Contrastes en la política científica

Recientemente, un destacado científico que había tenido una responsabilidad en la política científica en la primera etapa de gobierno socialista expresó su asombro de que en estos primeros meses del nuevo Gobierno socialista hayan llovido las críticas a su actuación en política científica mientras que no ocurría lo mismo en los ocho años de la etapa del Gobierno del Partido Popular. Ciertamente, la agitación en los medios científicos ha sido grande en los últimos tiempos, revelando una cierta impaciencia. Una explicación de este hecho real puede ser que es más fácil aceptar alguna mejora en una situación que ya se prevé difícil de entrada que renunciar a una esperanza que se ha visto al alcance de la mano. Y ciertamente las expectativas de la comunidad científica creadas al formarse el actual Gobierno fueron muy fuertes. Dice el Tao Te Ching: "Quien sabe contentarse siempre será saciado", pero ya se sabe este tipo de filosofía es poco apreciado por la ciencia moderna.

La situación de los años anteriores no fue sólo causada por el bajo nivel de financiación

La ciencia española sigue funcionando por el voluntarismo de unos pocos

Una de las críticas que más han aparecido en los medios de comunicación se refiere a la cuantía del aumento de los recursos destinados por el Estado a la investigación científica. Efectivamente, el programa electoral del PSOE y las reiteradas promesas posteriores incluían un incremento anual del 25% de los presupuestos de investigación. Se generó una preocupación lógica con el anuncio de que este aumento tomaría la forma de préstamos reembolsables. El fomento de la investigación pública se hace en todo el mundo esencialmente mediante subvenciones. En el caso de la investigación privada, los préstamos pueden ser un instrumento más adaptado, pero la experiencia ha demostrado en el pasado que en este tipo de convocatorias no se llega a utilizar el dinero disponible. Seguramente muchas instituciones estarían de acuerdo en utilizar la vía del préstamo de la misma forma como para construir autopistas se utiliza el método alemán o el peaje en la sombra. Sin embargo, para ello serían necesarias dos condiciones. Una es que se previeran fondos públicos para efectuar el reembolso del préstamo a su tiempo, ya que no es pensable que la investigación genere beneficios económicos en el corto plazo. La segunda es que las instituciones de investigación tuvieran una gestión lo suficientemente ágil como para aprovechar este instrumento. Como en general no ocurre ni una condición ni la otra es lógica la alarma.

La preocupación está también producida por la desconfianza que en algunos ambientes políticos se expresa respecto a cómo se gestionan los fondos de investigación. El argumento que ha sido repetido sistemáticamente sería: "Si no son capaces de gestionar adecuadamente los recursos que se les da, cómo vamos a darles más dinero". Ciertamente, la gestión de la investigación en muchos aspectos se ha degradado en los últimos años. Una de las razones esenciales del mal funcionamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue la incapacidad de encontrar un sistema sensato de gestión de los proyectos que quedó (y continúa) atrapada en la burocracia más estricta. El CSIC sigue en una maraña de burocracia y viejos usos de tal forma que la institución, como ha dicho su presidente, necesita una refundación urgente. La Agencia de Evaluación (ANEP) está bajo mínimos en un aspecto esencial para el sistema. La ciencia española sigue funcionando basada en el voluntarismo de unos pocos y ello acaba implicando una baja calidad en la gestión. Pero no por ello tienen razón aquellos que utilizan esta realidad para incumplir la promesa de incrementar el presupuesto. Hay recortes injustificados en el presupuesto de los proyectos que se podrían evitar con algo más de dinero, hay programas de personal que podrían implementarse de forma inmediata y que son necesarios y hay necesidades de infraestructuras que podrían ya aplicarse. En cualquier caso, sin más dinero va a ser imposible hacer algo que es imprescindible y que es una reforma profunda del sistema. Desde la miseria actual esta reforma es imposible.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la situación en los años anteriores no fue únicamente causada por el bajo nivel de financiación. También hubo una falta de coherencia en las acciones de gobierno. Diversos equipos fueron siguiéndose en la responsabilidad de la política científica y, a pesar de que el Gobierno y el partido que gobernara fueran los mismos, las acciones de gobierno fueron a menudo contradictorias unas con otras. Ahí es donde aparece el primer Gobierno socialista, que, al menos en la distancia temporal, se recuerda como un periodo en el que hubo a la vez continuidad en un proyecto y un sensible incremento en la financiación. Y lo peor que podría ocurrir ahora es que se repitiera la situación de los últimos ocho años. En este periodo algunos proyectos puestos en marcha fueron interesantes, por ejemplo, el programa Ramón y Cajal o el aumento en las desgravaciones fiscales a las empresas, e incluso el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología era una idea interesante en sí misma. Sin embargo, no apareció un proyecto coherente ni un apoyo decidido a una política científica sostenida. Tenemos en este momento centenares de jóvenes investigadores que no tienen claro si van a tener una oportunidad para continuar trabajando en ciencia en España. Es ahí donde el Pacto de Estado reclamado por los investigadores debería al menos concretarse en un Pacto de Gobierno, evitando vaivenes bruscos y continuados en una legislatura, quizá con esto ya bastaría al menos por el momento.

