La Generalitat insta a su entidad de crédito a prestar a Ercros hasta 30 millones para comprar Aragonesas
El Gobierno catalán tendió ayer la mano a Ercros, que está en negociaciones avanzadas con varias entidades financieras para obtener 180 millones de euros con que comprar, en una operación ya preacordada, el negocio químico de Uralita. El Instituto Catalán de Finanzas (ICF), entidad de crédito público de la Generalitat, recibió el mandato del Ejecutivo de Pasqual Maragall para estudiar una operación de aseguramiento y financiación por un máximo de 30 millones de euros para Ercros. Según dijo el portavoz del Gobierno autónomo, Joaquim Nadal, la operación con Uralita permitiría a Ercros "enfocar su futuro con mayores y mejores perspectivas".
Entre las razones aducidas por la Generalitat para "instar" al ICF a examinar dicha operación figuran "la situación del sector de la química básica y el elevado número de trabajadores que concentra en Cataluña". Ercros cuenta con 597 empleados en la comunidad catalana. La compañía está presidida por Antoni Zabalza, ex secretario de Estado de Hacienda socialista.
En el mercado, la compra del negocio químico de Uralita (100% de Aragonesas Industrias y Energía, Aiscondel y Aragonesas Delsa y el 24% de Sal Doméstica) ha sido acogida positivamente y sin sorpresas por la complementariedad de ambas empresas. Ercros, que desconocía las intenciones de la Generalitat de dar a conocer el préstamo que ha pedido al público ICF, todavía arrastra pérdidas, y hasta septiembre ascendían a 19,9 millones de euros.
La Generalitat del tripartito ha anunciado una nueva política de créditos por parte del ICF, tras acusar al anterior Gobierno de CiU de utilizarlo para aguantar a empresas en crisis. Precisamente ayer, el Gobierno catalán hizo públicos los incumplimientos de las obligaciones derivadas de créditos obtenidos del ICF por parte de varias empresas en la etapa de CiU (Lauren Films, Mitasa, Puigneró y Nuc Tèxtil). Distintos departamentos de la Generalitat habían avalado créditos a estas empresas, y ahora deberán afrontar el pago, en total, de 70 millones de euros.
