El cuarto pilar del Estado de bienestar

En el año 2005, más de 1.100.000 españoles, en su mayoría ancianos y discapacitados, necesitarán ayuda para llevar a cabo las actividades básicas de su vida diaria. Y casi otros dos millones requerirán de algún servicio externo para realizar alguna tarea en su vida cotidiana. Estas cifras aumentarán notablemente en las próximas décadas, debido en parte a la mejora de los sistemas de salud en las últimas décadas.

Los Estados de bienestar no pueden dar la espalda a las necesidades de las personas dependientes y de sus familias. Son éstas, y más concretamente las mujeres, quienes cargan con la responsabilidad de atender a las personas mayores y a los discapacitados en sus hogares. Es, por tanto, responsabilidad del Estado garantizar el derecho a unos servicios sociales básicos para las personas dependientes.

Con el nuevo sistema se crearían al menos 300.000 nuevos puestos de trabajo en ocho años

En nuestro país, y pese a los notables avances de las últimas décadas, la atención a las personas mayores y a los discapacitados es desigual, con grandes diferencias entre regiones y ciudades, medio rural y medio urbano. En plazas residenciales, disponemos de alrededor de 3 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, cuando la media de los países de la Unión Europea es claramente superior (en torno al 7%). El servicio de ayuda a domicilio da cobertura a un 2% por ciento de la población dependiente, muy por debajo de las ratios de los países europeos. El servicio de teleasistencia da cobertura sólo a un 1% de la población mayor y discapacitada. El resto de los recursos (centros de día, viviendas tuteladas, estancias temporales en residencias, etc.) presentan todavía cifras más desalentadoras.

También encontramos grandes diferencias sociales, muchas familias con ingresos medios no pueden pagar los servicios de atención a mayores y discapacitados.

Es un hecho que España ha llegado tarde a la atención a la dependencia. Los países del entorno europeo (merecen especial atención Austria, Alemania o Luxemburgo) desarrollaron en la década de los noventa diferentes modelos para construir una red de servicios a las personas que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de su vida cotidiana, reconociendo por ley el derecho a recibir asistencia estatal.

Es el momento de afrontar esta situación. En las últimas décadas, nuestro país ha desarrollado satisfactoriamente el Sistema Nacional de Salud, el Sistema de Pensiones y el Sistema Educativo. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene la firme convicción de que es necesario poner las bases del cuarto pilar del Estado de bienestar, garantizar a las personas dependientes un derecho universal y unas prestaciones básicas que les permitan llevar una vida más digna. Las ayudas técnicas, la ayuda a domicilio, la teleasistencia o las plazas residenciales deben ser un derecho de todas las personas dependientes.

El Gobierno tiene el objetivo de implantar el nuevo sistema de atención a las personas dependientes a través del diálogo con los agentes sociales, empresarios y sindicatos, en colaboración con las Comunidades Autónomas y con las Corporaciones Locales y con la participación de los representantes de las entidades sociales, que están desarrollando junto a las familias una importante labor. Y desde luego queremos, mediante el diálogo, alcanzar el máximo consenso parlamentario en el contexto del Pacto de Toledo.

En estos momentos, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ultima el Libro Blanco de la Dependencia, que contendrá un diagnóstico de la situación actual. En él, se analizarán los aspectos demográficos, características y perfiles de la dependencia, los procedimientos de valoración de la dependencia, el régimen jurídico actual de protección de las personas dependientes, los niveles de cobertura de los recursos y servicios que nos ofrezcan el mapa de situación de la dependencia en España, y los recursos destinados a la financiación de la dependencia. También incorporará las alternativas sobre el modelo para la implantación del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia en nuestro país.

Queremos tener listo el libro a finales de este año 2004, con el fin de que pueda ser objeto de debate para el acuerdo con los agentes sociales, sindicatos y empresarios en la mesa de diálogo social. Nuestro propósito es que con él culmine un proceso de diferentes iniciativas y posiciones sobre cómo abordar la protección de la dependencia en nuestro país. En el primer semestre de 2005, el Gobierno remitirá al Parlamento el proyecto de ley de atención a las personas dependientes.

Hay que apuntar que, además de reconocer los derechos y las prestaciones de un amplísimo segmento de la población española, la puesta en marcha del sistema de dependencia incidirá favorablemente en el fomento del empleo. Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se crearán al menos 300.000 nuevos puestos de trabajo relacionados con los servicios sociales en los próximos ocho años.

La creación del Sistema Nacional de Atención a las Personas Dependientes es un reto ambicioso pero inaplazable. Por ello, considero necesario alcanzar el máximo consenso en su puesta en marcha. Este Gobierno hará todo lo posible por que sea así. No sólo porque su implantación definitiva se prolongará durante dos legislaturas, sino porque la atención a las personas dependientes debe ser considerada una meta de toda la sociedad, un objetivo de país.

Y es que no podremos hablar de una sociedad justa si algunos ciudadanos arrastran déficits de ciudadanía. Y no deberíamos hablar de igualdad si todos los ciudadanos no tienen garantizados sus derechos. La atención a las personas dependientes, a nuestros mayores y discapacitados, es una exigencia para avanzar en la sociedad del bienestar y, con ello, construir una sociedad más justa y digna.

Amparo Valcarce es secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.