El informe destaca la coincidencia de otras campañas con huelgas y comicios

El anteproyecto del Tribunal de Cuentas sobre los contratos publicitarios de organismos de Trabajo entre 2002 y 2004 detalla otras campañas menos polémicas que las de revalorización de pensiones, pero que, igualmente, padecen irregularidades y coincidieron con elecciones o huelgas.

- Imserso. La campaña sobre empleo y discapacidad, cuyo remate final -plan de medios- se firmó en noviembre de 2002, y se emitió en diciembre de dicho año. El Imserso aseguró no tener constancia de ninguna subcontrata. Sin embargo, el informe detecta que los justificantes de emisión de anuncios estaban a nombre de otra empresa, que "como ya se ha señalado anteriormente [se refiere a que fue subcontratada también en la campaña de revalorización de pensiones de 2004] ha realizado las campañas electorales del PP en las autonómicas de 2003 en Canarias, Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana". En su campaña contra la discriminación no publicó ni la convocatoria ni la adjudicación. Según el informe, se saltaron en al menos dos ocasiones las normas de contratación. Adjudicó verbalmente, algo que no permite la ley, un publireportaje sobre las personas mayores en una revista, "lo que podría determinar su nulidad de pleno derecho".

Posteriormente, "para revestir con una apariencia de legalidad esta contratación verbal, tramitó un expediente de contratación simulado". Finalmente, se encargó verbalmente una publicidad no programada sobre el año europeo sobre discapacidad por 28.000 euros en un diario. El informe revela que tal contrato se produjo "a iniciativa del propio periódico y de acuerdo con las instrucciones emitidas por el Gabinete de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo". Imserso alegó que no había otro proveedor. El informe sostiene que el contrato es nulo de pleno derecho.

- Inem. El anteproyecto vierte distintos reproches sobre la tramitación de la contratación y ejecución de dos campañas sobre nuevas medidas de protección al desempleo, adjudicada una de ellas, según advierte, a la empresa perteneciente al grupo empresarial que realizó la campaña del PP en las autonómicas de 2003. El informe dice: "El conjunto de irregularidades observadas en estas contrataciones del Imserso y del Inem, particularmente en lo relativo a la contratación verbal y a la consiguiente falta de transparencia de sus adjudicaciones, no puede dejar de ponerse en relación con la relevante circunstancia temporal consistente en que la difusión de sus respectivas campañas publicitarias coincidió con los periodos inmediatamente anteriores a fechas de gran trascendencia social y política, como fueron las municipales y autonómicas de 2003, en el caso del Imserso, y la huelga general del 20 de junio de 2002, en el del contrato del Inem". Todo esto, "con independencia de lo ya señalado sobre el quebrantamiento del principio de legalidad, pudo conculcar, al menos, en estos casos el principio de objetividad en el servicio de los intereses generales", señala el informe.