LA FISCALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE TRABAJO

Rajoy advierte de que la auditoría sobre la gestión de Zaplana en Trabajo es provisional

El ministro Caldera cuestiona la legalidad y ética de la actuación de su predecesor

Mariano Rajoy, líder del PP, afirmó ayer, en relación con el anteproyecto que denuncia el uso de campañas publicitarias por el Ministerio de Trabajo en la etapa de Eduardo Zaplana para "mejorar la imagen gubernamental", que dicho informe no ha sido aún aprobado por el Tribunal de Cuentas. Rajoy añadió que el texto está pendiente de alegaciones y que ha sido elaborado por una "persona concreta" (Ciriaco de Vicente, consejero del tribunal y ex diputado socialista). El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, manifestó sobre la actuación de su predecesor: "Desde luego, no es ética".

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El anteproyecto del Tribunal de Cuentas analiza, entre otras, las campañas contratadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en los ejercicios de 2003 y 2004 por más de 14 millones de euros sobre la revalorización de las pensiones y el abono a los pensionistas de una paga única.

El informe preliminar pide la remisión de los hechos a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, "sin perjuicio de su conocimiento por el ministerio fiscal", tras detectar múltiples irregularidades. Entre ellas, que las campañas tuvieron por objeto, no informar a los pensionistas, sino "mejorar la imagen gubernamental" con "solapamiento indebido y previsible con la campaña electoral" del 14-M. Por ello, el anteproyecto ve indicios de "desviación de poder" y de "malversación de fondos públicos".

Rajoy esgrimió una nota del Tribunal de Cuentas para valorar la información publicada por EL PAÍS. "El Tribunal dice que no hay ningún informe aprobado en relación con ese asunto. Lo único que hay es un anteproyecto de informe realizado por una persona concreta y determinada [Ciriaco de Vicente, ex diputado socialista, actual consejero del Tribunal de Cuentas y responsable del departamento tercero de la sección de fiscalización]", informa Pilar Marcos.

En una nota pública, el PP denunció anoche "la burda y manipulada filtración" del documento, lo que califica de "ejercicio de revanchismo político" por parte del PSOE. La nota añade: "Estamos ante un asunto antiguo, ya fiscalizado y debatido, y que incluso fue objeto de denuncia, ya archivada, ante la Fiscalía Anticorrupción". El PP afirma que "el procedimiento utilizado en las campaña de publicidad del Ministerio de Trabajo fue absoluta y totalmente legal". "El propio tribunal", añade la nota, "ha recordado hoy que el procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación de contratos es plenamente legal". Este periódico intento ayer, sin éxito, recabar la versión del ex ministro de Trabajo y actual portavoz parlamentario del PP.

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El actual titular de Trabajo, el socialista Jesús Caldera, lamentó ayer que su departamento gastara más de 63 millones de euros de su presupuesto en contratos de publicidad diversos a lo largo de los dos años del mandato de Zaplana.

"Puede que no sea legal, pero, desde luego, no es aceptable desde un punto de vista ético. Es justo que se sepa lo que hace cada uno, y por eso este Gobierno subirá las pensiones de verdad, en vez de hacer propaganda", añadió.

El secretario de organización del PSOE, José Blanco, señaló: "Nosotros creemos en la independencia de la Fiscalía y ella verá si tiene indicios o no para intervenir", informa Anabel Díez.

Fiscalía Anticorrupción

Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, señaló ayer que la Fiscalía Anticorrupción debería investigar los denunciado por el anteproyecto del Tribunal de Cuentas y "depurar responsabilidades de carácter incluso penal".

El portavoz de IU entiende que hubo un "uso fraudulento de dinero público para campañas publicitarias asignadas a dedo por parte del PP". Este caso, según Llamazares, "es una nueva muestra de cuál era el modelo de gobierno del Partido Popular: el país utilizado como un cortijo a beneficio del PP y de los amigos de la derecha". IU denunció en su día las campañas de publicidad en cuestión ante la Fiscalía Anticorrupción.

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