El año de los estatutos

2005 va a ser, según muchos expertos, un año con pocas discusiones económicas pero con una de las actividades políticas más intensas de los últimos tiempos. Un año que nace marcado por la discusión política por excelencia en España: la organización territorial del Estado. No se tratará todavía de la reforma de la Constitución, que quedará para más adelante -el Consejo de Estado tendrá un año para responder a las preguntas formuladas por el Gobierno a finales de enero o principios de febrero-, pero sí, fundamentalmente, de la marcha del plan sobreranista del PNV y de la reforma del Estatuto de Cataluña, dos temas que prometen tener a todo el país en vilo durante varios meses.

La imprevista aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco, con el apoyo directo de Batasuna e indirecto de ETA, ha trastocado los planes, ritmos y escenarios del ejecutivo de Rodríguez Zapatero, convencido hasta hace unos días de que 2005 sería el "año de Cataluña", y de que el éxito o fracaso de la legislatura iba a depender del éxito o fracaso del proceso de reforma del Estatuto catalán, presentado como un nuevo modelo capaz de marcar el camino a otras nacionalidades históricas.

Ante un periodo político hiperactivo, la mayoría de los dirigentes socialistas pide sosiego

El PSOE sabe que este año se pondrá a prueba la vertebración del partido en toda España

El plan del 'lehendakari' coloca al País Vasco en primera línea, con un sello de urgencia

Sin embargo, la votación en el Parlamento de Vitoria ha vuelto a colocar al País Vasco en primera línea, con un gran sello de urgencia y radicalidad. "La duda ahora es quién influirá en quién. Es decir, si las propuestas de Ibarretxe influirán en ERC o si el proceso negociado de Cataluña influirá en la propia situación vasca", se interroga un dirigente socialista.

En cualquier caso, la marcha del plan Ibarretxe y del Estatuto de Cataluña tendrán la virtud de poner de relieve la mayoría de las tensiones en juego. Su debate marcará tanto las relaciones entre el PSOE y el PP, como las relaciones entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, ¿Aceptará Andalucía que Cataluña sea una comunidad nacional mientras que su propio estatuto habla sólo de comunidad autónoma? ¿Qué hará Valencia? El debate afectará incluso al famoso talante del presidente del Gobierno, porque será este año cuando tenga que diseñar una estrategia para oponerse radicalmente al PNV y al Parlamento vasco, y cuando tenga que pronunciarse sobre el texto que proponga el Parlamento catalán. Y sobre todo, cuando decida si sigue adelante con reformas territoriales importantes, incluso sin el consenso del PP.

Para complicar más las cosas, este proceso de cambios estatutario y político estará marcado a su vez por importantes elecciones autonómicas, vascas y gallegas, previstas para mayo y octubre respectivamente, si es que no se adelantan. Y por el comportamiento interno de los dos grandes partidos del país. El PSOE necesita calibrar el efecto que tiene el debate vasco y catalán en su electorado y en el conjunto de España -las posibles consecuencias electorales-, y también comprobar cómo funcionan los mecanismos de convivencia no sólo con el PNV sino, sobre todo, con el PSC y con los partidos que necesita para gobernar durante la legislatura (entre ellos ERC).

El PP por su parte, tiene un doble problema. Mariano Rajoy, que no consiguió consolidar su liderato en el último congreso, necesita despejar las dudas de sus propias filas. Pero, sobre todo, los populares, tienen que decidir qué línea de oposición van a mantener: la que reclama el sector más duro, convencido de que en España sólo se producen cambios en medio de una gran exaltación y reacción social, y la de quienes defienden que el PP no puede volver al esquema de 1993-96 porque la situación no es la misma -el Gobierno no está en una etapa de deterioro- y porque un mensaje ultramontano de derecha nunca ha sido capaz de ganar unas elecciones. En cualquier caso, el campo de enfrentamiento con el Gobierno ya está claro: los estatutos y la reorganización territorial del Estado. Sobre eso, no hay dudas en ningún sector del PP.

Este va a ser, además, un año hiperactivo. El Gobierno, los distintos ministerios, han lanzado sobre la mesa una gran cantidad de proyectos, muchos de los cuales deberán tener entrada en el Parlamento en los próximos meses. La avalancha es tan grande que se prevé que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega acuda en febrero al Congreso a desentrañar el complicado calendario. El protagonismo de la Cámara baja va a ser determinante, no sólo porque el PSOE no dispone de mayoría absoluta y tendrá que negociar sus iniciativas con otros grupos, fundamentalmente IU y ERC, sino también porque no podrá dejar nada para arreglar después, en el Senado. En la Cámara alta el Gobierno corre un riesgo de pérdida de votaciones todavía mayor, así que tendrá que actuar prácticamente como si no existiera.

