Derecho al silencio
El fallo favorable a una demanda contra el ruido interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una profesora de instituto de Valencia satisface en primer lugar a la demandante, pero también a tantos y tantos ciudadanos que estoicamente tienen que soportar el jaleo acústico y se ven frustrados por no ser atendidas sus reclamaciones y mermados en su calidad de vida.
Pilar Moreno Gómez ha tardado 10 años en ver justamente cumplidas sus exigencias tras un valeroso peregrinaje por el Ayuntamiento valenciano, el Tribunal Superior de Justicia, el Constitucional y finalmente la Corte de Estrasburgo. Ésta ha condenado al Gobierno español al pago, en el plazo de tres meses, de 8.384 euros por pasividad ante la invasión sonora desde locales nocturnos en un barrio de Valencia. Lo paradójico del litigio es que las autoridades municipales reconocieron que esa zona estaba "acústicamente saturada" y que por consiguiente a la demandante le amparaba la razón cuando se lamentaba de no poder dormir ante el bombardeo musical que venía de los bajos del edificio donde vivía. El Constitucional, en una de esas sentencias ajenas al más elemental sentido común, desestimó la demanda por carecer de pruebas de que el ruido perturbara su bienestar y significara un ataque al derecho a la vida privada.
España ocupa el segundo lugar después de Japón en la clasificación de países más ruidosos. Recientes estudios estiman que entre la mitad y dos tercios de la población de las ciudades medianas y grandes españolas soportan niveles de ruido inaceptable. Muchos locales públicos, incumpliendo las normas, rebasan la barrera de 45 decibelios establecida por la Organización Mundial de la Salud. Aunque la sensibilidad por el silencio que existe en otras sociedades comienza a percibirse también aquí, es hora de que se comprenda que el derecho al silencio no tiene por qué ser interpretado como un capricho de maniáticos.