Es en este aspecto cuando aparece un gran contraste cuando se cruzan los Pirineos. La ciencia francesa ha pasado por una crisis profunda que ha dado lugar a un proceso de discusión que comienza a dar sus frutos. El pasado día 9 de noviembre se entregó al ministro de Educación francés el documento de conclusiones de los llamados "Estados Generales de la Investigación", que ha sido elaborado mediante un complejo sistema de discusiones en todo el país. Se trata de un documento de casi 90 páginas en el que se pasa revista a las diversas cuestiones que preocupan a los investigadores franceses y se proponen soluciones concretas. Al mismo tiempo, el CNRS, que tiene en la ciencia francesa una presencia más importante que la del CSIC en España, ha emprendido una reforma interna que se hará de forma escalonada, pero que en su primera etapa ya ha implicado la creación de unas direcciones interregionales. Ya existían unas direcciones regionales que se ocupaban de los aspectos de gestión de los laboratorios. Ahora se trata de acercar a los laboratorios y a las regiones (¡en la Francia jacobina!) aspectos de la dirección más propiamente científica. Al mismo tiempo se definen un conjunto de grandes prioridades muy meditadas y se han creado nuevos instrumentos para la valorización de los resultados de la investigación.

Desde muchos puntos de vista, lo que se hace en Francia no tiene por qué ser un modelo en España. Por una parte, las conclusiones de la reflexión francesa pueden aparecer como conservadoras en algunos aspectos, algo que en parte puede comprenderse por el alto nivel que de todas formas tiene la ciencia francesa, y por la forma como se ha llevado a cabo la discusión. Sin embargo, se proponen ideas interesantes e innovadoras, por ejemplo, la creación de polos geográficamente delimitados en los que se concentraría la investigación y la enseñanza superior. Tampoco las previsiones presupuestarias son extraordinarias en un país en el que el gasto en ciencia ya es muy elevado. Sin embargo, lo que ocurre en Francia, como es el caso de los grandes países en los que la ciencia cuenta, demuestra que suele ser a medio o largo plazo donde las acciones en política científica son más eficaces.

Quizá en algún momento la urgencia de la acción a la que están condenados los responsables de nuestra política científica pueda dejar un espacio a la reflexión en profundidad. Lo antes posible habrá que definir cuál es la misión de cada uno de los actores que intervienen en nuestra política científica: por ejemplo, el Estado y las comunidades autónomas, o los diferentes ministerios o también las universidades y el CSIC, sin hablar de los otros OPI, por ejemplo, del INIA, que tiene que definir su función de forma cada vez más urgente. Y habrá que definir el peso de la investigación pública en relación a la privada y cómo estimular ambas creando una relación de confianza. Quizá también se podrán ocupar en pensar el tipo de personal que se encargará de la investigación o qué modelos son los más apropiados para gestionar la ciencia española (si se hace una Agencia de Gestión de la Investigación, cómo será y cuándo). Está claro que todo esto es complejo y necesita tiempo y tranquilidad mientras las urgencias son graves y están ahí. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que para que las acciones sean eficaces es necesario construir y transmitir una visión acerca de lo que se quiere, definir una misión a los actores presentes y darles medios para llevarla a cabo; sin ello no se construye la acción a largo plazo que es imprescindible. Algún tipo de debate sería probablemente útil para incorporar las ideas que los diferentes actores tienen sobre la cuestión, aflorar temas pendientes, incorporar complicidades y explorar alternativas. Es posible que el proceso que se ha llevado a cabo en Francia sea muy complejo y poco adaptado a las costumbres de nuestro país. Sin embargo, por ahora en España no existe percepción de una reflexión y una decisión suficientes para devolver la tranquilidad a los laboratorios y que indique que se vaya a cumplir con los objetivos que oficialmente están en la agenda de los gobiernos europeos. Puede ser que algunos piensen que en algunos aspectos los franceses se pasan, pero otros piensan que aquí probablemente nos quedamos cortos.

Pere Puigdomènech, del Laboratorio de Genética Molecular Vegetal, CSIC-IRTA.