Zapatero rechaza la oferta de Ibarretxe para negociar su plan "de Gobierno a Gobierno"

El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, rechazará la negociación "de Gobierno a Gobierno" del plan Ibarretxe que le ha propuesto el lehendakari, una vez aprobado en el Parlamento vasco el pasado 30 de diciembre, gracias al apoyo de tres votos de Batasuna, que permitieron a los partidos promotores del plan -PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida-Ezker Batua- alcanzar la mayoría suficiente. Zapatero expresará ese rechazo a Ibarretxe en la entrevista que concertarán, a petición del lehendakari, el próximo día 7.

Zapatero, que se encuentra desde el 31 de diciembre en el Coto de Doñana (Huelva), no es partidario de llevar el plan Ibarretxe a los tribunales de forma inmediata, como propone el PP, sino que pretende que su rechazo se materialice en el Congreso de los Diputados, por la mayoría absoluta parlamentaria que forman el PP y el PSOE, tras su debate político en esa Cámara. "El objetivo último es que los vascos derroten el plan Ibarretxe en las urnas y para ello debe seguir la vía política y no la judicial", manifestó a este diario el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

La meta de Zapatero es que los vascos rechacen en las urnas el próximo mayo el 'plan Ibarretxe'

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Zapatero no aceptará la negociación "de Gobierno a Gobierno" del plan Ibarretxe que propone el lehendakari por razones de forma y de fondo. "Tiene que funcionar el procedimiento democrático, y el de la reforma del Estatuto de Gernika establece que tras su aprobación en el Parlamento vasco, el texto debe seguir su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, no tiene ningún sentido que el lehendakari proponga al presidente una negociación entre gobiernos", explicó el ministro de Administraciones Públicas.

Pero Zapatero también recordará a Ibarretxe, en su próxima entrevista en La Moncloa, que su plan, además de "inconstitucional", es un "disparate". "Su negación de la soberanía del pueblo español y su reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Euskadi suponen la ruptura del País Vasco con España, con la Unión Europea, le lleva al siglo XIX y divide y enfrenta a sus ciudadanos", argumentó el ministro de Administraciones Públicas. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, añadió que, además de enterrar el Estatuto y saltarse la Constitución, "el Gobierno vasco ha impuesto el plan Ibarretxe, lo ha lanzado sin consenso y para lograrlo se ha aliado con Batasuna, un partido ilegal, que no condena la violencia".

No obstante, Zapatero tampoco llevara por ahora al Tribunal Constitucional el plan Ibarretxe, a diferencia de lo que reclama el PP, y no tanto por las dudas jurídicas que le suscita esta fórmula como por razones políticas. "Una parte importante de los vascos dice que no conoce el plan Ibarretxe, y si se hurtase el debate político del plan en el Congreso por la presentación de un recurso ante el Constitucional, el lehendakari se presentaría como víctima ante la opinión pública vasca alegando que el Gobierno central ha impedido su conocimiento al bloquear el debate. Hay que adecuar, por tanto, la estrategia al objetivo de derrotar el plan Ibarretxe en las urnas y para ello los vascos tienen que conocerlo, saber que ese plan les enfrenta con España y con Europa. A fin de cuentas, la clave de este desafío se dirime en las urnas, en las elecciones vascas de mayo", opinó el ministro de Administraciones Públicas.

El secretario ejecutivo de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, reclamó al Gobierno que lleve el plan Ibarretxe al Tribunal Constitucional, con el argumento de que "rompe el procedimiento y los contenidos" de la reforma del Estatuto. "PP y PSOE no pueden atenerse a su propia lógica de demócratas que respetan la Constitución, que no es la de Ibarretxe, y deben dar, por tanto, una respuesta unida y rotunda", insistió Astarloa.

Pero la estrategia del Gobierno socialista va encaminada a que el plan Ibarretxe siga su curso procedimental y se debata en el Congreso de los Diputados, con el colofón final de su derrota. Según las previsiones iniciales del Gobierno, en febrero, una vez terminadas las vacaciones parlamentarias, la Mesa del Congreso calificará el plan Ibarretxe y pocas semanas después se debatirá en el pleno de la Cámara baja si se admite o no a trámite.

Según las mismas previsiones del Gobierno, el plan Ibarretxe sería rechazado en la votación posterior a ese debate por la mayoría absoluta que forman los votos del PSOE y del PP. Asimismo, si a partir de su rechazo por el Congreso de los Diputados el Gobierno vasco no acatase la decisión de las Cortes y mantuviese el proyecto de nuevo Estatuto, el Ejecutivo socialista no descarta, en ese momento, recurrir al Tribunal Constitucional. No obstante, ni el Gobierno ni el PSOE han tomado aún una decisión definitiva sobre esta última cuestión. "Todo dependerá de cómo se desenvuelva la situación y, especialmente, del comportamiento del Gobierno vasco", manifestó el ministro de Administraciones Públicas.

Lo que tienen claro tanto el Gobierno como el PSOE es que el tratamiento del plan Ibarretxe debe "ser pedagógico" y estar guiado "con la vista puesta en la opinión pública vasca, en el resultado de las elecciones vascas de mayo y no con decisiones fáciles que sólo buscan titulares de periódicos", en alusión a la propuesta del PP de presentar ya un recurso ante el Tribunal Constitucional. Sevilla y Rubalcaba indicaron que, "sin duda alguna, el plan Ibarretxe, será rechazado tras su debate en el pleno del Congreso por su inconstitucionalidad, como ha sucedido a veces con propuestas procedentes de parlamentos autonómicos".

En este sentido, Begoña Errazti, presidenta de Eusko Alkartasuna, uno de los partidos del Gobierno tripartito vasco, advirtió ayer de que si el proyecto de nuevo Estatuto no es aprobado en el Congreso de los Diputados, "iremos a una confrontación democrática" y "quedará en evidencia la nula credibilidad del Congreso de los Diputados".

Todas las fuerzas políticas catalanas han tratado con suma cautela la aprobación del plan Ibarretxe y han marcado distancias entre el proceso de reforma estatutaria que se sigue en Cataluña y en el País Vasco.

El portavoz del Ejecutivo de la Generalitat, Joaquim Nadal, afirmó ayer: "El Gobierno de Cataluña tiene muy pocas ganas de situarse en el eje de la polémica de un tema que corresponde especialmente al Gobierno vasco y al Gobierno español". Nadal agregó que el proceso que se sigue en Cataluña para la elaboración de un nuevo Estatuto tiene personalidad propia, diferente a la vasca y que por otro lado requiere de unas mayorías diferentes. El portavoz añadió: "Y es voluntad del gobierno de Cataluña que se alcancen estas mayorías".

El presidente de Convergència i Unió, Artur Mas, aseguró que "ahora el PSOE tiene una buena oportunidad para mostrar su talante". Mientras, el líder Unió Democràtica, el democristiano Josep Antoni Duran Lleida, apuntó que el Gobierno vasco se halla ante una situación muy delicada en una sociedad con riesgo de fractura.