El Tribunal de Cuentas detecta más de 90 irregularidades en Marbella

El informe del Tribunal de Cuentas (TC) sobre la gestión del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades mercantiles entre 2000 y 2001 ha sido ya aprobado por este órgano y remitido al Congreso de los Diputados. El trabajo, de 170 páginas, es demoledor y en sus conclusiones revela más de 90 irregularidades en la gestión del consistorio gobernado por el Grupo Independiente Liberal (GIL) con mayoría absoluta. Según el informe, el Ayuntamiento no ejerció control alguno ni exigió la justificación de más de 120 millones de euros que fueron transferidos a sociedades municipales y dejó de ingresar otros 130 millones por venta de parcelas a un precio inferior al de mercado.

El documento sostiene que el Ayuntamiento, entre 2000 y 2001, mantuvo un entramado de entidades dependientes formado por dos organismos autónomos y 32 sociedades mercantiles. Una organización que se caracterizó "por la ausencia de un reglamento orgánico o de cualquier otro instrumento que definiese las tareas y responsabilidad de cada unidad administrativa". Los gastos se realizaban sin acomodo a las disposiciones legalmente establecidas, por lo que el control de las operaciones económicas y financieras fue "insuficiente". En el caso de las sociedades mercantiles, el Ayuntamiento no ejerció "la función de control financiero ni exigió la justificación del empleo dado a las transferencias ni la procedencia de las deudas asumidas".

Perjuicio millonario

Durante los dos años fiscalizados, el Tribunal de Cuentas cifra en 130 millones de euros el perjuicio económico ocasionado al Ayuntamiento por la venta de parcelas y aprovechamientos urbanísticos. Estas operaciones se hicieron con precios no ajustados al mercado, ya que para algunas valoraciones se utilizaron tasaciones emitidas años antes. Estas transmisiones de bienes patrimonio municipal generaban importantes plusvalías a favor de los privados, de hasta el 1.000% en cuatro años.

De otro lado, el Tribunal hace especial hincapié en el pago de cerca de 42 millones de euros al arquitecto Carlos Monteverde por 73 proyectos de obras falsos o inexistentes. También incide en el pago al abogado José María del Nido, de 6,7 millones de euros, de los que la mitad corresponden al periodo fiscalizado, sin mediar expediente.