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La revisión del pasado en Marruecos abre un debate sobre los actuales abusos a islamistas

Los ex presos políticos confían en que no se repitan los atropellos a los derechos humanos

¿Será necesario que dentro de unos años un nuevo organismo ayude a resarcir a las víctimas de la represión que padecen los islamistas en Marruecos desde hace algo más de dos años? La pregunta ha surgido al hilo de las comparecencias que, desde el martes, efectúan en directo ante las cámaras de televisión unos 200 ex presos políticos representativos de los 43 años que transcurren desde la independencia hasta el fin del reinado de Hassan II. Estos testimonios públicos han sido organizados por la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), creada por el rey Mohamed VI.

Muchos de los comparecientes, en su mayoría antiguos izquierdistas, explican que han aceptado narrar sus trágicas vivencias para evitar que vuelvan a reproducirse. Algún que otro político, como el célebre diputado islamista moderado Mustafá Ramid, abunda en el mismo sentido: "Espero que los verdugos de ayer exhorten a los verdugos de hoy a que pongan fin a estos métodos que suponen una violación de los derechos humanos".

Ramid ha sido el abogado de algunos de sus correligionarios radicales condenados por terrorismo. En nombre de sus clientes ha denunciado la justicia expeditiva y los malos tratos y también lo han hecho las ONG internacionales y marroquíes, incluida la Asociación Marroquí de derechos Humanos (AMDH), y el Comité de la ONU contra la tortura.

Los abusos contra los islamistas, que también padeció algún que otro militante de organizaciones de defensa de los derechos humanos, empezaron en Marruecos a finales del invierno de 2002, poco después del derribo de las Torres Gemelas de Nueva York, y alcanzaron su apogeo tras los atentados de Casablanca, el 16 de mayo de 2003, en los que hubo 33 víctimas mortales al tiempo que 12 terroristas se suicidaron.

Desde entonces han sido detenidas unas 7.000 personas, según estimaciones oficiosas. El ministro de Justicia, Mohamed Buzubaa, precisó hace seis meses que en total habían sido inculpadas 2.112 personas por actividades terroristas. Tras el 11-M, hay 22 presuntos terroristas en prisión preventiva.

"Está claro que a las fuerzas de seguridad marroquíes se les fue la mano", dice un diplomático europeo acreditado en Rabat. Esa es una de las razones por las que la AMDH se resiste a colaborar con la organización de las comparecencias. "Es inimaginable hablar de reconciliación mientras se siga torturando a la gente en Temara", sede de la policía secreta, afirmaba Abdelilá Benabdessalam, un responsable de esta asociación.Driss Benzekri, que preside la IER, rechaza este argumento. "Que haya habido excesos recientemente, es posible, pero no guardan relación alguna con la situación anterior en las que se quería eliminar a las élites y a la oposición". "No se puede establecer un paralelismo entre antes y ahora", dice Driss el Yazami, otro miembro de la IER. "El mensaje que mandan las ONG de derechos humanos está siendo recibido por las autoridades". "No hará falta una nueva Instancia para reparar los atropellos porque confío en que el Estado lo hará antes de que pase el tiempo", añade.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de diciembre de 2004