La Policía detiene en Vizcaya a tres empresarios acusados de emplear a 50 trabajadores extranjeros 'sin papeles'

Los tres principales responsables de una empresa de Etxebarri (Vizcaya) dedicada a la distribución de alimentos han sido detenidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía acusados de emplear a cincuenta inmigrantes que carecían de la documentación necesaria, según informó ayer la Dirección General de la Policía. Agentes adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía vasca han detenido desde el lunes pasado a 15 extranjeros acusados de estancia irregular y han identificado además a otros 37 inmigrantes latinoamericanos.

Los empresarios, acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social, son Fernando. L. H., administrador único; Fernando. R. S., responsable de personal; y Félix. O. O., encargado principal de servicios de la empresa, ubicada en el polígono industrial Lezama Leguizamón de Etxebarri. La empresa tenía empleados a ciudadanos extranjeros, en su mayoría en situación irregular, y otros pendientes de contestación administrativa para obtener la residencia. Durante la inspección del local de la empresa realizado por inspectores del Ministerio de Trabajo y agentes policiales fueron identificados cincuenta ciudadanos de Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Bolivia.

De ellos, 37 fueron trasladados a comisaría el lunes pasado por no acreditar su residencia legal en España o no contar con la preceptiva autorización para trabajar. Tras su paso por las dependencias policiales, 15 quedaron detenidos por situación irregular y el restó prestó declaración voluntaria como víctimas de estos hechos, según la Policía. Muchos de ellos denunciaron sentirse discriminados en relación a los derechos laborales de los españoles, ya que disponían de un sueldo inferior, menos vacaciones, no estaban dados de alta en la Seguridad Social y trabajaban con el miedo ante la posibilidad de ser despedidos en cualquier momento. Fuentes policiales indicaron que esta actividad fraudulenta genera competencia desleal con el resto de empresarios: "Para obtener mayores beneficios pagan unos salarios no sujetos a regulación y no pagan a la Seguridad Social", indicaron.