Pero no se trata sólo de proyectos legislativos. "Hay demasiadas cosas en el espacio público, demasiadas discusiones, demasiados temas y principios colocados en la plaza pública", resume un diputado socialista con muchos años de experiencia. "Este año, deberíamos pararnos a pensar si merece la pena tener tantos temas abiertos al mismo tiempo. Podemos estar dando a los ciudadanos una sensación de celeridad que termine por ponerles nerviosos".

Otro veterano diputado advierte que no es necesariamente bueno provocar nuevos debates sobre asuntos que ya estaban más o menos cerrados, como la laicidad. "Es verdad que en los últimos años, Aznar rompió muchos consensos que ya existían, pero casi sin hablar. Nosotros, quizás, deberíamos hacer lo mismo. Volver al planteamiento inicial, al primer consenso, pero sin provocar constantes altercados verbales".

No todos los dirigentes socialistas comparten este análisis, pero sí son mayoría quienes proponen que el partido y el Gobierno intenten imprimir a 2005 un tono "más sosegado". "Bastante crispación va a haber en el tema territorial como para no intentar atemperar la discusión en otros capítulos", explica un dirigente del PSOE. "Este año las cosas han salido bien porque el PP se ha quedado sistemáticamente solo, pero ahora hay que intentar llegar a acuerdos porque algunos temas exigen necesariamente la participación de los populares". Y porque los expertos aseguran que al PSOE, y al presidente del Gobierno, en concreto, no les conviene que desaparezca la imagen de "tranquilidad" que aportaron inicialmente.

La primera cita electoral será el referéndum sobre la Constitución europea, el 20 de febrero. Nadie teme que el texto sea rechazado, ya que los dos grandes partidos, PSOE y PP, lo respaldan, pero existen dudas sobre el índice de participación. El Gobierno plantea la movilización de los ciudadanos como una demostración de fuerza, mientras que algunos dirigentes del partido reclaman "realismo". "No podemos fijarnos metas inalcanzables en asuntos como los europeos, porque, además, es posible que el PP haga una campaña muy tibia", explica un miembro de la ejecutiva socialista.

Los populares lo niegan y recuerdan que es el Gobierno el que ha querido acudir a un referéndum y el que se tiene que responsabilizar de la participación. "Nosotros daremos un apoyo crítico a la Constitución y aprovecharemos para resaltar la incapacidad de Zapatero a la hora de defender los intereses de España en la negociación financiera de la UE", explica un dirigente del PP. Salvo que se produjera una verdadera catástrofe abstencionista, nadie cree, sin embargo, que el referéndum vaya a tener consecuencias políticas importantes. "Los únicos que pueden acabar afectados en esta historia son los dirigentes de CiU, si mantienen su posición contraria hasta el final, pese a nuestra tradición europeísta", se queja un ex diputado nacionalista catalán, que considera un grave error la actitud de los dirigentes de su partido.

Las elecciones más importantes del año serán, sin duda, las autonómicas vascas, que marcarán el recorrido del plan Ibarretxe. En los próximos días el Gobierno de Madrid tiene que decidir un asunto importante: saber si las elecciones se celebran cuando el plan ya haya sido rechazado por el Parlamento español o si intenta atrasar en lo posible el proceso en el Congreso, o en el Tribunal Constitucional, de forma que los comicios se celebren sin que se haya producido todavía el encontronazo formal entre los parlamentos español y vasco.

Lo que parece seguro es que el PNV acudirá a las elecciones autonómicas con el plan Ibarretxe convertido en una auténtica oferta electoral y que la campaña se desarrollará, tal y como aseguran los socialistas, en términos de ruptura contra reforma. Se entiende que la reforma es la importante modificación estatutaria que propuso el PSE en diciembre y que, por efecto de la maniobra del PNV y de los abertzales, aparece ahora convertido en un espectacular programa de mínimos. "Si el PNV y sus aliados consiguen mayoría absoluta, serán los propios nacionalistas vascos los que tengan que decidir si siguen adelante por el camino de la ruptura, con su plan, o si buscan pactos con nosotros. Y está claro que no habrá pacto posible con el plan Ibarretxe en marcha", explica un dirigente socialista vasco. "Y si el PNV no tiene mayoría absoluta, seremos nosotros los que podremos proponer acuerdos", termina.

