El Gobierno quiere extender los planes de pensiones de empleo al 70% de la población

El Gobierno vasco pretende que al menos el 70% de la población activa (por cuenta ajena o profesionales) disponga a medio plazo de un sistema de pensiones complementario al de la Seguridad Social, especialmente de la modalidad de empleo o empresa. Este es el objetivo marcado en el borrador del Plan de Previsión Social Complementaria elaborado por el Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad Social, que sin embargo no fija un plazo concreto para alcanzarlo. Euskadi es una de las comunidades en las que están más desarrollados los planes de pensiones privados, que el pasado año tenían 994.759 suscriptores y un patrimonio de 11.550 millones de euros.

El plan elaborado por la consejería que dirige Joseba Azkarraga se encuentra actualmente en fase de estudio en el seno del Consejo Económico y Social y el Consejo de Relaciones Laborales, cuyos informes son preceptivos, aunque no vinculantes. El documento incorpora una apuesta decidida por la "generalización" de los planes de pensiones privados y, dentro de éstos, de los de empleo (también llamados sectoriales, frente a los individuales), que están bastante extendidos en Guipúzcoa, pero muy poco en Vizcaya y Álava.

La voluntad del departamento de impulsar la previsión social complementaria se fundamenta en la hipótesis de que el envejecimiento de la población puede amenazar la viabilidad futura del sistema público de pensiones. De hecho, la mayor parte del texto del plan está dedicado a una "Memoria-Diagnóstico" que analiza distintas hipótesis demográficas y su impacto socióeconómico. En algunos ámbitos que han accedido al documento, ha llamado la atención el hecho de que sus redactores han elegido en todo momento los escenarios de envejecimiento de la población más desfavorables. Por ejemplo, se presta más atención a las hipótesis para España del Eurostat, en vez de las del Instituto Nacional de Estadística (INE), que valora más el factor de la inmigración como elemento corrector del envejecimiento e la población autóctona.

Así mismo, el borrador del Plan de Previsión Complementaria asume directamente para el caso de Euskadi las proyecciones del Instituto Vasco de Estadística-Eustat, que anuncian para 2015 que los mayores de 65 años supondrán el 25% de la población total (eran el 15% en 1995) y que en 2050 podrían ser el 30% y hasta el 50%. La necesidad de financiar las pensiones de más gente y durante más tiempo, dado el aumento de la esperanza de vida, y con menos personas activas puede comprometer gravemente, destaca el documento, el sostenimiento de la estructura pública de previsión social.

Aunque el departamento expresa su respaldo al afianzamiento de los "tres pilares" del sistema de pensiones -el público y universal de la Seguridad Social; el de empleo o empresa, vinculado a la negociación colectiva; y el individual (libre y voluntario)-, muestra el decidido propósito de impulsar la previsión complementaria. El motivo es tanto instrumental como político. Ante la dificultad de obtener el traspaso de la Seguridad Social en los términos pretendidos por los partidos nacionalistas, la previsión complementaria es el área donde la Administración vasca puede intervenir por tener "competencias normativas, fiscales y de apoyo administrativo y económico". "Además", añade, "su desarrollo depende de los ciudadanos y agentes sociales de Euskadi", añade.

El "objetivo final" del plan es "garantizar a toda la ciudadanía vasca unas pensiones suficientes en cuantía, sostenibles financieramente y adaptables a una sociedad cambiante". Pero su "objetivo instrumental" pasa a ser "generalizar la previsión social complementaria a través de los sistemas de empleo", por constituir la fórmula más adecuada para su extensión al máximo personas de todos los sectores sociales. Concretamente, se pretende que "un mínimo del 70% de personas perceptoras de rentas de trabajo o profesionales" dispongan por esta vía de prestaciomes complementarias "suficientes".

Los fondos de pensiones (EPSV) de empleo o empresa están más desarrollados en Euskadi que en el resto de España. A finales de 2003 (ver cuadro) su patrimonio era superior al de los planes individuales, pero el número de asociados (242.714 personas) supone sólo el 27% de la población vasca ocupada. Además su implantación es muy irregular. Está bastante extendida en Guipúzcoa (62% de la población ocupada), pero en Vizcaya (4%) y Álava (24%) sólo tiene peso en algunas grandes empresas y en la Administración.

El plan reconoce que su éxito va a depender de que tanto los empresarios como los trabajadores, a través de los sindicatos, acuerden introducir, vía convenio, los planes de previsión de empleo o "lan pensioak". Propone que tengan una aportación "suficiente", que cifra entre un 6% y un 10% del salario, y que no se podría rescatar antes de la jubilación, salvo en "situaciones objetivas y graves". En otro punto, el texto reconoce la dificultad de que las empresas entren decididamente por esta fórmula, por considerar sus aportaciones al fondo de pensiones de sus trabajadores un coste salarial añadido. Sostiene, por tanto, que "sin un adecuado marco fiscal", de apoyo "específico" a los sistemas de empleo, "este Plan no podrá cumplir sus objetivos".

Gasto deducible

Para ello, se sugiere a las Haciendas forales que ofrezcan un tratamiento fiscal "atractivo" a las aportaciones que se realicen a los planes de empleo y diferenciado de las de los planes individuales. Otra vía sería incentivar a los empresarios -"es una parte esencial en esta estrategia", se dice en el plan-, considerando sus aportaciones al fondo de previsión de la empresa "como gasto deducible en el Impuesto de Sociedades.

La puesta en práctica del plan exigiría, según el texto, la elaboración de una nueva Ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria, que adapte la de 1983 a los planteamientos que se quieren introducir, a partir de "una previa clasificación y diferenciación de las EPSV". Mediante la misma norma se crearía un Consejo Superior de Previsión Social como órgano de carácter consultivo y encuentro entre instituciones, sindicatos y patronales, y entidades de previsión, y un Observatorio de carácter técnico. En el propio plan se aconseja al Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad Social avanzar en la elaboración del borrador de la nueva ley mientras se debate y consulta la versión definitiva de aquel, aunque las posibilidades de que pueda ver la luz en los meses que quedan de legislatura son nulas.

Pese a su ambición, el coste que el plan tendría para el Gobierno es bastante modesta. Se cifra en en 3,59 millones de euros para el ejercicio de 2005, hasta llegar a los 5,9 en 2012. La mayor parte de esa cantidad se destinará a subvencionar la implantación de los planes de empleo en las empresas.