Grupos ecologistas afirman que la sentencia es un "golpe mortal"

Las organizaciones ecologistas acogieron ayer con indignación la sentencia del Tribunal Constitucional que cede la gestión de los parques nacionales a las comunidades autónomas. Para los ecologistas, el Ministerio de Medio Ambiente ha frenado siempre las presiones de las autonomías para fomentar el turismo en los parques frente a la conservación de la biodiversidad. Aseguran que la sentencia es un "golpe mortal" a la Red de Parques Nacionales.

El director de Greenpeace, Juan López de Uralde, aseguró que la sentencia es el primer paso para desmantelar la Red de Parques Nacionales: "No va a haber un modelo común de gestión y los parques nacionales se van a parecer cada vez más a los parques naturales de las autonomías, y muchos de ellos no son un ejemplo de conservación".

El director ejecutivo de la organización ecologista Seo/Birdlife, Alejandro Sánchez, calificó la sentencia de disparate: "Doñana no pertenece a Andalucía, igual que el Museo del Prado no pertenece a la Comunidad de Madrid". Y añadió: "Veremos que la mayoría de comunidades autónomas apuestan por el turismo y otras por la biodiversidad".

Una queja común es que en los últimos años el ministerio ha actuado como freno ante las comunidades autónomas, más preocupadas por atraer turistas que por preservar el parque. El coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, afirma que en la última reunión de la Red de Parques Nacionales, celebrada hace dos semanas, los consejeros autonómicos "sólo pidieron dinero para mejorar los accesos y construir aparcamientos, mientras que el ministerio y los ecologistas hablábamos de aumentar el personal del parque o de cómo conservar la naturaleza". Según Oberhuber, uno de los tres ecologistas presentes en la Red Nacional de Parques Nacionales, las peticiones eran similares en autonomías gobernadas por el PP y por el PSOE.

Cómo frenar un error

Una de las preocupaciones de los ecologistas es que la sentencia no fija cómo podrá el Gobierno frenar un desmán de una autonomía. Fuentes de Medio Ambiente señalaron que la existencia del Plan Director Nacional que fija las líneas maestras de todos los parques y la presencia del ministerio en el patronato de cada espacio es suficiente para que la gestión se ajuste a la que necesita un parque nacional.

Los ecologistas discrepan. López de Uralde lamentó que en los 108 folios de la sentencia, el Constitucional no hable de biodiversidad ni de criterios ecológicos: "Han primado criterios políticos y de competencias, pero la sentencia no se ha hecho pensando en los parques nacionales".

Juan Carlos del Olmo, de WWF/Adena, se preguntó: "¿Quién va a impedir construir una carretera a los Picos de Europa o la ampliación de la estación de esquí de Sierra Nevada si lo decide un consejero?". Hasta los clubes de montañeros se sumaron a la crítica.