La Gescartera de los jamones

Antonio Herrera era para todos un buen hombre. Nadie en Trevélez (Granada) podía sospechar nada raro de ese vecino de buena familia y con estudios que, tras trabajar una temporada en la sucursal de la caja de ahorros del pueblo, decidió hace 11 años dedicarse a la principal empresa de este rincón de la Alpujarra: el jamón. En diciembre de 1993, Herrera se convirtió junto a su mujer en administrador de Jamones Fernando, una empresa familiar que, en poco tiempo, se convirtió en uno de los principales establecimientos del pueblo dedicados a su producto señero. Durante años pidió a sus paisanos que invirtieran sus ahorros en su compañía a cambio de intereses de entre el 18% y el 22%. Pero el pasado 28 de septiembre desapareció. Con él se esfumaron las aportaciones que los afectados valoran en 23 millones de euros.

En un pueblo en el que se conocen todos, Herrera ofrecía un negocio redondo. "Empezó pidiendo dinero a sus amistades", explica Antonio López, presidente de la plataforma de perjudicados que exige que se le devuelvan los 42.000 euros que le entregó a cambio de un interés del 18%. "Con el tiempo se corrió la voz", prosigue. "Herrera se sentaba a tu lado y hacía números comparando lo que te podía dar el banco por tu dinero con lo que te darían los jamones, y claro, te convencía porque tenía un pico de oro", añade el treveleño, jamonero como su deudor, frente a uno de los secaderos del pueblo por donde, casualmente, pasa José Antonio Martín.

Martín ha resultado, si cabe, todavía más perjudicado que López. Hace dos años entregó a Herrera 120.000 euros. El empresario desaparecido le correspondió con un papel en el que se comprometía a abonarle un 22% de intereses a razón de 2.200 euros al mes. El documento establecía que, cuando se cancelara el préstamo, en caso de que no pudiera devolverle la inversión, Herrera respondería con sus jamones y, en su defecto, con su propia empresa. Jamones Fernando cumplió hasta el pasado septiembre, cuando Herrera dejó de pagar los intereses y se largó con el principal.

Al tam-tam del dinero fácil no sólo acudieron empresarios del sector. Otros muchos treveleños, según la plataforma de perjudicados, vaciaron sus calcetines con los ahorros de toda la vida y se los entregaron al ahora fugado. "Se trata en muchos casos de dinero no declarado, por eso ahora hay mucha gente que no se atreve a hablar", explica López. Entre ellos se encuentra el propietario de una tienda de alimentación abierta junto a las oficinas del desaparecido, que se pregunta dónde se encuentran los 18.000 euros que le confió. "[Herrera] decía que con el dinero compraba jamones para curarlos", dice el comerciante. "Al venderlos se comprometía a darte el 50% de los beneficios como intereses", añade.

El dueño de Jamones Fernando aceptaba también inversiones en especie, es decir, en perniles. Los empresarios se los cedían para que él los colgara en los secaderos de la empresa a cambio de una comisión en los beneficios de su posterior venta, lo que los treveleños llaman la maquila (porción de grano, harina o aceite que le corresponde al molinero por la molienda, según el diccionario de la Real Academia). Pero, los perjudicados aseguran que Herrera extendía varios recibos con el mismo número a nombre de personas distintas por una misma partida de jamones. El resultado, dice López es que, según los albaranes, "cada una de las piezas que permanecen en los secaderos tienen dos o más dueños".

Dueños que, además, ni siquiera pueden disponer de ellos, porque, según el abogado de 50 de los perjudicados, José Bernardo Muñoz, Herrera los utilizó como garantía para pedir préstamos a una caja de ahorros. Desde que el empresario desapareció, todos esos jamones están hipotecados (pignorados, en términos jurídicos) por la Caja Rural de Granada en tanto que el dinero no se devuelva.

Los cientos de denuncias de los acreedores han derivado en dos procesos judiciales. El primero, de carácter penal, lo lleva un juzgado de Instucción de Órgiva. El segundo ha declarado la quiebra de Jamones Fernando destituyendo a sus administradores y nombrando a otros dos que ahora estudian la situación financiera de la empresa y los títulos de los distintos acreedores con el objeto de esclarecer cómo hacer frente a las múltiples deudas. El próximo martes, los administradores judiciales se reunirán con los afectados para informarles sobre el haber y el debe de Jamones Fernando que, según gritaron en la manifestación convocada el pasado lunes en Órgiva, ha dejado a muchos en la ruina.