Centros controlados para hombres maltratadores

Desde que entró en vigor la orden de protección, en agosto de 2003, la Asociación Clara Campoamor viene sosteniendo que no existe realmente un seguimiento y un control del cumplimiento de las medidas penales y civiles que incluye, entre ellas, la más habitual, la orden de alejamiento del maltratador respecto a la víctima. Y cita como argumento las numerosas mujeres que han muerto a manos de sus parejas y ex parejas a pesar de existir esas órdenes.

Por eso, y aunque espera que la nueva Ley Integral contra la Violencia de Género logre corregir, al menos a medio plazo, algunas deficiencias, la organización pide a las autoridades vascas que se creen centros para maltratadores. Serían, según plantea la portavoz de Clara Campoamor, Blanca Estrella, un lugar donde, "sin estar presos, ya que podrían salir", los hombres denunciados permanecerían hasta que se celebrara un juicio y el juez decidiera la pena. Eso sí, sus movimientos estarían "controlados por la Ertzaintza", porque, según la propuesta de la asociación, serían ellos los portadores de pulseras para detectar dónde se encuentran y evitar su aproximación a las posibles víctimas.

"No queremos policías, pulseras, teléfonos móviles o casas refugio para las mujeres, porque ellas no han hecho nada, sino para los maltratadores", porque "al final, son ellas las que, de alguna manera, están encarceladas", subraya Estrella. De todas formas, señala que es preciso mejorar el servicio de los pisos que se ofrecen a las víctimas de la violencia machista. "Las casas son insuficientes y, en algunos casos, auténticos antros", dice.

Clara Campoamor es partidaria, además, de que el tratamiento psicológico a los hombres maltratadores sea ofrecido por el juez una vez que dicta la condena. Y no "de espaldas a la justicia", como, en opinión de Estrella, se está haciendo en estos momentos en Euskadi. La asociación no ve con buenos ojos que, sin haber una denuncia y un juicio de por medio, las instituciones ofrezcan al maltratador la oportunidad de acogerse a un programa de ayuda para abandonar su conducta.

Estrella avisa, en cualquier caso, de que su asociación estará alerta para impedir la posibilidad de que la persona condenada por maltrato, tanto si ingresa en prisión como si no, vea reducida su pena si accede a someterse a un tratamiento psicológico. "No lo vamos a consentir", afirma.