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El Tribunal Superior declara nulo el presupuesto municipal de 2002

La sentencia imputa a Álvarez del Manzano la gestión irregular de suelo municipal

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia por la que declara nulos los presupuestos de 2002 del Ayuntamiento de Madrid aprobados en solitario por el PP. La resolución judicial da la razón al PSOE, que denunció que el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano, destinó dinero obtenido con la venta de solares públicos a otros fines que no eran exclusivamente el de incrementar el patrimonio municipal de suelo, como establece la legislación.

La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, considera que sólo por la venta de solares municipales el Ayuntamiento presupuestó [en 2002] "unos ingresos de 162.273.276 euros a los que habría que añadir 20.734.918 como ingresos por aprovechamiento urbanístico". Y agrega: "De conformidad con lo dispuesto en la Ley Territorial 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, las inversiones de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid sólo ascienden a 138.833.813 euros, por lo que no se justifica el destino de 23.439.463 euros", es decir, la diferencia entre las inversiones presupuestadas y los ingresos obtenidos por la venta de las parcelas de titularidad municipal. Aunque el fallo del tribunal aumenta esta diferencia a 44.174.381 euros "si se tiene en cuenta también los ingresos por aprovechamiento urbanístico".

La edil socialista Isabel Vilallonga acusó ayer a Álvarez del Manzano de "fomentar la especulación del suelo". Según el PSOE, esta sentencia supone "un toque de atención al actual alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que debe resarcir a todos los madrileños esos 44 millones de euros que, según dice el tribunal, se invirtieron de forma irregular, en detrimento del patrimonio urbanístico del Consistorio".El artículo 176 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid enumera los destinos que se han de dar a las inversiones que se realicen con fondos obtenidos de la venta de suelo público. En general, han de revertir en incrementar el patrimonio municipal del suelo.

La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid asegura que "en ningún caso, ni la adquisición de equipos de oficina, de equipos de proceso información, otros bienes inventariables y programas informáticos, se ajustan" a este artículo de la citada ley. La resolución judicial detalla las partidas ejecutadas en 2002 que le parecen contrarias a derecho al no poder encuadrarse en Ley del Suelo.

Por ejemplo, dice la sentencia: "Resulta difícil que la partida: 'construcción de otros edificios', por importe de 15.604.889 euros, y 'otras construcciones', por importe de 1.502.531 euros, sin singularizar el destino del edificio o de la construcción pueda encuadarse en dichos fines". Y, así, la declara contrarias a derecho otras cuatro partidas de 15,6 millones, 1,5 millones, 12,4 millones, 8,3 millones y 3,7 millones de euros cada una.

La sentencia establece, además, que en el anexo de inversiones se omite la determinación de si los gastos tienen carácter anual o plurianual los años de inicio y finalización de las inversiones. Así, el tribunal decide que al afectar esta irregularidad a todo el anexo de inversiones, y su anulación afectaría a la totalidad de los prespuestos, "no puede limitarse la anulación al citado anexo, sino a la totalidad de los presupuestos".

Cuando el 25 de febrero de 2002 el Tribunal Superior decidió admitir a trámite la impugnación de los presupuestos interpuesta por el PSOE, la entonces concejal socialista Ruth Porta (hoy diputada regional) declaró que no pensaba que el tribunal "llevara tan lejos el asunto". Porta precisó que la intención de su grupo no era paralizar la actividad municipal. "No pretendemos anular los presupuestos de este año, sino proteger el interés general y que, en sucesivos presupuestos, las inversiones se detallen con transparencia, para que no escapen al control político ni al control técnico", afirmó.

"Histórica"

Porta, actual portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea, calificó ayer esta sentencia de "histórica" y manifestó que "supondría rehacer la liquidación de ese año [2002] y retraer a los presupuestos actuales para la construcción de viviendas sociales lo invertido de forma anómala".

La práctica de utilizar el dinero de la venta de suelo público en inversiones que nada tienen que ver con lo estipulado por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid fue algo que el PSOE ya denunció en los presupuestos municipales de 2001, después de que el entonces interventor del Consistorio, Vicente Arnau, emitiera una serie de informes en los que criticaba que el Ayuntamiento utilizara la fórmula de vender suelo público para obtener fondos.

El entonces concejal de Hacienda, Pedro Bujidos (PP), justificó esta práctica -que la sentencia considera contraria a derecho- en el pleno extraordinario de presupuestos de 2001: "El dinero obtenido sirve para otros fines, lo que permite congelar los impuestos municipales a los madrileños". La entonces concejal Porta le acusó de estar "vendiendo las joyas de la corona municipal, que es el suelo patrimonial, una de las riquezas de todos los madrileños".

"En siete años que llevo como concejal de Hacienda", afirmó Bujidos, "siempre he hecho los presupuestos igual y nunca la oposición los ha impugnado. Ahora montan la escandalera y meten ruido con las cuentas y el Imefe [el escándalo por el cobro de subvenciones por cursos de formación que nunca llegaron a impartirse], porque están cerca las elecciones".

La concejal socialista Isabel Villalonga declaró ayer: "[Esta sentencia] supone un asunto de gran calado político, puesto que el equipo de gobierno actual es del mismo color político. Y tendremos que tener cuidado, por ejemplo, con el destino que se le da a la venta de las 91 parcelas de suelo de propiedad municipal que ha hecho este año el alcalde Ruiz-Gallardón".

La edil socialista opinó que el actual equipo de gobierno debe resarcir a las arcas públicas los 44 millones de euros mal invertidos por Álvarez del Manzano, y aseguró que preguntará al alcalde "si después de esta sentencia considera que Manzano está capacitado para ocupar los cargos que tiene, como la presidencia de Ifema".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de diciembre de 2004