Interior destina 92 millones para escoltas privados en el País Vasco

El Ministerio del Interior va a destinar el año que viene más de 92 millones de euros a contratar escoltas privados para las personas necesitadas de protección en el País Vasco y Navarra a causa de la persistencia de la "amenaza explícita" de ETA. Esta partida es un 26% superior a la de 2004 y supone la constatación de que los efectivos policiales para cubrir los servicios de guardaespaldas "resultan insuficientes".

La propuesta del Ministerio del Interior para aumentar el presupuesto para escoltas privados ha sido enviada a La Moncloa, con la pretensión de que sea aprobada en el Consejo de Ministros del viernes que viene, según fuentes gubernamentales. El texto remitido a Presidencia subraya que en toda España, pero especialmente en el País Vasco y Navarra, existe un "grave riesgo" debido a la persistencia de la "amenaza explícita" de ETA".

Este hecho conlleva la necesidad de adoptar medidas a fin de "elevar el nivel de protección" de los amenazados, especialmente de políticos, jueces y fiscales. La protección de personalidades es una de las funciones naturales de la seguridad pública, pero la ley permite contratar con empresas especializadas de seguridad privada cuando se considere que los efectivos policiales "resultan insuficientes".

El Gobierno autorizará, en el caso de que la propuesta sea aprobada, a contratar servicios de guardaespaldas con varias empresas de seguridad por un máximo de 92.020.850 euros (casi 15.311 millones de las extintas pesetas). Las fuentes consultadas han explicado que esta partida supone un incremento de un 26% respecto a este año.

Autoridad pública

El dinero saldrá de los créditos de la Secretaría de Estado de Seguridad, que, desde la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales que aprobó el PP en 2000, puede autorizar la prestación de servicios de acompañamiento y protección por parte de escoltas privados a personas que tengan la consideración de autoridad pública. Los miembros de las Fuerzas de Seguridad son autoridad, pero no los empleados de la seguridad privada.

La aprobación por el Consejo de Ministros es imprescindible, ya que la ley de Contratos del Estado obliga a este trámite cuando los contratos sean superiores a 12 millones. El procedimiento para elegir las empresas será el "negociado sin publicidad", es decir, que se consultará y negociará con varias empresas del sector. La ausencia de publicidad está justificada legalmente para aquellos contratos que versan sobre "medidas especiales de seguridad que exigen mantener la confidencialidad de su contenido", según fuentes de la Administración.

Interior se había planteado en agosto llevar a cabo una revisión "caso por caso" de los servicios de escolta de personalidades que, según aseguraron entonces fuentes del departamento, en ningún caso iba a afectar a Navarra y el País Vasco, donde se calcula que hay unas 1.500 personas con protección. El Gobierno vasco también tiene previsto destinar el año que viene 60 millones de euros al pago de escoltas privados y casi 30 millones a pagar las horas extras de los ertzainas que desempeñan la misma función de protección.