El Gobierno propone añadir una cláusula sobre Europa en la reforma de la Constitución

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, apostó ayer por añadir una cláusula sobre Europa al artículo 93 de la Constitución española para evitar de esa forma posibles choques con el Tratado de la Unión Europea y, al mismo tiempo, "superar la anomalía" que supone no tener en la Ley Fundamental referencias a la construcción de la UE. La fórmula propuesta por el ministro implica dejaría constancia de la "compatibilidad" entre ambos textos y aclararía la redacción del artículo 93 de la Constitución, que López Aguilar considera "críptico".

El artículo 93 de la Constitución dice: "Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión".

Para el ministro de Justicia, el artículo 93 puede resultar demasiado "críptico" tal y como está redactado actualmente, por lo que sería "perfectamente razonable" plantear una modificación que introduzca la "cláusula Europa", en la que se aclare que la Constitución española es "perfectamente compatible" con la europea y que la nación española es "compatible con una supranacional", es decir, la Unión Europea.

Esa modificación constitucional, que no conllevaría en ningún caso la disolución de las Cortes para su aprobación, fue defendida por el ministro en una conferencia pronunciada ayer en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. En la misma, el titular de Justicia incidió en que corresponde ahora al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la compatibilidad de la Ley Fundamental española y el Tratado europeo y la posible necesidad de abordar una reforma constitucional.

López Aguilar aseguró que el Ejecutivo considera un acontecimiento "de especial trascendencia" la aprobación de ese Tratado, motivo por el que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha resuelto convocar un referéndum "consultivo" para dar "legitimación a la decisión política de decir sí a la Constitución europea" y no para "reformar la Constitución española o ratificar la europea".

Será después del 20 de febrero, recalcó, cuando haya que decidir a través de qué vía se "perfecciona" el consentimiento del Estado para incorporar jurídicamente el Tratado europeo y, "en su caso y en segundo lugar", a través de qué vía "eso tiene su impacto en la propia Constitución española", que contaría con dos años para su reforma en este punto. "Estamos preparados para que se cuaje de la forma más exigente y más gráfica, que es incorporando a la Constitución española una cláusula sobre Europa, como ha sucedido en todas las democracias de nuestro entorno", reiteró.

El ministro se refirió también a otras reformas de la Constitución que pretende afrontar el Ejecutivo socialista y trató de justificarlas. En este contexto, el titular de Justicia aludió a la reforma que permitirá que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla sean citadas en la Constitución. Para López Aguilar, "ya hace falta" que aparezcan enumeradas "por su nombre" en el texto constitucional.

En cuanto a la posible reforma del Senado, López Aguilar declaró que resultaría "razonable" que en España, donde existe descentralización del poder y un sistema parlamentario bicameral, el Senado cumpliera un papel de "integración", además de representación, de la diversidad territorial.

El ministro también aludió al principio de igualdad entre hombres y mujeres, que debe reflejarse en la sucesión en la jefatura del Estado, y aseguró que el Gobierno es consciente de que el hecho de que la modificación de ese artículo referente a la Corona deba producirse por la vía del 168 -que implica disolución de Cortes y la posterior convocatoria de referéndum- la convierte en la reforma de más difícil procedimiento.

Por otra parte, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó ayer emplazar, en el plazo máximo de un mes, al Gobierno, el Congreso y el Senado para que "expresen su opinión fundada sobre las cuestiones planteadas en el requerimiento del Gobierno de la nación" en relación con el dictamen solicitado por este al alto tribunal sobre si la Constitución europea contiene contradicciones respecto a la española.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, acordaron renunciar ayer a la posibilidad de que el Congreso y el Senado, además del Gobierno, trasladen su opinión sobre el caso al Tribunal Constitucional . Esta decisión responde a la pretensión de acelerar el proceso de consulta del Tribunal Constitucional, que se recortará así al menos un mes. En 1992, con motivo de la reforma de la Constitución para adaptarla al Tratado de Maastricht, Congreso y Senado también renunciaron a presentar alegaciones.