El Consell enjugará su déficit con 970 millones de deuda pública y un ajuste contable de 780 millones

La Generalitat enjugará su déficit presupuestario con una emisión de deuda pública de 970 millones de euros y unos ajustes en sus ingresos y gastos de 780 millones en los siguientes tres años. El plan de saneamiento financiero aprobado el martes por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), permitirá al Consell, sin embargo, recurrir a un crédito ampliable para contingencias. Los socialistas valencianos valoran el documento en su justo término: "Es un instrumento que intenta introducir una cierta racionalidad financiera donde no la hay". El Ministerio de Economía vigilará que se cumpla el programa.

Camps reajustó todas las cuentas y anunció una de medida impopular: el impuesto de hidrocarburos

El primer plan de saneamiento de la Generalitat que presentó el consejero de Hacienda valenciano, Gerardo Camps, al Ministerio de Economía en octubre apenas tiene que ver con el documento aprobado el martes por el CPFF. El vicepresidente del Gobierno Pedro Solbes había exigido en septiembre a las comunidades con más déficit (Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia) un plan para sanear sus cuentas y llegar en 2008 al equilibrio presupuestario o déficit cero.

La reacción del Gobierno central al primer borrador del plan valenciano fue de cierto asombro, según fuentes gubernamentales, y si bien el Ejecutivo decidió no entrar a discutir las ideas en que se ha inspirado el documento, sí ha exigido coherencia y rigurosidad en las cifras. En las semanas previas al CPFF, donde se sientan representantes de la Administración central y de las 17 comunidades autónomas, el equipo del vicepresidente económico Pedro Solbes y el de Gerardo Camps corrigieron en una serie de contactos puntuales los aspectos que más chirriaban.

Los cambios tenían que ver con ajustes técnicos en las cantidades, lo que obligó a Camps a asumir con cargo a sus propias cuentas el déficit de 971 millones de euros del Presupuesto de 2003 en lugar de los 304 que estaba dispuesto en un principio, mientras el resto quedaba en el aire a expensas de que el Gobierno de Zapatero actualizase el sistema de financiación sanitario, al que el Consell responsabiliza de su elevado déficit. Camps reajustó todas las cuentas y anunció una de las medidas más impopulares del plan: la aplicación a partir de 2005 de un recargo sobre el impuesto de hidrocarburos, una medida que no se había atrevido a poner en marcha hasta la fecha, y que le permitirá ingresar 113 millones de euros durante la vigencia del plan. Para su aplicación deberá aprobar una ley, por lo que no se prevé que el recargo se aplique desde enero como se dijo en un principio.

En los contactos bilaterales, Gerardo Camps también varió algunos aspectos que no eran asumibles para el CPFF; así, del plan original, ha desaparecido un compromiso de 270 millones de euros acordado, según el consejero, con el anterior Gobierno central que carecía de respaldo documental. También se ha eliminado la mención a que las diferencias entre la reducción programada del déficit y la real se cubran con aportaciones del Estado, por lo que éstas deberán contar con más deuda pública. De este modo, el saneamiento entre 2005 y 2008 -un año más de lo previsto inicialmente- se harán por la vía de la emisión de deuda pública y la de los ajustes contables con la vista puesta en que las cuentas públicas valencianas se ciñan poco a poco a los criterios SEC (los que se aplican a la contabilidad nacional).

De acuerdo con este escenario, la Generalitat emitirá en estos cuatro años 950 millones de deuda pública neta y hará ajustes contables en ingresos y gastos por valor de 780 millones de euros. En las conversaciones con el Ministerio de Economía y más tarde durante el debate en el Consejo de Política Fiscal no ha sido posible, sin embargo, que el Estado interfiriese en los Presupuestos de 2005. Camps apeló a la autonomía de la Comunidad Valenciana para evitar que se cuestionasen los presupuestos de 2005, primer año de vigencia del plan, lo que ha llevado a los partidos de la oposición a sospechar que este plan es un instrumento que intenta introducir cierta racionalidad financiera donde no la hay, y anuncian que vigilarán su cumplimiento de cerca.

De todas las medidas, la que más reacciones ha provocado en la oposición ha sido la del impuesto sobre los carburantes. El secretario de Economía del PSPV-PSOE, Enrique Villarreal, ha criticado que el Consell del PP tenga que subir los impuestos a los ciudadanos para "pagar su política de despilfarro". Villarreal achacó este aumento de los impuestos a "la política manirrota y equivocada del PP valenciano desde los tiempos de Eduardo Zaplana". Y añadió: "De hecho, ahora son los valencianos los que tienen que 'sacarle las castañas del fuego' al Consell por los miles de millones que ha dilapidado en inversiones fracasadas como Terra Mítica o la Ciudad de la Luz". El portavoz adjunto de EU-Entesa, Joan Antoni Oltra, coincidió en que el plan revela la "desastrosa" política económica del Consell e insistió en que es "injusto que pague la ciudadanía los defectos y los fallos de una política de ostentación".