Un cuarto de billón para infraestructuras

La obra pública, junto a la construcción de viviendas, ha sido el principal motor de crecimiento de la economía española durante los últimos años. Y, a juzgar por la previsión de inversión del Ministerio de Fomento, lo seguirá siendo al menos otros 15 años. El Gobierno presentó ayer el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) que contempla inversiones de 241.392 millones de euros en ferrocarriles, carreteras de alta capacidad, puertos y aeropuertos hasta 2020. Un 60% de esta cuantía se financiará a través de los Presupuestos Generales del Estado, mientras el resto de la inversión sea compartida a medias entre el Ejecutivo y la iniciativa privada.

Este macroprograma inversor constituye la primera gran iniciativa económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y continúa la tradición de los faraónicos planes de obras públicas, como el diseñado durante el Gobierno de Aznar (Plan de Infraestructuras 2000-2007) o el del anterior Ejecutivo socialista (el Plan Director de Infraestructuras 1993- 2007). Todos han tenido dos cosas en común: su importe multimillonario y que su vigencia ha ido mucho más allá del periodo de gobierno de cuatro años.

El programa será sometido a la opinión de varios ministerios, comunidades autónomas, sindicatos y empresarios antes de llevarlo al Parlamento

Un 60% se financiará con el Presupuesto y el restante 40% de la inversión será compartido a medias entre el Estado y la iniciativa privada

Con este nuevo plan, que se revisará cada cuatro años y persigue vertebrar España, el Gobierno ha querido acallar las críticas de algunos partidos de la oposición y las dudas de algunos empresarios, que temieron que la llegada del PSOE al poder se tradujera en un recorte de las inversiones. "Queremos aumentar la productividad y la competitividad de la economía española, y éste es uno de los objetivos de este plan de infraestructuras, además de la seguridad", explicó ayer la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que compareció por primera vez en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde fue sometido a consideración su plan.

Iniciativa privada

El plan prevé pasar de los 9.000 kilómetros actuales de vías de alta capacidad (autovías y autopistas de peaje) a 15.000 kilómetros en 2020. "El 94% de la población se situará a menos de 30 kilómetros de una vía de alta capacidad", explicó la ministra. Asimismo, se alcanzará ese mismo año una red de ferrocarriles de altas prestaciones de 10.000 kilómetros, frente a los 1.031 de la actualidad.

La cifra de 241.392 millones no tiene en cuenta los gastos, ya presupuestados, para financiar las actuaciones de su antecesor en el cargo, Francisco Álvarez Cascos, cuyo plan de infraestructuras ascendía a 114.000 millones. La ministra dejó ayer bien claro que no se paralizará ningún proyecto en marcha iniciado en la etapa del anterior Gobierno.

El sistema de financiación se ajusta a las líneas marcadas por la UE y la necesidad de respetar en todo momento el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y controlar el déficit público. Así, Fomento intentará atraer a la iniciativa privada para que, a través de distintas formas de cooperación -la ministra no concretó ninguna-, comparta a partes iguales el 40% de las inversiones del plan de infraestructuras. El resto irá a cargo exclusivamente del Estado y de los fondos europeos, que en el periodo 2007-2013 sufrirá una merma considerable frente a los que España recibe en la actualidad.

El dinero comunitario ha sido clave hasta ahora para financiar la infraestructuras en España. En el anterior plan, por ejemplo, los fondos europeos supusieron un 30% de la financiación de las inversiones previstas. "Si no hay fondos europeos, lo cubrirá el Estado", aseguró tajante Álvarez, que insistió en que este plan no supondrá ninguna amenaza para el déficit público. La ministra también aseguró que el Gobierno se hará cargo de la inversiones que la iniciativa privada no quiera acometer.

El objetivo es construir una red mallada viaria de alta capacidad que mejore las comunicaciones en España, un país en el que, a juicio de Fomento, ha prevalecido demasiado la estructura radial, es decir, con Madrid como punto de salida de casi cualquier carretera o vía ferroviaria. "El plan persigue la vertebración del territorio y la cohesión social", dijo Álvarez. La ministra se comprometió a tener más en cuenta aquellas zonas con comunicaciones más complicadas, como el oeste de la Península, Canarias o Baleares.

El plan que se vio ayer en el Consejo de Ministros pasará ahora un proceso de consultas con los distintos ministerios, las comunidades autónomas y los agentes sociales (empresarios, sindicatos, universidades). En la segunda quincena de enero está previsto que se debata en la Conferencia Sectorial, de forma que en el mes de marzo puedan estudiarse todas las alegaciones para que vuelva al Consejo de Ministros y éste lo envíe al Parlamento, que podría dar su visto bueno a finales de 2005.

La nueva ministra siempre ha destacado la importancia que tiene que el plan -considerado esencial por el Gobierno para que la economía española gane competitividad- sea aprobado por el Parlamento. Éste es, a su juicio, un proceder más riguroso que el empleado por Álvarez Casos, que jamás llevó su plan al Congreso. En alguna ocasión, la ministra ha bromeado al respecto diciendo que el plan del PP sólo existía en en las transparencias que mostraba el ministro en actos públicos.

La titular de Fomento también quiere saber la opinión de representantes de Marruecos, Portugal y Francia. Estos tres países son claves para las comunicaciones transfronterizas de España. Con Francia ya hay en marcha una línea ferroviaria de alta velocidad a través de Girona, pero quedan pendientes de acuerdo entre los Gobiernos de ambos países otros pasos ferroviarios por los Pirineos. También está previsto que tres líneas de alta velocidad unan España y Lisboa.