Medicamentos

En el enésimo intento de poner freno al desbocado gasto farmacéutico, que este año superará el 9%, la ministra de Sanidad ha anunciado una batería de medidas, entre las que sobresale una reducción de los precios en un 7% de aquí a 2006. Esta rebaja se suma a la tasa del 2% de la facturación que los laboratorios están obligados a satisfacer, con la que el Gobierno sustituyó unilateralmente un pacto, propiciado por el anterior Ejecutivo, con el que la industria farmacéutica se encontraba especialmente cómoda. Consistía en que los laboratorios se comprometían a retornar al erario público una parte del exceso de gasto para destinarlo a investigación, lo cual tenía un efecto perverso, pues la mayor disponibilidad de recursos para la ciencia dependía de que se engordara la factura farmacéutica.

La industria ha acogido siempre con aspavientos cada intento de poner coto al incremento, alegando que afectará a la investigación e incluso a las plantillas. Pero tan negros augurios nunca se han cumplido y, en cambio, los pactos han dejado maniatados a los sucesivos Gobiernos y han impedido que se aplicaran medidas realmente eficaces, no sólo para contener el gasto, sino también para mejorar la prescripción. Ahora, por primera vez, lo que se anuncia no es un mero recorte del gasto, sino un plan que incluye medidas mucho más importantes para la salud pública, como la regulación de la actividad de los visitadores médicos de los laboratorios y la adopción de mecanismos para garantizar información independiente y fidedigna a los facultativos sobre las propiedades de los medicamentos.

Es conocido que la mayoría de los congresos están pagados por la industria, que las sociedades médicas dependen cada vez más peligrosamente de la financiación de los laboratorios y que muchos de los ensayos clínicos que éstos subvencionan no tienen otro objetivo que fidelizar a los médicos. Una somera revisión de la prescripción indica que muchos de los medicamentos más recetados y caros no son los de mayor valor terapéutico. Hay un amplio recorrido por hacer en la mejora de la prescripción, que coincide con el trecho de ahorro que, sin afectar a los beneficios, le queda a la industria farmacéutica reduciendo las astronómicas partidas que dedica al patrocinio y promoción de sus productos. A la ciudadanía le importa que no haya despilfarro en el gasto público, pero sobre todo, tener la seguridad de que los medicamentos que usa son los mejores, no los que tienen más promoción.