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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

¿Compartido o de partido ?

El Gobierno aprobará el viernes el decreto de convocatoria del referéndum sobre la Constitución europea, tras obtener ayer la autorización del Congreso, con el respaldo de todos los grupos de la Cámara. Zapatero indicó que, aunque formalmente el referéndum es consultivo, él lo considerará vinculante.

No existe riesgo de que gane el no, pero sí de que la participación sea reducida, lo que sería malo para el Gobierno. Para que se registre una participación presentable es decisiva la actitud del PP. Existe el precedente del referéndum de la OTAN, en 1986, en el que el PP (entonces AP) propugnó la abstención con el fin de perjudicar al Gobierno. Ahora, Rajoy ha comprometido la defensa activa del sí. Sin embargo, en el debate de ayer, el apoyo del PP estuvo rodeado de tanta desconfianza hacia el Gobierno que hizo exclamar irónicamente a Zapatero que casi preferería que no le apoyase tanto.

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Esas críticas sólo en parte guardaron relación con el asunto a debate. Rajoy dedicó gran parte de su discurso a hablar del plan Ibarretxe. Reiteró su ofrecimiento de un pacto para frenar la propuesta del lehendakari, pero también sus críticas a la forma en la que el Gobierno está llevando el asunto. Por ejemplo, a su decisión de no plantear ahora un recurso ante el Constitucional. La resolución dictada en su día por ese tribunal (por siete votos contra cinco) ante un recurso similar del anterior Gobierno podrá ser discutible, pero de su contenido se deduce que hoy volvería a ser la misma. Ya entonces el nacionalismo pretendió (abusivamente) que el tribunal avalaba su posición de fondo, y ahora haría lo mismo. No se ve el interés por recurrir en tales condiciones, aunque sí en dejar claro, como hizo ayer la vicepresidenta Fernández de la Vega, que el Gobierno no descarta hacerlo en su momento.

El discurso del PP consiste en decir que Zapatero no hace lo que le emplaza a hacer por temor a sus socios nacionalistas. Es la misma táctica empleada en noviembre de 2003 para reventar la Asamblea de la Federación de Municipios: el PP planteó una resolución contra el plan Ibarretxe para que la previsible negativa de ERC a votarla rompiera el consenso que acababa de lograrse, por primera vez con la participación de ese partido, aliado ya de los socialistas en Cataluña.

Es lógico que la oposición trate de poner de manifiesto lo que considere debilidades del Gobierno; por ejemplo, su política de alianzas. Pero si el plan Ibarretxe es, como sostiene el PP, el mayor reto a la democracia española del último cuarto de siglo, y está convencido de que para hacerle frente deben ir juntos los dos grandes partidos, ¿no debería elegir otros temas de diferenciación, poniendo éste a resguardo de la pelea política de cada día? Cuando gobernaba Aznar, su partido defendía que la iniciativa en cuestiones de Estado correspondía al Gobierno, sin perjuicio de que las medidas fueran comunicadas al primer partido de la oposición para intentar obtener su respaldo.

Que el asunto sea grave no tendría por qué convertirlo en elemento de discordia incluso en relación a asuntos sobre los que hay acuerdo de entrada, como la ratificación de la Constitución europea. El interés de partido debe en estos casos supeditarse al interés compartido. A fin de cuentas, como ayer dijo Zapatero, una Europa fuerte y unida hará una España más fuerte y más unida.

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