Lo que resulta evidente es que el PP ha perdido este año gran parte de su protagonismo de cara a las elecciones vascas. "Es cierto", reconoce un dirigente del PP, "nuestro protagonismo ha disminuido: nadie espera que ganemos. Sólo importa tener un resultado decente". Pero, a continuación, ironiza: "Todos los líos serán para los socialistas. Primero, porque está claro que a un sector del PSOE le irrita mucho la propuesta de reforma estatutaria de los socialistas vascos y porque, digan lo que digan, exigiría una reforma de la Constitución. Segundo, porque es inconcebible que el Gobierno de Madrid se quede paralizado si el plan sigue adelante. Salvo que se quieran suicidar en el resto de España".

Algunos dirigentes del PSOE admiten que este año pondrá a prueba la vertebración del partido socialista en toda España. "En el fondo ese es nuestro principal capital político aunque también, a veces, dé origen a problemas internos. Afortunadamente, esta vez se plantea cuando estamos en el Gobierno y cuando nadie quiere echar los pies por alto", confiesa un dirigente regional. Para él, pese a todo, lo más complicado del año no será el País Vasco, sino Cataluña.

"En el País Vasco", asegura, "no hay margen de negociación con el plan Ibarretxe. Sabemos lo que va a suceder: que el Congreso lo va a rechazar por mayoría abrumadora y que el Tribunal Constitucional lo va a considerar casi en su totalidad inconstitucional. El País Vasco es, de alguna forma, predecible. Sin embargo, Cataluña ha pasado de ser lo más previsible de España a lo más imprevisible". Se quiera o no, entre los socialistas hay una discusión soterrada sobre el alcance de las reformas estatutarias que propone Maragall. "Todos compartimos el manifiesto de Santillana y los cuatro puntos de reforma constitucional de los que habló Zapatero, pero muchos queremos, además, estar seguros de que no estamos hablando sólo de solidaridad, como dice el presidente catalán, sino de cohesión, de cohesión territorial y nacional, de políticas comunes de educación o sanidad". Desde su punto de vista, eso tiene que quedar muy claro entre los socialistas, PSC incluido.

Otro responsable socialista lo explica así: "El Estatuto catalán no puede ser aceptado, sin más, en el Parlamento español porque afecta a toda España y, necesariamente, debe ser discutido por quienes representan a toda España. O se encuentra una fórmula para negociarlo antes, cuando todavía esté en el Parlamento catalán, o se negocia y enmienda después en el Congreso de los Diputados".

Lo que no está claro, todavía, es cuándo terminarán los trabajos del Parlamento catalán y cuando llegará el nuevo texto del Estatut al Parlamento español. Los dirigentes catalanes quieren que esté terminado antes del verano, pero la discusión de fondo sobre los temas polémicos no ha comenzado aún.

En cuanto al País Vasco, asegura un responsable del PSOE, lo más importante este año no va a ser la marcha del proyecto presentado por Patxi López, sino la vía que tome el Gobierno vasco y, sobre todo ETA. La organización terrorista parece realmente debilitada y algunos especialistas creen que puede buscar en las próximas semanas algún tipo de mediación o tregua. Nadie descarta, sin embargo, la posibilidad de que cometa nuevos atentados. "Eso es lo que importa. Si no hay tregua, no se podrá hablar de nada más", asegura un dirigente peneuvista. No está nunca claro si el PNV se refiere a una tregua definitiva o a una simple "ausencia de violencia" como afirma el lehendakari como condición para convocar, en un plazo de seis u ocho meses una consulta popular.Para un partido que ha perdido las elecciones generales, es importante ir recuperando terreno en sucesivas elecciones autonómicas o municipales. Pero el PP reconoce que 2005 será un año malo desde ese punto de vista. "No vamos a poder cantar victoria ni en el País Vasco ni, lo que es peor, en Galicia, porque si Manuel Fraga gana estas elecciones, gana él mismo con su último aliento, y si pierde, perdemos todos nosotros", comenta un dirigente popular.

Otro diputado del PP reconoce que en los comicios gallegos serán más importantes las repercusiones internas. Aunque se niega a considerar el supuesto de que Fraga pierda las elecciones, augura que una eventual derrota sería también una derrota atribuida a Mariano Rajoy. "Yo creo que, por el contrario, para Rajoy sería mejor perder con Manuel Fraga que con otro candidato nombrado por él", contradice otro dirigente nacional. "Perder Galicia sería una desgracia en estos momentos, pero no algo achacable, en absoluto, al presidente del partido", insiste.

En lo que está de acuerdo la mayoría de los dirigentes del PP es en que el último congreso no sirvió para solucionar los problemas de la organización. "El congreso estaba previsto para otra cosa, despedir a José María Aznar y aclamar al nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y nos encontramos con que todo era distinto. Se hizo lo que se pudo, mantener la unidad del partido y tirar para adelante con un nuevo equipo", explica uno de los organizadores de la reunión. "Difícilmente vamos a tener que soportar un año peor que 2004", bromea. "El año que comienza", explica con más seriedad, "puede ser muy importante... o pasar como un simple año de transición, sin nada decisivo. Dependerá de lo que haga Rajoy".

