieran constituir un delito no prescrito".

El organismo elabora algunas hipótesis sobre lo que pudo suceder. La CNMV tiene claro que el registro de entrada de documentos de la CNMV no sufrió "manipulación alguna, ni su integridad resultó quebrantada". Según sus datos, ese registro tuvo en 1996 un total de 43.091 entradas, "sin que aparezcan en el mismo registros vacíos". "Cualquier borrado o manipulación", asegura el comunicado, "hubiera entrañado una ruptura del orden de numeración oficial de documentos, y hubiera dejado huellas fácilmente detectables".

Mientras tanto, algunos de los documentos procedentes de Merrill Lynch no tienen cajetín de entrada en dicho registro y otros documentos, como los enviados por Francisco González, "no aparecen ni siquiera firmados". La CNMV sospecha que esos documentos "pudieron escribirse, pero no entregarse a la CNMV o a su destinatario". Otra posibilidad es que se entregaran al organismo, pero sin pasarlos por el registro de entrada: "Y en tal caso pudieron desaparecer de las dependencias de la CNMV no necesariamente como consecuencia de una destrucción o sustracción consciente y maliciosa, sino también como fruto de un error o del expurgo periódico de la documentación no integrada en expedientes administrativos". La CNMV almacena en Daganzo (Madrid) documentos antes de ese expurgo.

Además, el grupo de investigadores, que según el comunicado se limitó a "recabar opiniones", ha constatado "puntos de vista dispares entre las personas entrevistadas respecto a las pautas de supervisión y sanción aplicadas en aquella época". Es decir, unos afirman que en casos similares hubiese sido obligada la adopción inmediata de medidas sancionadoras. Mientras, otros manifiestan que, a la hora de valorar la apertura de un expediente sancionador, "se tomaban en cuenta criterios tales como la ausencia de clientes o accionistas perjudicados, la no existencia de riesgo para la solvencia de la entidad, la inminente baja de la entidad presuntamente infractora, o su compra por una entidad de prestigio y solvencia reconocidos".

La actitud de la Comisión ha recibido una lluvia de críticas, sobre todo por el corto periodo de investigación y por la forma de anunciarlo, en plena madrugada del sábado. Fuentes consultadas afirman que ha sido muy poco seria tanto la forma de abrir la investigación como de cerrarla. "Falta seriedad y rigor", apuntan. "Resulta que un organismo regulador juzga si hubo delito o no y si ha prescrito o no. La Comisión sólo puede juzgar cuestiones administrativas, y si cree que no tiene los suficientes medios, pues que lo envíe a la Fiscalía para que lo haga". "En cualquier caso", añade la fuente, "es inconcebible que pueda despachar el asunto en 72 horas como lo ha hecho". La propia Comisión admite que se cierra la investigación sin conocer "las pautas de supervisión y sanción aplicables en aquella época".

Otra fuente apunta con ironía: "Resulta que hemos conseguido la mayor de las eficiencias con esta Comisión, que en tres días ha sabido si hay delito o no y si ha prescrito o no". El pasmo también ha llegado al sector bursátil. Un alto ejecutivo se preguntaba: "¿Cómo pueden decir que no ha habido manipulación cuando ellos mismos admiten que visaban los documentos que llegaban a la Comisión?".

El ministro de Economía, Pedro Solbes, tquiso evitar manifestaciones durante un acto del PSOE en Sevilla, aunque ante la insistencia, dijo: "Tomo nota de la decisión y no hago ninguna valoración en uno u otro sentido porque es un tema que corresponde a la Comisión, que es un organismo independiente del Gobierno". Sin embargo, alguna de las fuentes consultadas sospechan que haya podido haber indicaciones claras por parte de Economía para que acelerara el caso. "¿Qué prisa había?", se pregunta. De ser así pondría en tela de juicio las declaraciones de independencia y autonomía realizadas por Manuel Conthe nada más llegar al cargo de presidente de la CNMV en noviembre pasado.La puesta en marcha de la investigación había colapsado la Comisión y por eso había prisa para sacar adelante la investigación. En el seno de la Comisión, la decisión fue recibida con alivio. El nuevo equipo de la CNMV no quiere volver a vivir la experiencia de Gescartera, que todavía se respira en sus oficinas. Una fuente consultada manifiesta, además, que este asunto permitirá mejorar los procesos en el futuro.

Fuentes del BBVA, por su parte, recibieron la noticia con euforia, ya que la conciben como un punto final de un nuevo episodio del "acoso y derribo" a Francisco González para que deje la presidencia de la entidad financiera, a la que llegó por decisión del PP en mayo de 1996. Entonces fue nombrado presidente del grupo bancario público Argentaria, que posteriormente se fusionaría con el BBV y todavía estaba en proceso de negociación la compra de FG por Merrill Lynch. En línea con el BBVA, se ha manifestado CC OO, que considera "una buena noticia para la estabilidad del BBVA el archivo de la investigación".

Sin embargo, el coordinador de Izquierda Unida, Gaspara Llamazares, ha pedido que actúe la Fiscalía General del Estado para que investigue las presuntas irregularidades de la venta. Esa actuación de la Fiscalía, que también han reclamado otras fuentes implicadas en este asunto, desvelaría si las prácticas de ingeniería financiera realizadas en FG en 1994 fueron constitutivas de delito. En ese sentido, también se expresaron algunos de los comparecientes ante el grupo de trabajo de la CNMV. "De haberse conocido en su momento y sospechar de manipulación contable y ocultamiento se habría abierto expediente a sus responsables y dado curso legal", manifestaron, según fuentes cercanas al organismo.