Temor en la UPV al "papel mojado"

El nuevo año llega a la Universidad del País Vasco (UPV) con la etiqueta de "crucial" y pertrechado de promesas sobre aspectos clave para su futuro. La mayoría de éstas aparecen recogidas en el acuerdo firmado el pasado 21 de diciembre por el rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y por la consejera de Educación, Anjeles Iztueta. Junto a la cobertura del 75% del déficit, a través de un préstamo de 15,3 millones de euros del Gobierno, en el documento se despliega una ambiciosa declaración de intenciones, que incluye la regulación de los polémicos complementos de productividad, la elaboración del Plan Universitario para los próximos cuatro años, con la definición de un marco estable de financiación incluido, y la constitución de la Agencia Vasca de Evaluación de la Calidad (AVECA) aparecen como hitos principales.

Según recoge el texto, estos compromisos tienen que estar concluidos en un plazo máximo de cuatro meses, es decir, poco tiempo antes de la celebración de las elecciones vascas. Pese a que en el seno de la comunidad universitaria ha producido un cierto alivio esta plasmación simbólica del nuevo rumbo que toman las relaciones entre las dos instituciones, el recelo, la desconfianza y el escepticismo acerca del cumplimiento en los plazos y en los contenidos de estos objetivos son también patentes.

La expresión "papel mojado" sale a colación en la mayoría de las fuentes académicas consultadas. "Si no han resuelto los problemas de la universidad en el tiempo que llevan, no parece posible que lo hagan en cinco meses. Si tuviera que apostar, apostaría por que no es factible", argumentan. Existe una creencia rayana en la certeza de que ni el Plan Universitario, ni la AVECA estarán listos en el tiempo marcado por el texto. "Si en cuatro años no han hecho más que una mala ley, ¿qué es lo que van a hacer de aquí a mayo?". A ello se suman las dudas sobre la puesta en marcha del marco estable de financiación, que se incluye en el documento "en el contexto" del Plan Universitario. "El Plan Universitario, como así lo recoge la legislación, es un instrumento para diseñar y acometer actuaciones estratégicas extraordinarias, algo que nada tiene que ver con la financiación ordinaria de la UPV", advierten.

El papel ejercido por el rector merece el respeto, aunque sin demasiado entusiasmo, de buena parte de estas mismas fuentes. En unos casos, reconocen su pragmatismo ante una situación en la que "todos habrían hecho lo mismo"; en otros, admiten su hartazgo ante los ataques sufridos por la figura del rector y defienden la necesidad de un consenso. No ocurre lo mismo con la labor de la consejería y de su titular. El desgaste por los enfrentamientos constantes vividos con el anterior rector, Manuel Montero, que han afectado de manera indirecta a la propia imagen pública de la institución, tiene su reflejo en la valoración del acuerdo.

La modalidad elegida para hacerse cargo del desequilibrio financiero de la UPV -un préstamo a 15 años- concita muchas críticas. Desde CC OO, sindicato mayoritario en la universidad pública, el secretario general del área de Enseñanza, Javier Nogales, asegura que no existe ninguna razón para que el Gobierno vasco se comporte ahora con la UPV "como una entidad financiera y le exija el pago de unos intereses".

Para algunas de las fuentes consultadas, es un "brindis al sol" que el Gobierno conceda un préstamo a una universidad en la que el 80% de sus ingresos dependen del propio Ejecutivo. Para otras, es una "humillación". "Hasta ahora, los ladrones eran Manuel Montero y su equipo. Con este acuerdo, lo es la universidad en su conjunto. Habría que preguntarse qué institución pública recibe ayudas económicas a través de préstamos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con ETB?", se preguntan.