Muchos de los dirigentes populares coinciden en una cosa: el presidente del PP no salió reforzado del congreso ni fue capaz de imponerse, con una ejecutiva claramente "propia" o con una propuesta novedosa. Pero lo que importa ahora es ver si se impone en los sondeos de opinión. Si Rajoy logra colocarse en las encuestas de los próximos meses como líder de la oposición creíble y respaldado, todo se olvidará y no tendrá ninguna importancia lo sucedido. El problema surgirá si no se consolida en esas encuestas de popularidad. "Basta con recordar lo que pasó con el propio Zapatero: salió elegido por pocos votos y al principio su propio partido creyó que se había equivocado eligiendo a un Bambi. Pero Zapatero consiguió subir en las encuestas y ya nadie le pudo decir nada", afirma un diputado próximo al dirigente popular.

Reconoce, sin embargo, que en el PP hay un sector "muy activo" que piensa que la única manera de ganar unas elecciones es en medio de un feroz enfrentamiento, con un mensaje muy insistente y con un discurso muy duro. Es un sector que piensa que cuanto peor, mejor, y que añora el discurso de Aznar y de sus más allegados. "Pero se equivoca quien piense que ese sector quiere otro candidato o que piensa en Ángel Acebes para eso. Todos sabemos que Rajoy es el único candidato del PP para las próximas elecciones, salvo auténtica catástrofe, y que no tiene sentido ponerle piedras en su camino", añade. "Hay que tener en cuenta además que los duros no están en las comunidades autónomas. En Valencia o en Baleares hay gente que ejerce el poder y que son un auténtico factor de moderación, bueno para Rajoy", añade.

El caso más interesante es el de Madrid. Alberto Ruiz Gallardón, que representa al sector más abierto del PP se ha hecho fuerte en la alcaldía, pero mientras tanto, en la comunidad, su presidenta, Esperanza Aguirre, se ha ido construyendo una posición muy sólida hasta el extremo que ha sido ella quien se ha convertido en una auténtica baronesa del PP, con influencia en todos los organismos del partido. Además se ha quedado con muchos expertos que pertenecieron a los equipos de Rodrigo Rato y del propio José María Aznar y que habían quedado desubicados. "Ahora tiene una capacidad política muy grande", asegura uno de sus colaboradores.

El PP necesita el caldo de cultivo del deterioro político del Gobierno, explica un responsable de la estrategia del partido. "Esperaremos los errores y los fallos, que serán abundantes, y sobre todo, veremos si Zapatero es capaz de aguantar el debate autonómico y las presiones dentro del PSOE", prosigue. "Veremos cómo hace frente a Ibarretxe". En su opinión, los populares mantendrán un perfil bajo en lo relativo a la profundización de los derechos civiles que defiende el Gobierno, pero no rehuirán grandes enfrentamientos en el terreno de la organización territorial. "Ahí tenemos perfectamente claro lo que queremos y lo que se puede y no se puede hacer".

Los dirigentes más próximos a Rajoy consideran que la comisión del 11-M "está ya amortizada", es decir que conviene darla por cerrada. "Es evidente que nosotros necesitamos lograr en 2005 dos cosas algo contradictorias: eliminar la idea de que el Gobierno de Aznar mintió el 11-M y lograr que vaya pasando el exceso de motivación del 14-M, es decir que se vaya pasando la irritación que provocamos en aquel momento y que convocó contra nosotros a muchas fuerzas normalmente separadas e incluso distantes".

Los expertos del PP afirman que, sin contar con los resultados obtenidos en Cataluña y en Andalucía, el PP hubiera podido ganar las elecciones generales por una diferencia de 17 escaños. Es decir que son esas dos comunidades las que lastran todas sus posibilidades electorales. "En el caso de Andalucía", explica, "es un problema de trabajo sobre el terreno, de estructura de partido, y a eso nos vamos a encomendar con ahínco este año. El caso de Cataluña es completamente distinto y sobre eso hay opiniones y análisis también diversos. Algunos como Josep Piqué creen que se puede participar en el proceso autonómico y disputar el voto a CiU. Otros creen que la única manera es mantener un discurso español muy estricto".

"Lo que de verdad importa es saber si el PP apuesta realmente por unas elecciones adelantadas a la primavera de 2006 y si Zapatero está dispuesto, por el contrario, a seguir adelante con los estatutos de autonomía y con la legislatura hasta 2008. Porque esas son las dos cosas que marcarán, de verdad, sus respectivas estrategias", resume un diputado nacionalista.