Los constructores rechazan la ley del Suelo por encarecer más los pisos
Plantean reducir al 30% la cuota de vivienda protegida
Los constructores y promotores de vivienda en Euskadi rechazan de plano de la ley del Suelo proyectada por el Gobierno, que, a su juicio, es continuista y encarecerá aún más el precio de los pisos. Defienden reducir a la mitad la actual cuota de vivienda protegida y potenciar los pisos de "precio medio". "Que el dinero [público] no se destine a construir vivienda, que lo podemos hacer nosotros, sino a preparar suelo".
Las tres asociaciones de promotores y constructores -la vizcaína Ascovi, la alavesa Uneca y la guipuzcoana Ascongi- valoraron que la norma impulsada por el consejero Javier Madrazo (EB) no resuelve lo que consideran el principal problema: la falta de viviendas a precios medios. Este sector, que ocupa a 90.000 trabajadores y 6.670 empresas que invierten al año 200 millones de euros, augura que la ley aumentará "la distancia" actual entre las viviendas libres y las de protección oficial.
Los constructores aseguran que los elevados precios les perjudican, "porque no se construye lo que se necesita". "Se requieren 21.000 viviendas al año y se hacen 13.000", indican, lo que sitúa al País Vasco en el último puesto de España, con "6,5 viviendas libres por cada 1.000 habitantes frente a las 13,5" de la media española.
En la valoración que ayer realizaron en Bilbao del proyecto -ahora en fase de enmiendas en el Parlamento vasco-, se atribuye los altos precios al el elevado coste del suelo, que "supone entre el 30% y el 50% del total de una vivienda libre", y, en segundo lugar, al intervencionismo de la Administración.
Los promotores se refirieron ayer al exceso de actuaciones administrativas, la lentitud de la gestión urbanística y la elevada cuota de vivienda protegida, ahora establecida en el 65% del total de inmuebles construidos y que la nueva normativa plantea subir al 70%. A su juicio, este porcentaje debería disminuirse al 30% y potenciar las viviendas de precio medio, en torno a los 180.000 euros, con lo que la iniciativa privada participaría en la ejecución. Afirman que los pisos protegidos son "inabordables" económicamente por los promotores privados y que sólo intervienen en la parte de vivienda libre, donde se traslada el aumento de precios. "[La vivienda protegida] está siendo construida por la iniciativa pública perdiendo dinero".
Además, defienden que la nueva normativa posibilite la venta de pisos protegidos sin sorteo y a mayor precio, y que se amplíe el abanico de costes con diferencias entre municipios. "Puede que en uno esté a 25 millones de pesetas [150.000 euros] y en otro municipio a 35 [210.000 euros]", apuntaron.
Los constructores abogan por una mayor agilidad en los trámites administrativos del planeamiento, porque pasan "cinco o seis años desde la compra del suelo hasta que se empieza a construir, y eso encarece" los pisos. Además, muestran su recelo ante la una de las novedades del proyecto, el agente urbanizador, que pretende acortar los trámites para disponer del suelo. "Es un riesgo. Introducir un nuevo sistema anulando lo demás, no tiene sentido. Lo que hay que hacer es mejorar la agilidad en la gestión urbanística".
Las patronales del sector censuraron su falta de participación en la nueva normativa y criticaron iniciativas como la de la Diputación de Vizcaya de promover vivienda. También se oponen a regular las edificabilidades máximas y mínimas, porque es "una desconfianza hacia los ayuntamientos".
