El fiscal pide que se exculpe al ex inspector de Hacienda Aguiar
La fiscalía afirma que cuando se enriqueció ya no era funcionario
La fiscalía ha solicitado del juzgado de Barcelona que investiga desde hace años la supuesta trama de corrupción en la Delegación de Hacienda de Cataluña el sobreseimiento provisional de las diligencias contra el ex inspector Ernesto Aguiar por considerar que han prescrito los supuestos delitos fiscales que cometió al recibir en 1990 y 1991, en una cuenta suiza, 235 millones de pesetas (1,41 millones de euros).
El fiscal argumenta también que en esa época Aguiar ya no era funcionario público y que, en todo caso, su actividad privada fue ajena a los hechos que investiga desde el año 2000 el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona por los delitos de prevaricación y cohecho, entre otros, que supuestamente cometieron algunos inspectores de Hacienda al tramitar los expedientes para favorecer a significados empresarios de esa ciudad.
Por este caso están inculpadas una veintena de personas y en el caso concreto de Aguiar es muy probable que, tras la petición del fiscal, la juez le exculpe provisionalmente. El ex inspector había solicitado esta medida en dos ocasiones y en ambos casos fue rechazada. A preguntas de EL PAÍS, Ernesto Aguiar declinó ayer pronunciarse sobre la petición de la fiscalía argumentando que iba a darse un plazo de seis meses antes de hacer cualquier consideración y decidir cómo actuará.
Aguiar había sido inspector de Hacienda desde 1980, delegado especial para la Agencia Tributaria de Cataluña entre 1984 y mayo de 1988, y director general de Coordinación de Haciendas Territoriales desde entonces hasta octubre de 1990.
Diferente moneda
Su imputación judicial se produjo al descubrirse que tenía una cuenta en la entidad suiza Banque Paribas en la que recibió cuatro impresos en diferente moneda por un importe total de 235 millones de pesetas (1,41 millones de euros) entre septiembre de 1990 y febrero de 1991. El dinero procedía de otras cuentas abiertas en bancos extranjeros en las que estaba autorizado a disponer Juan José Folchi, conocido abogado fiscalista de Barcelona.
Al parecer, explica el fiscal, esos fondos eran de titularidad del Grupo Torres-Kio, para el que entonces trabajaba Folchi, cuya gestión derivó en varios procesos penales contra él, alguno ya concluido. Folchi también está imputado en esta misma causa.
Aguiar y el también inspector de Hacienda José María Huguet, igualmente imputado y con otra cuenta corriente en la que recibió el mismo dinero que el primero, declararon a la juez en su día que ese dinero procedía de sus beneficios en Bolsa. El fiscal afirma que esa declaración supone la acpetación de que cometieron diversos delitos contra la Hacienda pública en los ejercicios fiscales de 1986, 1987 y 1988, aunque ya están prescritos.
El fiscal sostiene también que mientras Aguiar fue inspector de Hacienda "actuó en un número muy reducido de expedientes tributarios (...) en ninguno de los cuales se ha podido detectar irregularidad significativa alguna", a diferencia de Huguet. El fiscal recuerda que "la suerte procesal" de ambos inspectores ha estado ligada en este tiempo y que ha llegado el momento de deslindar uno de otro.
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