Schröder presiona para que la UE permita desviaciones en el Pacto de Estabilidad

El canciller alemán, Gerhard Schröder, caldeó ayer el ambiente al abogar en un artículo por la máxima flexibilidad a la hora de aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Fue un mensaje claro y contundente publicado justamente cuando los ministros de Economía y Finanzas viajaban a Bruselas para discutir la reforma de dicho plan. El Bundesbank, banco central alemán, reaccionó en contra de sus propuestas, mientras la Comisión Europea aseguraba que aquéllas son prácticamente idénticas a las suyas; y ello a pesar de que el canciller cree que superar la línea roja del 3% del PIB del déficit público no siempre debe acarrear el inicio del procedimiento de infracción.

"Si un país tiene el potencial de situarse por debajo del 3% y reducir la deuda a medio plazo, no habría que iniciar un procedimiento de déficit excesivo, incluso si el país en cuestión superara el valor de referencia". Esta afirmación del canciller alemán Gerhard Schröder es parte del artículo que publicó ayer en el rotativo económico británico Financial Times.

En ese artículo, Schröder reclama que el Pacto es también de Crecimiento y que, por tanto, la referencia del 3% no puede ser la única. "Este indicador es inadecuado para manejar la compleja realidad de la política fiscal". Schröder también parece rechazar una mayor coordinación en política económica dentro de la UE como reclaman el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios Joaquín Almunia y Jean-Claude Juncker, presidente estable del Eurogrupo (los doce ministros económicos de la zona euro). "El Pacto funcionará mejor si la intervención en la soberanía de los presupuestos nacionales se permite sólo bajo ciertas concisiones", puntualiza el canciller.

La Comisión Europea aseguró que los puntos de vista del canciller alemán son prácticamente idénticos a los suyos, y ello a pesar de que Almunia siempre ha defendido que los valores de referencia del 3% en el déficit y del tope del 60% del PIB en la deuda pública es una línea roja. El ministro alemán de Finanzas, Hans Eichel, se apresuró ayer a aclarar que su posición no pasa por tocar el Tratado, es decir, las cifras mágicas, sino la aplicación que recogen los reglamentos. Eichel asegura que la idea es dotar a la aplicación del Pacto de un criterio fundamentalmente económico. En líneas generales, Schröder pide que se tengan más en cuenta los planes a medio y largo plazo y los gastos que en su país generan desequilibrios presupuestarios, como la reunificación alemana o el aporte neto a las arcas de la Unión.

Las reacciones en contra de la posición de Berlín no se hicieron esperar. El Banco Central Alemán (Bundesbank) emitió un comunicado contrario a cualquier flexibilización del Pacto de Estabilidad, informa France Presse desde Fráncfort. "Hay que rechazar cualquier reforma o nueva interpretación del Pacto, cuya consecuencia sería suavizar la obligación del rigor presupuestarios", dijo el Bundesbank, que en este terreno coincide con el Banco Central Europeo.

"Hay elementos de flexibilidad que cambiarían la naturaleza del Pacto y que, por tanto, no son aceptables", dijo el ministro español de Economía Pedro Solbes. En el seno de la UE hay una mayoría de países que están por la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, si bien son los grandes, Alemania, Francia e Italia (los tres con déficits excesivos) los que quieren una mayor suavización del mismo. Sólo un reducido grupo (Austria, Holanda y Finlandia) quiere dejarlo tal como está cuando la mitad de los países, en pleno estancamiento económico, es incapaz de cumplir las reglas.

Tanto la Comisión como la presidencia de turno luxemburguesa confían, sin embargo, en que tras la reunión de ayer y hoy en Bruselas y la próxima prevista para febrero la UE será capaz de dar luz verde en marzo a la reforma de un Pacto que se considera esencial para mantener la buena salud y la viabilidad de las cuentas públicas europeas.

Los ministros también analizarán en esta reunión el informe anual del Comité de Política Económica de la UE (en la que están expertos de todos los países) sobre las reformas estructurales de los 25. En dicho informe, el comité manifiesta que España debería acabar con la revisión automática de los salarios en los convenios colectivos.

El documento no especifica que tal retirada de este mecanismo se deba hacer justamente para el salario mínimo, como pide la patronal española, sino una retirada generalizada para, según las fuentes consultadas, evitar presiones inflacionistas. Según Joaquín Almunia, poner en relación directa salarios y precios genera una presión inflacionista que, a su vez, perjudica a los asalariados.