Los municipios gastan más de 1.200 millones al año en servicios que competen a otras administraciones

Los municipios catalanes gastan más de 1.200 millones al año en la prestación de servicios que son competencia de las administraciones central o autonómica. La Diputación de Barcelona presentó ayer un estudio según el cual los ayuntamientos destinan el 33% de su presupuesto al gasto "no obligatorio", que incluye bibliotecas, guarderías, viviendas y, en general, gastos sociales, que se han disparado en los últimos años. Además, carecen de financiación específica para la mayor parte de ese capítulo, lo que supone una sangría de 1.269 millones al año para las arcas municipales.

El presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho, reclamó ayer a la Generalitat y al Gobierno central que incluyan la cuestión en las negociaciones relativas al nuevo sistema de financiación. "Los excesos legislativos de los últimos años han disparado la deuda de los ayuntamientos, al traspasar a los municipios competencias sin contraprestaciones económicas", dijo.

En 2001, los gastos no obligatorios de los ayuntamientos ascendieron al 33,3% de su presupuesto. Las administraciones locales no recibieron ninguna compensación económica por la mayor parte de ese gasto, lo que supone 1.269 millones de euros al año, según los datos del informe elaborado por el Instituto de Economía de Barcelona. Lejos de detenerse, ese desembolso no deja de aumentar "por la presión que ejerce la inmigración", según Corbacho, y las demandas sociales de la ciudadanía. Ante el nivel actual de presión fiscal en los municipios, el peligro es que los ayuntamientos "se vean obligados a rebajar la calidad de los servicios que prestan actualmente", advirtió.

"La Generalitat y el Gobierno central deben poner coto a nuevos traspasos en las competencias si no aumenta el volumen de recursos que perciben los ayuntamientos", afirmó Corbacho. ¿Cómo? "A través de una ley orgánica que blinde a los municipios e impida que se traspasen más obligaciones a las corporaciones locales sin los recursos económicos correspondientes".

La vieja propuesta de Pasqual Maragall de dividir el gasto de las administraciones públicas a razón del 40% para el Estado, el 30% para los gobiernos autónomos y el 30% para los ayuntamientos está muy lejos de hacerse realidad, según los datos que maneja la Diputación. En Cataluña, el gasto de la Administración local se limita a 6.207 millones de euros, el 12,4% del gasto público total.

La propuesta de la Diputación consiste en financiar ese gasto no obligatorio "a través de una transferencia no condicionada", según Corbacho, por un importe anual cercano a 1.100 millones de euros. Eso elevaría el gasto municipal al 16% del gasto público total. Para acercarse al 30% que propone Maragall, la Diputación promueve la transferencia de las políticas de vivienda, empleo y educación "con las contraprestaciones económicas correspondientes". Ese nuevo paquete competencial elevaría el gasto público local hasta cerca del 23%.

Críticas a CiU

Corbacho, que presentará esta propuesta a la Federación Española de Municipios y a los grupos políticos con representación en el Parlament, no dejó pasar la ocasión para criticar "la nula voluntad de transferir recursos que demostró durante 23 años el Ejecutivo de CiU". Cataluña transfirió en 2004 el 3% de su presupuesto autonómico a las corporaciones locales, frente al 6% de Navarra y el 9% de Andalucía y Galicia, según el informe de la Diputación.