Las 84 horas que cambiaron un país

El PSOE ganó las elecciones del 14-M con 11 millones de votos en el mayor vuelco electoral desde la transición. Zapatero no tardó ni dos días en tomar su primera gran decisión: traer las tropas españolas de Irak.

El disco duro de 2004 guarda las 84 horas más terribles de la historia reciente de España, las que transcurrieron entre las 7.30 de la mañana del 11 de marzo, cuando la primera de las bombas de los atentados de Madrid reventó un tren en la estación de Santa Eugenia, y las ocho de la tarde del 14 de marzo, cuando los colegios electorales cerraron las urnas y comenzó el escrutinio del que sería el mayor vuelco electoral desde la transición.

El infierno que vivió Madrid el 11-M dejó 191 muertos y más de 1.500 heridos. El mundo entero asistió sobrecogido al peor ataque terrorista sufrido en Europa. Tras las primeras horas de caos, miedo y estupefacción, empleadas por los servicios de emergencia en atender a las víctimas, los cuerpos de seguridad dedicaron todos sus esfuerzos a aclarar la autoría de los atentados y dar con los asesinos. Fue en esos momentos, en la misma mañana del 11-M, cuando comenzó a extenderse lo que el filósofo italiano Paolo Flores d'Arcais ha definido como el "virus totalitario de la mentira": la destrucción de las "verdades de hecho" y su sustitución por una "verdad de régimen".

El Gobierno del PP puso en funcionamiento la maquinaria del Estado para privilegiar, durante esos días previos a las elecciones, la autoría de ETA en la matanza. Así, el ex presidente José María Aznar telefoneó a los directores de los principales periódicos para manifestarles su convencimiento de que la banda estaba tras los atentados; los corresponsales extranjeros acreditados en España recibieron llamadas desde La Moncloa en el mismo sentido; los embajadores, incluido el destinado en Naciones Unidas, y los representantes españoles ante la Unión Europea fueron instruidos para acusar a ETA en cualquier foro. Incluso dos televisiones controladas por el PP, TVE y Telemadrid, programaron antes de la cita con las urnas un documental sobre las víctimas de la banda.

Los gestos externos del Gobierno en esos días refuerzan esta denuncia. Aznar, en lugar de convocar el pacto antiterrorista o reunir al resto de las fuerzas políticas democráticas, como pidió el PSOE, convocó unilateralmente una manifestación con el eslogan: "Con las víctimas, con la Constitución, contra el terrorismo". Muchos vieron en la utilización de la Carta Magna en la pancarta la voluntad del Gobierno de excluir a los partidos nacionalistas y reforzar así al PP como único garante de la unidad de España y de la firmeza antiterrorista frente al "guirigay" y "debilidad" del PSOE. Hubo más. El presidente descartó la convocatoria del gabinete de crisis que la ley establece para situaciones de extrema gravedad, y mantuvo una reunión urgente en La Moncloa a la que, curiosamente, no acudieron ni el ministro de Defensa ni el jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sí, en cambio, sus colaboradores en tareas de comunicación. Mientras, el ministro del Interior, Ángel Acebes, calificaba de "miserable" a todo aquel que pusiera en duda la firma de ETA en la matanza.

El manejo de la lucha antiterrorista en la confrontación política no era una novedad en el Gobierno. La entrevista que el independentista Josep Lluís Carod Rovira mantuvo con dirigentes etarras en Francia a principios de enero, de la que Aznar fue informado personalmente por el entonces director del CNI, Jorge Dezcallar, fue filtrada al diario Abc a finales de ese mismo mes con el objeto de dinamitar el recientemente constituido Gobierno tripartito catalán, presidido por el socialista Pasqual Maragall, y para acorralar al PSOE en la precampaña electoral. Pese a la gravedad del encuentro del líder de Esquerra (en aquel momento era conseller en cap), Aznar no informó ni a José Luis Rodríguez Zapatero, su socio en el pacto antiterrorista, ni a Maragall. Carod también lo mantuvo en secreto, una deslealtad que le costó el cargo.

El tripartito resistió, pero sus problemas no acabaron. La tregua en Cataluña anunciada por ETA a mediados de febrero, en plena campaña electoral, dio más munición al Gobierno y al PP. Así, cuando la Guardia Civil detuvo el 29 de marzo en Cuenca a dos etarras que conducían una furgoneta bomba con 500 kilos de explosivos camino de Madrid, Acebes aprovechó la ocasión para cargar contra los socios del PSC: "Habrá que felicitar al señor Carod porque el atentado no se iba a producir en Cataluña, sino en Madrid, y hubieran muerto madrileños, andaluces y a lo mejor algún catalán, pero no se habría producido en Cataluña". Este juego, sin embargo, hundió al Gobierno el 14 de marzo.

