Investigación en enfermedades olvidadas

A casi nadie le sorprende ya escuchar que de cada diez personas que mueren a causa de una enfermedad infecciosa nueve viven en países pobres. Muertes evitables si se contase con el medicamento adecuado.

A la pregunta de por qué 2.000 millones de personas no pueden acceder a los medicamentos que necesitan, la respuesta inmediata es la falta de poder adquisitivo para comprarlos. Pero hay más razones. Una de ellas es el fallo en el primer eslabón de la cadena que lleva a la curación de un paciente: la investigación y desarrollo del fármaco.

Sabemos que crear un nuevo medicamento, vacuna o método de diagnóstico es un proceso caro y muy largo. Así nos lo han contado siempre las grandes compañías farmacéuticas, y es cierto. El problema es que justifican los altos precios de los medicamentos utilizando como argumento el alto coste que tiene su investigación y desarrollo, cuando gastan dos veces más en campañas de publicidad y marketing. Mientras tanto, los medicamentos no llegan a los lugares donde más se necesitan.

Es urgente definir una agenda internacional de prioridades para las enfermedades olvidadas

Por otro lado, millones de personas no pueden curarse porque o no existen fármacos para las enfermedades que sufren o son viejos, tóxicos e ineficaces ante la resistencia desarrollada por los microorganismos. Las empresas farmacéuticas son empresas privadas que buscan beneficios. Éstos derivan de la venta de sus productos y sólo pueden venderlos cuando hay alguien que puede pagarlos. Más del 80% de las ventas se producen en países que representan menos del 20% de la población mundial. Parece lógico que las empresas dediquen prácticamente todos sus esfuerzos en encontrar los medicamentos que esa minoría demanda. Por eso encontramos frecuentes novedades terapéuticas en enfermedades cardiovasculares o metabólicas, en productos para frenar la calvicie, combatir el estrés o mejorar las disfunciones sexuales.

Es comprensible desde la lógica del mercado, pero resulta moralmente inaceptable que sigamos siendo espectadores de tantas muertes evitables con el nivel alcanzado por la ciencia. Si el mercado falla a la hora de cubrir las necesidades de los que están más enfermos, parte de la responsabilidad es de las empresas farmacéuticas.

¿Qué papel juega el sector público? Cuando se trata de salvar vidas humanas, de garantizar el derecho a la vida y a la salud, ¿no sería de esperar que utilizara todos los mecanismos a su alcance? No sirve la excusa de que es complicado encontrar soluciones. Lo ocurrido en el año 2003 con el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo o neumonía asiática) es un ejemplo de que, cuando hay voluntad política, se pueden encontrar soluciones. El brote de SARS movilizó una cooperación internacional sin precedentes y una asignación de recursos financieros, científicos y políticos sorprendente. En pocas semanas los científicos habían secuenciado el virus e implementado un kit de diagnóstico. Gobiernos de todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud y el sector privado hicieron todo lo necesario para reforzar los sistemas de salud pública de modo que pudiesen hacer frente a esta amenaza.

Se echa de menos esta efectiva movilización de recursos contra enfermedades que no sólo son una amenaza del mismo calibre, sino que de hecho matan a millones de personas. La enfermedad del sueño amenaza a 60 millones de personas en 36 países africanos y provoca anualmente 60.000 muertes. La enfermedad de Chagas amenaza a 100 millones en América Latina y provoca 50.000 muertes anuales. Para tratar la tuberculosis, que mata a dos millones cada año, utilizamos algunos medicamentos que tienen más de 60 años. Para el dengue o el Ébola simplemente no existe ningún tratamiento disponible.

Los Objetivos de Desarrollo para el Milenio de Naciones Unidas establecen una serie de metas, incluyendo la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud materna y la lucha contra el sida, la malaria y otras enfermedades olvidadas. Pero no se conseguirán con los medios que utilizan actualmente los profesionales sanitarios. Se requiere el desarrollo de nuevos medicamentos, medios de diagnóstico y vacunas adaptadas a las condiciones de los países en vías de desarrollo, que sean accesibles y asequibles a sus habitantes. Es una responsabilidad del sector público que no puede dejarse en manos del mercado.

Es urgente definir una agenda internacional de prioridades para la investigación y desarrollo en salud, un sistema internacional para su financiación, implementarla en base a principios de acceso y precios equitativos, así como establecer y fortalecer los mecanismos de cooperación internacionales para intercambiar y transferir los resultados de la investigación, el conocimiento y la tecnología.

Para muchos habitantes del planeta puede ser vital, en el sentido literal de la palabra.

Emilia Herranz Montes es presidenta de Médicos Sin Fronteras en España.