La Ponencia de Víctimas certifica la división de los partidos

La Ponencia de Víctimas del Terrorismo cerró ayer año y medio de trabajos en el Parlamento vasco con el fracaso de no haber logrado un acuerdo unánime y constatando que la unidad de los partidos democráticos sobre las víctimas está rota. El informe final sólo cuenta con el respaldo del tripartito, que lo elevará a la Comisión de Derechos Humanos en febrero para que se vote y después vaya al pleno, donde recibirá el refrendo definitivo. Partido Popular, PSE y UA no han suscrito el texto y han anunciado que se abstendrán, aunque cada uno aduce motivos diferentes.

La abstención de esas tres formaciones garantiza al tripartito la aprobación del informe en el pleno. Sozialista Abertzaleak, el grupo de la ilegalizada Batasuna, no ha participado en los trabajos. La reunión de ayer de la ponencia resultó meramente de trámite, apenas duró media hora y sólo sirvió para constatar el profundo desacuerdo entre sus integrantes. Hasta en veinte ocasiones se han reunido los partidos y han escuchado a más de 30 comparecientes.

Después del pacto alcanzado por unanimidad en junio del año pasado, cuando el pleno de la Cámara aprobó una batería de 13 medidas para mejorar la situación de las víctimas y reparar el daño que les ha causado el terrorismo de ETA, los partidos no han sido capaces de seguir esa estela y mantener la unidad de acción. El desencuentro estaba cantado desde que el PP pusiese para sumarse al pacto dos condiciones que eran imposibles de asumir por el tripartito: la disolución del grupo de Sozialista Abertzaleak y que el Gobierno vasco suprimiese las ayudas que concede a los familiares de los presos de ETA para sus desplazamientos a las cárceles en que están ingresados.

Dos cuestiones que, según indicó ayer el presidente de la ponencia y de la Comisión de Derechos Humanos, el peneuvista Iñigo Urkullu, nada tienen que ver con las verdaderas necesidades de las víctimas y que reflejan el "interés partidista" que hay tras ellas. Pese a que el informe final no cuenta con el respaldo de PP, PSE y UA, pero tampoco con su rechazo expreso, porque no se oponen a las medidas de apoyo que recoge, Urkullu lo llevará a la Comisión de Derechos Humanos en el próximo periodo de sesiones, que se abre en febrero de 2005. El parlamentario del PNV entiende que el documento es válido para aliviar el sufrimiento de las víctimas y sus medidas no son el problema real para concitar el consenso. "Las posiciones previas del PP y el seguidismo del PSE han hecho imposible la unanimidad", se quejó.

Vistas las insalvables diferencias con los populares, el tripartito intentó sumar al PSE al acuerdo. Sin embargo, los socialistas han optado también por la abstención con el argumento de que un dictamen sin unanimidad no responde a las demandas de las víctimas ni sirve para mejorar su reconocimiento institucional, político y social.

Pacto para la convivencia

El portavoz del PSE, Rodolfo Ares, volvió ayer a repartir las culpas por igual entre los populares y el tripartito por esa falta de consenso. Al PP les reprochó el intento de arrogarse en exclusiva la representación de las víctimas, mientras que a los grupos que apoyan al Ejecutivo le echó en cara "su falta de sensibilidad" hacia este colectivo.

El dictamen que aprobará la comisión recoge un nuevo paquete de medidas que sumar a la relación aprobada en junio de 2003 por el pleno del Parlamento. El informe expresa la voluntad de todos los partidos para lograr un acuerdo que sirva de base sobre la que reconstruir la convivencia política y, a la vez, encauzar la lucha contra el terrorismo, a la que no renuncia la sociedad vasca.

En la construcción de este pacto, las víctimas ocupan un "lugar central y su visión es irrenunciable para construir la verdad", indica el dictamen. En esta línea, apela a su participación para buscar un nuevo consenso que asuma "la reparación total de los daños causados" y una visión crítica del reciente pasado de Euskadi.

El texto propone crear en la Cámara una ponencia permanente que atienda las reivindicaciones de las víctimas en todo momento. Esa futura ponencia deberá estudiar la posibilidad de que el Parlamento o el Gobierno puedan personarse de forma sistemática como acusación en los juicios contra terroristas.

Entre otras medidas, el documento propone aprobar una ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, la puesta en marcha de programas de apoyo a las familias, un plan para la educación en la paz y los valores democráticos y la elaboración de un libro de estilo en EITB para que el ente ejerza una pedagogía activa contra la violencia terrorista y en defensa de las libertades.