La matanza del 11-M tuvo un tremendo impacto en la población. El día siguiente, más de once millones de ciudadanos salieron a la calle en todas las capitales en la mayor manifestación de rabia, dolor y solidaridad que se recuerda en España. "No está lloviendo, el cielo está llorando" y "En ese tren íbamos todos", coreaba la gente. Sin embargo, un gritó comenzó a abrirse paso desde millones de gargantas: "¿Quién ha sido?". Pese a la insistencia del Gobierno y a las declaraciones de los portavoces del PP, ningún indicio avalaba la autoría de ETA. La propia banda, en un comunicado remitido al diario Gara ese mismo día 12, negó cualquier relación con la matanza. Por el contrario, comenzaban a acumularse evidencias que apuntaban al terrorismo islamista.

El día del atentado, por la tarde, la policía halló en Alcalá de Henares una furgoneta con detonadores como los utilizados en las mochilas bomba y una cinta con versos del Corán. Desde ese momento, los agentes siguieron casi exclusivamente la pista islamista, que se vería confirmada el sábado 4 de abril, cuando los autores de la matanza, todos ellos islamistas, se suicidaron con explosivos en Leganés al verse cercados por la policía.

En la jornada de reflexión del día 13, minutos después de que el ministro Acebes insistiera en conferencia de prensa a las 14.30 en que la línea principal de investigación seguía siendo ETA, el juez ordenaba la detención de tres ciudadanos marroquíes y dos indios. Este hecho colmó la paciencia de muchos ciudadanos, que, a través de móviles y correos electrónicos, convocaron concentraciones frente a las sedes del PP para exigir la verdad antes de votar. Once millones de españoles se fueron a dormir esa noche con la intención de acudir a las urnas y protagonizar el mayor vuelco electoral de la democracia española.

Flores d'Arcais explicaba recientemente en este periódico cómo el Gobierno de Aznar, al "mentir" a sus ciudadanos, les había intentado privar de su soberanía, "esa soberanía que, por medio de un mandato, constituye la fuente de legitimidad del Gobierno". El 14 de mayo, los españoles recuperaron su soberanía, echaron al PP del Gobierno y auparon al poder a José Luis Rodríguez Zapatero, quien, con casi 11 millones de votos, se convirtió en el presidente con más respaldo en 27 años de elecciones democráticas.

Desde ese día, los líderes del PP ha empeñado su estrategia en tratar de demostrar dos cosas: que no mintieron en el 11-M y que los atentados estaban "teledirigidos". Para lo primero se han enfrascado en la tarea de hacer tragar a los ciudadanos que quienes, a la luz de los hechos, decían la verdad el 11-M, mentían, y que los que, en contra de las evidencias, mentían, en realidad decían la verdad. Para lo segundo, Aznar ha metido a su partido en la tarea de esparcir, que no demostrar, la teoría de que el 11-M fue obra de un grupo de desalmados cuyo único objetivo era torcer el voto de los ciudadanos. Con esta estrategia, el PP comete, según Zapatero, dos "indecencias": considerar a los votantes unos cobardes y deshonrar la memoria de los muertos al erigirse ellos, Aznar y su partido, en las principales víctimas de los atentados. La cuestión es: ¿le interesa al PP del 11-M algo más que su derrota electoral?

Para soportar la teoría de la conjura, el PP decidió dar crédito a cualquier cosa con tal de evitar la autocrítica. Así, los atentados serían obra de un plan en el que habrían participado ETA, los servicios secretos marroquíes, Al Qaeda, adinerados saudíes, narcos asturianos, delincuentes de Madrid, la vieja guardia socialista de Interior, la cúpula de la Guardia Civil en Asturias y quien haga falta. No importa que ocho meses después no haya un solo indicio de que ETA haya participado en los atentados; si Aznar dijo ETA, ETA hasta el final.

Como consecuencia, la comisión parlamentaria de investigación se ha convertido en un campo de batalla en el que el PP se permite pasar de acusado a acusador y exigir responsabilidades a todo el mundo. Hay que investigar, investigar e investigar, dicen los populares, olvidando que el juez Juan del Olmo, la policía, la Guardia Civil y los servicios de espionaje no han hecho otra cosa desde el 11-M. La citada comisión, que nació con el mandato de todos los partidos políticos para averiguar qué falló en el 11-M y qué se puede hacer para prevenir atentados similares, ha vivido momentos de gran tensión. En su comparecencia, el ex presidente no sólo no aportó un solo dato válido para los objetivos de la comisión, sino que se dedicó a acusar a diestro y siniestro sin asumir ninguna responsabilidad. Pero lo peor fue oír las risotadas de algunos de los más conspicuos representantes del PP presentes en la sala. Familiares de víctimas han escrito a este periódico preguntándose qué encontraban tan gracioso en un foro creado a raíz de la muerte de 191 inocentes.

Pese a todo, el Parlamento ha ofrecido conclusiones interesantes. El testimonio de los responsables de las fuerzas de seguridad ha permitido certificar que el Ejecutivo de Aznar nunca puso los medios necesarios para hacer frente a la amenaza islamista, y que en los días posteriores al atentado y ante la proximidad de las elecciones hubo un intento de imponer una versión de los hechos acorde con los intereses del PP.

