El archivo como botín

El resultado transitorio de la pugna en torno a los papeles de la Generalitat en el Archivo de la Guerra Civil ha tenido el resultado que cabía esperar. Dado el fondo político de la cuestión, el desaire estaba excluido. Con la tranquilidad de conciencia que me proporciona haber sido destituido como miembro de la Junta Nacional de Archivos por la Administración del PP, una vez expresado el desacuerdo ante el enfoque dado entonces al conflicto, y de haber proporcionado en 1996 una fórmula de devolución a Cataluña, aceptada pero incumplida, creo estar en condiciones de plantear mi desconfianza ante toda resolución que simplifique el tema.

Para los portavoces en la opinión de los intereses catalanes, la cosa es bien simple: los fondos catalanes de Salamanca, no sólo los papeles incautados de la Generalitat, son un botín que los vencedores arrebataron a Cataluña en 1939 y constituye "una cuestión de dignidad" lograr su recuperación. Aceptémoslo por un momento, pero entonces la misma condición de botín recaería sobre los fondos de Madrid o de Bilbao, de la UGT, de la CNT, del PNV o del PCE. Bajo la pretensión particularista se encuentra el supuesto, radicalmente falso y peligroso en términos de convivencia política, que el historiador Josep Termes expresó en las líneas finales de su tomo de Història de Catalunya: en España, sólo las izquierdas habían perdido la guerra, mientras que en Cataluña fue vencido el conjunto del país, en todos los aspectos de la vida. Como si no hubiera habido catalanes, y bien ilustres, ejemplos Josep Pla o Joan Estelrich, comprometidos con Franco, e intereses económicos y políticos también catalanes acordes con la dictadura. Si aceptamos esa premisa, no cabe una solidaridad póstuma entre los vencidos y cualquier pretensión de fundir los documentos catalanes en un archivo común supone una muestra de que los españoles de la democracia son, somos, herederos vergonzantes de los franquistas.

Nuestra posición es la opuesta: frente a la indignidad de la dictadura, todos los vencidos deberían agruparse porque todos sufrieron el mismo agravio. No estamos ante un España contra Cataluña, sino del legado compartido de los demócratas que sufrieron una represión generalizada, ya que este fue el origen del actual Archivo de la Guerra Civil. No se trató de un "botín", de los bienes del vencido que el vencedor se apropia para su beneficio. En Barcelona, Madrid o Bilbao, los documentos fueron incautados con el fin primordial de encarcelar y fusilar. La documentación es heterogénea, algo usual en los archivos policiales: ello no justifica su mutilación. A nadie se le ocurriría en un museo del holocausto del que se retiraran los fondos sefardíes o los de Hungría, por sentirse específicamente afectados. Claro que el nacionalismo miope, sea el español o el catalán, ambos presentes en este caso, tiene sus reglas, sus anteojeras, y es tan obtuso como eficaz a la hora de movilizar adhesiones.

Conviene dejar algo bien claro: es de justicia que los fondos institucionales de la Generalitat sean devueltos a Cataluña. La cuestión es dar con una fórmula susceptible de impedir que semejante acto a favor de una institución del Estado abra el camino al desmantelamiento del Archivo. En su día propuse con éxito el depósito indefinido, similar al practicado por el Museo del Prado con algunos de sus fondos. Así se preservaría el principio de unidad de archivo y serían desautorizadas otras reivindicaciones. Puede haber otras, pero la defensa de ese principio no debe ser olvidada. La Generalitat era el único órgano Ejecutivo autonómico existente el 18 de julio de 1936, y eso ayuda, si bien esta barrera queda inutilizada en cuanto sean entregados legajos no institucionales. Cualquier otra institución o persona queda entonces legitimada para exigir la devolución de aquellos fondos que pertenecieron en 1936 a quienes tenían las mismas siglas o a antepasados. Ya hay cola de futuros peticionarios, empezando por el Gobierno vasco. Sería el principio del fin para el Archivo de Salamanca, y una catástrofe para la memoria colectiva de los españoles. Proponer ahora que sean desnudados otros santos para cubrir éste -papeles del archivo militar, Causa general- no lleva a parte alguna. Faltaría tiempo para reclamar desde Cataluña los papeles sobre el POUM.