Pre-emptive surrender

El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas autoriza a los Estados miembros a emprender acciones preventivas de autodefensa siempre que exista una amenaza inminente contra su seguridad nacional o en el caso de ataque. Lo acaba de confirmar Kofi Annan en The Economist. Por eso, la ONU sancionó la intervención estadounidense y de la comunidad internacional en Afganistán y no lo hizo en Irak. Ahora, recordando las grandes aportaciones de los juristas españoles del Siglo de Oro, Vitoria y Suárez, al derecho internacional, el Gobierno español ha querido contribuir al enriquecimiento de ese derecho con un nuevo concepto, que va mucho más allá de lo que contempla la Carta de la ONU y que, sin duda, causará regocijo a los ofensores a costa de la humillación de los ofendidos. Porque eso, y no otra cosa, es lo que ha ocurrido con el nuevo enfoque sobre Gibraltar decidido unilateralmente por el Gobierno. Frente al ataque preventivo, la rendición preventiva. Inédita y peligrosa teoría para construir sobre ella las relaciones internacionales de un país.

Lo que se ha hecho equivale a cargarse de un plumazo lo que ha constituido una constante de la política exterior española con relación a la Roca desde Utrecht a nuestros días. Y esa constante no era otra que el reconocimiento de dos únicas partes, España y el Reino Unido, con capacidad para negociar sobre Gibraltar. No sólo sobre la soberanía, sino sobre TODOS los asuntos relativos al Peñón. Ahora se quiere convertir una negociación bilateral en otra trilateral. Es como si en un litigio sobre la propiedad de una casa se diera voz, voto y veto al inquilino. Y cabe preguntarse, ¿qué voz tuvieron en Hong Kong los cinco millones de hongkoneses que, contra su voluntad, se convirtieron en súbditos chinos tras la devolución de la otra crown colony a Pekín? Y, ¿qué caso se hizo a los zonians que querían seguir siendo americanos tras la firma del acuerdo Carter-Torrijos sobre el canal de Panamá?

Gibraltar es una cuestión de dignidad nacional y así los han entendido todos los regímenes y Gobiernos que ha tenido España desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. Incluso exiliados republicanos ilustres como Sánchez Albornoz, Jiménez Asúa, Salvador de Madariaga y tantos otros apoyaron la política del ministro franquista Fernando María Castiella en torno a Gibraltar, como puede comprobar el actual titular de Exteriores en los archivos de su ministerio. Y es una cuestión de dignidad nacional, conviene recordarlo, por razones históricas y no de patrioterismo nacionalista. Gibraltar fue conquistado cuando Inglaterra no se encontraba en guerra con España, sino apoyando al pretendiente austriaco a la Corona española durante la Guerra de Sucesión. Es como si España, aprovechándose de una hipotética intervención en la Guerra de las Rosas, se hubiera adueñado de Dover. Desde 1713, fecha del Tratado de Utrecht, Inglaterra ha ignorado sistemáticamente todos los términos del mismo extendiendo su dominio torticeramente por los 850 metros de istmo, nunca cedido, hasta la construcción en 1908 del muro y la verja, convertidos por decisión de Londres en frontera con España. El atropello territorial culmina en 1938 con la construcción del aeropuerto en plena Guerra Civil española, cuando ninguna de las dos partes podía, obviamente, dedicar sus esfuerzos a plantear reclamaciones a la entonces primera potencia del mundo.

Se nos habla ahora de iniciar una nueva vía con la apertura de un Foro de Diálogo a tres, a la vista, dice el Gobierno, de la falta de resultados de los planteamientos anteriores. Aparte de que esta afirmación es sólo una verdad a medias, la gravedad de la iniciativa radica en que, por primera vez en casi 300 años, España admite el veto gibraltareño no sólo sobre los temas que afectan a lo cedido en Utrecht -"la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto con el puerto y los fuertes"-, sino también sobre los que conciernen al istmo -¡qué casualidad que el aeropuerto está ahí!-, cuya cesión nunca fue reconocida por España. Y, por cierto, tampoco por el Tratado de Utrecht, anacrónico pero vigente en tanto no sea sustituido por otro, que estipula que "la citada propiedad (Gibraltar) será cedida a Gran Bretaña sin ninguna jurisdicción territorial ni comunicación abierta por tierra con el país circundante". Se comprende el alborozo de los Sres. Straw y Caruana ante la insólita decisión de Madrid.