Con semejante ambiente avanza la legislatura del "cambio tranquilo", como la definió Zapatero en la noche de su triunfo electoral. Tranquilo, pero rápido, porque la primera medida que tomó apenas 48 horas después de ser investido presidente por el Congreso el 17 de abril fue ordenar el regreso de las tropas españolas en Irak, una noticia que causó conmoción en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, y que anunció el giro que el nuevo Gobierno iba a dar a la política exterior. Dicho y hecho: los últimos soldados de Irak llegaron a España a finales de mayo. La Administración de George W. Bush aceptó la decisión, pero advirtió de que las relaciones entre los dos países sufrirían. Así ha sido.

Tras la etapa atlantista y de absoluta identificación con Estados Unidos, que llevó a España a participar en la guerra de Irak en contra del deseo de los ciudadanos, Zapatero decidió regresar a la "vieja Europa", con Francia y Alemania como aliados, potenciar las relaciones con América Latina y el Mediterráneo, y defender el papel de las Naciones Unidas como garante de la legalidad internacional. En este contexto debe interpretarse el apoyo dado por Zapatero a la Constitución Europea, en contraste con el bloqueo de Aznar, y la propuesta de una Alianza de Civilizaciones que presentó ante la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre. El restablecimiento de las relaciones con Marruecos y la política de buena vecindad con Gibraltar son otros de los aspectos relevantes del nuevo periodo.

La política exterior no ha sido el único territorio en el que se ha notado la mano del nuevo Gobierno. En lo doméstico, Zapatero quiso marcar bien pronto su estilo sentando a ocho mujeres en el Consejo de Ministros. Por primera vez en España, una mujer, María Teresa Fernández de la Vega, ocupó la vicepresidencia. La reforma de la Constitución y de los estatutos de autonomía, la supresión de la Ley de Calidad de la Educación del PP, la reforma de la ley orgánica que regula los nombramientos judiciales, la ley de Defensa que fija la participación de las Cortes en los envíos de tropas al extranjero, la ley contra la violencia de género, la agilización del divorcio, el mayor papel en el Estado y en Europa de los Gobiernos autonómicos y la potenciación de la lucha contra el terrorismo islamista (el presidente propuso un gran pacto contra el terrorismo internacional en su comparecencia ante la comisión del 11-M) son algunas de las iniciativas lanzadas por el Ejecutivo. Los 164 escaños obtenidos por el PSOE, frente a los 148 del PP, obligan a los socialistas a buscar acuerdos con otros grupos. Es la vuelta a la política de alianzas tras los cuatro años de mayoría absoluta del PP.

En estos nueve meses, Zapatero ha logrado algunos hitos. La victoria de los socialistas en junio en unas elecciones europeas marcadas por la abstención le permitió ratificar su triunfo del 14-M. La celebración en octubre de la primera conferencia de presidentes autonómicos, a la que acudieron todos ellos, fue un éxito. Y también por primera vez en la historia el Congreso aprobó en julio el envío de tropas al extranjero. En este caso, a Afganistán. El liderazgo de Zapatero en el PSOE se fortaleció cuando fue reelegido como secretario general en julio con el 95% de los votos. El descabezamiento de ETA, gracias a la detención de Mikel Antza y Soledad Iparragirre en Francia en octubre, fue otra gran noticia para el Ejecutivo.

Zapatero y su Gobierno también han cometido errores. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, provocó una crisis innecesaria cuando acusó a Aznar en un programa de televisión de haber apoyado el golpe de 2002 en Venezuela. Zapatero tampoco anduvo fino cuando en uno de sus primeros viajes oficiales pidió a los países con tropas en Irak que abandonaran el país. Washington acogió con irritación estas palabras, lo que deterioró aún más unas relaciones que la diplomacia española trataba de recomponer. La pérdida de la primera votación de la reforma judicial por la ausencia de diputados socialistas fue otro patinazo inexcusable.

Mientras, el PP trata de forjar el liderazgo de Rajoy y su alternativa al PSOE con no pocos problemas. El pasado pesa. No sólo por lo sucedido en el 11-M, sino por asuntos anteriores. El diputado Federico Trillo no ha podido dejar atrás su calvario particular: el Yak-42. El siniestro aéreo en el que fallecieron 62 militares tuvo una segunda vuelta terrible. En junio se confirmó lo que todo el mundo temía: los restos de la mitad de las víctimas se identificaron mal en Turquía por la prisa de las autoridades españolas en celebrar un funeral de Estado. A fecha de hoy, Trillo considera que nadie tiene autoridad moral para exigirle la renuncia a su escaño en el Congreso.

Las caras más amables del año las pusieron, una vez más, los deportistas: Ronaldinho, la estrella del nuevo Barça, o los integrantes del equipo español de Copa Davis, que ganaron la final a Estados Unidos en Sevilla. Pero pareja sólo hubo una: los Príncipes de Asturias. Don Felipe y doña Letizia se casaron en Madrid el 22 de mayo, en una jornada lluviosa, pero feliz, que permitió a la ciudad olvidar, al menos por unas horas, todo el dolor de los atentados. ¿Tendrán descendencia pronto los Príncipes? La prensa del corazón anda loca por publicar la noticia. Pero ésa, también, será una historia para el año próximo.