Fracaso de la CNMV

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le han bastado apenas 72 horas para archivar "sin más trámites" las actuaciones iniciadas para esclarecer la desaparición de los documentos relativos a la venta, en 1996, de la sociedad de valores FG Inversiones, dirigida por el hoy presidente del BBVA, Francisco González, al banco de inversiones Merrill Lynch. Los documentos "inexistentes" informaban de irregularidades contables por un valor de 800 millones de pesetas detectadas a raíz de la venta de la sociedad. El consejo ejecutivo de la CNMV tomó esta decisión por unanimidad, en una sesión de urgencia que acabó a las dos de la madrugada del sábado; circunstancia totalmente inhabitual que parece sugerir una prisa desmedida por dar carpetazo al tema. Pero, para desprestigio de la Comisión y por lo que se desprende de sus propios argumentos, el caso se cierra escandalosamente en falso.

Arguye la CNMV, entre otras razones, la prescripción de los delitos o infracciones administrativas que pudieran haberse cometido en caso de ocultación o destrucción de documentos. Con este argumento se enreda en tareas que no le corresponden, porque anticipa hipotéticas irregularidades que posteriormente reconoce no estar en condiciones de probar o desmentir. Resulta del todo contradictorio que se diga incapaz de determinar si los documentos entraron oficialmente en la Comisión para afirmar, acto seguido, que los registros no han sido quebrantados y que no consta destrucción maliciosa de papeles. Esgrime por lo demás un pintoresco razonamiento para el regulador del mercado: la lejanía de los hechos investigados convierte en "fragmentarios e imprecisos" los recuerdos de los responsables requeridos para aclarar los acontecimientos de julio de 1996, fecha en la que se produjo la imputación del "desfase contable" por parte de Merrill Lynch. Como si funcionarios experimentados pudieran echar al olvido con facilidad una información tan relevante sobre una sociedad del volumen e importancia de FG Inversiones. La Comisión, según la nota, se ha limitado a "recabar opiniones" de los funcionarios de la época. No es eso -"opiniones"- lo que se le exige a una investigación, sino una explicación convincente de los hechos. Con esta actitud no es extraño que la CNMV concluya que "no se ha descubierto indicio racional alguno" de que técnicos, directivos o consejeros "actuaran de forma maliciosa y consciente encubriendo eventuales infracciones de la Ley del Mercado de Valores".

Los argumentos de la Comisión confunden el sentido último de lo que ciudadanos e inversores esperan de la institución. Cuando la opinión pública pide saber cómo desaparecieron los documentos esclarecedores -o por qué no se registraron- y quién perpetró la fechoría, el objetivo no es tanto determinar "ilícitos penales" cuanto aclarar, en beneficio de la credibilidad del regulador, el comportamiento de sus funcionarios. Se trata de transmitir a los mercados el mensaje de que la Comisión tiene capacidad, coraje y voluntad política para corregir sus errores. El cierre apresurado y con nocturnidad de la investigación arruina esta oportunidad irrepetible. No sólo difunde la idea de que cualquier hecho, por grave que sea, puede arrinconarse en el olvido si conviene o si no es fácilmente investigable. Una decisión tan torpe consigue, además, convertir el caso de las presuntas alteraciones contables de FG Inversiones en el fracaso de la Comisión y de su presidente, Manuel Conthe, en la tarea de reforzar el maltrecho prestigio del regulador bursátil.