Ante la discrepancia, a favor de Urbanismo

Tras tres informes en los que Vicente Arnau, interventor municipal en 2001, cuestionaba el destino que el PP daba al dinero que obtenía por la venta de suelo, el entonces concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, ideó una solución rápida.

Del Río amenazó con llevar al pleno una resolución según la cual, en caso de discrepancia con el interventor, ésta se resolvería siempre a favor de la Gerencia de Urbanismo. Propuesta que la oposición aseguró llevaría a los tribunales en caso de aprobarse en el pleno.

El concejal de Urbanismo afirmó que los convenios que firmó para comprar tres edificios del BBVA y SCH, ubicados en los números 45 y 49 de la calle de Alcalá y en el número 12 del paseo de Recoletos, se ajustaban a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y al Real Decreto que establece el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. El interventor del Ayuntamiento, Vicente Arnau, había señalado en un informe lo contrario. Criticaba que los edificios fuesen comprados mediante la permuta de terrenos municipales.