El PP forzará una reunión de la Diputación Permanente para que rechace el proyecto

El PP elevó ayer su nivel de exigencia al Gobierno para enfrentarse al plan Ibarretxe. El líder, Mariano Rajoy, presentó una batería de iniciativas parlamentarias, entre las que destaca la petición de convocar la Diputación Permanente del Congreso, pues la Cámara está de vacaciones parlamentarias; habrá reunión porque el PP dispone de un quinto de sus miembros. Pero es improbable que el PP logre que este organismo suspenda las vacaciones para rechazar ya el proyecto. Rajoy acusó al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de "romper el espíritu constitucional" al anunciar que algunas reformas pueden hacerse sin el PP.

El PP insistió ayer, día que Rajoy definió como de "inauguración del curso político", en su presión al Gobierno con el plan Ibarretxe. Hasta seis exigencias planteó al Ejecutivo, que tildó repetidamente de "débil e inestable": que se recurra al Constitucional; que comparezcan en el Congreso la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega; el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para explicar su "inacción" ante el plan Ibarretxe;que se reúna de inmediato la Conferencia de Presidentes; que el Senado convoque ya el debate sobre el Estado de las Autonomías... Todo eso será rechazado por el Gobierno, que prefiere votar sin más el plan en el Congreso y derrotarlo. Porque en ese rechazo sí están de acuerdo PSOE y PP.

Sólo hay una cosa que la oposición puede forzar, y lo hará, según anunció ayer su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana. Se trata de la convocatoria en los próximos días de la Diputación Permanente, que deberá estudiar si procede levantar las vacaciones parlamentarias y habilitar el mes de enero para rechazar el plan cuanto antes. Esa propuesta será rechazada, con toda probabilidad, pero la mera convocatoria de la Diputación Permanente originará un primer debate sobre el modo de enfrentarse al plan Ibarretxe. El artículo 56.4 del Reglamento del Congreso permite al PP lograr la convocatoria, porque dispone de la quinta parte de los miembros de ese organismo.

El PP plantea también exigencias respecto a la Constitución europea: que se pronuncie hoy el Congreso a favor, y que haya debates entre todos los grupos. Estas iniciativas buscan dos objetivos, según fuentes del PP. Por un lado, dejar claro que "las leyes hay que cumplirlas", y que el Estado no le va a pasar ni una a quien se salte las normas; y por otra, que quede en evidencia la "debilidad del Gobierno", que cuenta con unos socios, como ERC, que están a favor del plan Ibarretxe y en contra de la Constitución europea.

Mariano Rajoy se mostró ayer muy preocupado por unas palabras pronunciadas por Zapatero la semana pasada, en las que señaló que el acuerdo con el PP en reformas como la del Estatuto catalán "es muy conveniente, pero no imprescindible". En realidad, siempre que las reformas no afecten a la Constitución, el nuevo Estatuto sólo necesita la mayoría absoluta en el Congreso, con lo cual se podría sacar adelante sin el PP.

Esto significaría, según Rajoy, "romper el espíritu constitucional de 1978, que permitió grandes acuerdos entonces entre la UCD y los socialistas y después entre el PP y el PSOE". "Debe haber sido un lapsus", ironizó, "porque si no es que no sabe a dónde va". Rajoy llegó a anunciar que, en realidad, el viernes no acudirá a La Moncloa para hablar del plan Ibarretxe. "En eso ya estamos de acuerdo, los dos votaremos que no". Lo que pretende es arrancar un compromiso de que "cualquier reforma" que afecte al modelo de Estado se haga con el acuerdo de los dos grupos mayoritarios.

El presidente del PP, acompañado por Zaplana y el portavoz en el Senado, Pío García Escudero -la semana pasada compareció junto a su secretario general, Ángel Acebes- dejó traslucir que no está de acuerdo con el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, que ha pedido suspender la autonomía vasca "como hizo Lerroux en 1934". "Todo por su orden. Siempre he dicho que el Estado de derecho tiene medios para defenderse de una agresión, pero eso será en otro momento". Sobre la comparación que hizo el eurodiputado Jaime Mayor Oreja entre el plan Ibarretxe y la reforma del Estatuto catalán no quiso ni opinar.