Francia no ve ningún 'escándalo Barrot'

¿Pero qué ha hecho el francés Jacques Barrot para merecer un escándalo allende las fronteras? Ni la clase política, ni la periodística, se lo explican. Más allá del silencio que reina en Francia sobre el problema de su comisario, hay dos datos incuestionables: Barrot no fue condenado por financiación ilegal de carácter personal, ni por haber manejado dinero del partido, sino porque en su calidad de secretario general debía estar al tanto de lo que se hacía. El segundo dato es que se le aplicó una amnistía inmediata y automática, a él y a los demás condenados en el mismo sumario, lo cual confirió un carácter simbólico a las penas pronunciadas.

Jacques Barrot era el secretario general de un partido ya desaparecido, el Centre des Démocrates Sociaux (CDS), cuando esta organización recibió una serie de "donaciones" empresariales. El montaje era de lo más banal: entregas en efectivo o transferencias de fondos de empresas constructoras, promotoras inmobiliarias y entidades que necesitaban concesiones públicas a dos cuentas abiertas en la Unión de Bancos Suizos (UBS), de Ginebra, a nombre de una consultoría llamada Stratégie et Méthodes (SEM), que luego se demostró había servido de tapadera del partido para acarrear fondos.

Ningún sector de la vida política francesa ha sido ajeno a ilegalidades económicas

Barrot no fue condenado por financiación ilegal de carácter personal

Como ocurre con frecuencia en este tipo de casos, lo primero que hay que hacer es filtrarlo a la prensa. A alguien le interesó hacerlo a mediados de los años noventa y el asunto apareció en el semanario Le Canard Enchaîné. De todas las sumas que pasaron por las cuentas suizas, sólo llegó a juicio un desvío de fondos por valor de cinco millones de francos. Las donaciones empresariales a los partidos habían sido toleradas hasta entonces en Francia, pero ese dinero en concreto afloró y fue "utilizado", cuando la legislación francesa acababa de cambiar (a fuerza de escándalos periodísticos), convirtiendo esas donaciones en ilegales.

Jacques Barrot aseguró en el juicio que lo desconocía todo sobre los circuitos usados para llenar las arcas del partido. "Mi papel fue únicamente político", insistió. Una vez publicada la sentencia, Barrot protestó porque el tribunal no había probado "ningún acto de participación concreta en ese delito" que le afectara a él y había fijado su responsabilidad penal bajo la simple deducción de que, como era secretario general, debía estar al corriente. "Y si no apelo contra esta decisión es por la imposibilidad de hacerlo, al tratarse de una condena amnistiada y por tanto, no sucedida".

Las penas pronunciadas en ese caso cayeron en el ámbito de una ley dictada cinco años antes, que amnistiaba las condenas inferiores a nueve meses de prisión "sin obligación de cumplimiento" para infracciones político-financieras cometidas antes del 18 de mayo de 1995 (como era el caso). Barrot y todos los condenados en este asunto recibieron penas inferiores a nueve meses, por tanto, dentro del límite previsto para la amnistía automática.

Los medios de comunicación franceses apenas han movido una ceja al saber que Barrot omitió mencionar el resultado del juicio al Europarlamento. No menos discreta ha permanecido la totalidad de la clase política francesa, en la que siguen en activo personas implicadas en casos antiguos de financiación ilegal. Henri Emmanuelli, actual diputado y jefe del ala izquierda del Partido Socialista, fue condenado en firme a 18 meses de prisión (sin obligación de cumplimiento) y a dos años de privación de derechos cívicos, pasados los cuales ha reanudado su vida política y ha sido reelegido sin problemas. Alain Juppé, condenado en enero pasado por un asunto de financiación ilegal del antiguo partido neogaullista RPR, aguantó seis meses con todos sus cargos, después de la sentencia, antes de renunciar a ellos. Ahora espera la sentencia de apelación.

Prácticamente ningún sector de la vida política francesa ha sido ajeno a ilegalidades financieras. Y en el caso de Barrot, "la amnistía ha de tomarse en serio", argumentaba ayer un destacado periodista. Los medios franceses han dedicado espacios muy secundarios al caso, en general para denunciar un montaje "politiquero" o señalar el carácter marcadamente "antieuropeo" del diputado británico Nigel Farage, que sacó a la luz pública, en la Eurocámara, el pasado judicial de Barrot.

En privado, hay personas en Francia que achacan al comisario europeo haber cometido el error de ocultar un dato al Parlamento comunitario, sin darse cuenta de la sensibilidad provocada por las tensiones entre la cámara y la comisión Barroso. Para otros, la sala undécima del Tribunal Correccional de París, que pronunció la sentencia que afecta a Barrot, dejó bien clara su intención de dictar una resolución relativamente moderada: no quiso dejar impunes los hechos, pero le aplicó una sanción simbólica y sin efectos precisos, a causa de una ley de amnistía con la que se contaba de antemano. Por el momento, en Francia no se ve donde está el drama.