El PSE amenaza con dejar a Rabanera sin cuentas por un conflicto competencial

La Diputación de Álava, que gobierna el PP en minoría, se enfrenta a un nuevo y serio escollo en su intención de aprobar sus presupuestos para 2005. El portavoz socialista en las Juntas Generales, Juan Carlos Prieto, amenazó ayer con rechazar las cuentas si el Ejecutivo foral de Ramón Rabanera lleva a los tribunales el conflicto de competencias que planteó contra la Mesa de las Juntas. Rabanera considera que el Legislativo provincial no puede modificar el gasto de un proyecto de norma (en este caso, de ayudas a ancianos), pero la Mesa opina que sí, al estar las cuentas de este año prorrogadas. El ex diputado general y juntero socialista Emilio Guevara da la razón al PP en el debate jurídico.

La tensión entre socialistas y populares ha ido creciendo en Álava en las últimas semanas. Si el pacto entre el PP y el PNV para sacar adelante varias normas forales de ayudas a pueblos con una elevada dotación presupuestaria ya crispó a mediados de octubre los ánimos del portavoz socialista, Prieto llegó ayer a lanzar un ultimátum al diputado general. "Nuestro grupo no va a aceptar ningún acuerdo de alcance político con el Gobierno foral si el Ejecutivo continúa adelante con el conflicto de competencias" que planteó contra la Mesa de la Cámara foral, enfatizó el dirigente del PSE en el pleno de las Juntas.

El portavoz peneuvista, Álvaro Iturritxa, fue todavía más allá y amenazó con presentar una moción de censura contra el Ejecutivo si mantiene abierta la vía del enfrentamiento contra el Legislativo foral.

En vísperas del debate presupuestario en las Juntas, el ultimátum socialista supone casi un órdago, ya que para el PP va a ser muy complicado dar marcha atrás a su decisión. El equipo de Rabanera lo ha planteado como un asunto de calado jurídico: "No puedo dejar esa herencia al que venga después de mí, sea del partido que sea", enfatizó ayer el diputado general en el pleno, ya que, en su opinión, estaría hipotecando competencias exclusivas del Gobierno foral si permite que las Juntas pueden modificar el gasto sin atribuirlo a ninguna partida o crédito concreto.

El PP ha amenazado con acudir a los tribunales para dirimir una cuestión que ayer se le complicó un poco más. El pleno de las Juntas aprobó con los votos de toda la oposición una propuesta de la Mesa que se atribuye la razón y critica esa intención de judicializar los conflictos de competencias institucionales.

Rabanera reúne hoy a su equipo en la cita semanal del Consejo de Diputados, donde analizará la situación, aunque posiblemente no adoptará decisión alguna. Al disponer de plazo suficiente para acudir a la justicia ordinaria, es más que posible que recabe nuevos informes jurídicos antes de dar ese paso. El problema para el equipo de Rabanera es que su única opción para sacar adelante los presupuestos de 2005 pasa por los socialistas, que hasta ayer estaban dispuestos a entrar en una negociación en el trámite de enmiendas.

Si la advertencia del PSE puede tener efectos inmediatos, la del PNV es a medio plazo. Sólo si el desencuentro entre socialistas y populares se agrava podrían cumplir su amenaza y arriesgarse presentando una moción de censura.

El conflicto de competencias nació en junio pasado a raíz de varias enmiendas presentadas por el PSE, el PNV y EB a un proyecto de norma foral que regulaba las ayudas económicas a las personas que atienden en el domicilio a familiares mayores. Las enmiendas modificaban el gasto asignado al proyecto elevándolo en 261.000 euros. Ante esa situación, el Ejecutivo foral aplicó el derecho de veto a la tramitación de esas enmiendas, veto que desoyó la Mesa de las Juntas y pasó a pleno.

El artículo 112 del Reglamento de las Juntas permite el veto de la Diputación si las enmiendas suponen un incremento del gasto previsto, o merma del ingreso, sin especificar de dónde salen los fondos. Según la tesis de Rabanera, la Mesa de las Juntas, que también elaboró un informe jurídico para adoptar esa decisión, se ha atribuido una función de su Gobierno -el control del gasto- y, al rechazar el veto, ha asumido facultades que no le corresponden, además de invadir competencias exclusivas de la Diputación.

La Mesa replica con el argumento de que en situaciones de prórroga presupuestaria no es aplicable el derecho de veto a la tramitación de ese tipo de enmiendas que suponen un aumento de créditos.

El juntero socialista y ex diputado general Emilio Guevara discrepó ayer del PSE sobre el fondo jurídico del conflicto. "Como abogado creo que la Diputación tiene razón en el argumento jurídico, diría que al 100%", explicó, si bien también tachó de "torpe" al PP por no prever el conflicto y evitarlo con un "poco más de cintura política antes de llegar a esto".