Contenciosos materiales, morales y legales

La Iglesia católica tiene en España, frente al Gobierno socialista, una amplia y creciente lista de discrepancias.

- Financiación. Tras un periodo de transferencia bruta a la Iglesia católica, a cargo de los Presupuestos Generales, el Estado adoptó la casilla voluntaria del IRPF para otorgar a la jerarquía católica el 0,52% por cada declarante que lo solicitase. Como los obispos no recaudan lo suficiente, el Estado completa sus necesidades: 450 millones de euros desde 1988 a 2002. El PSOE propone que cada confesión se financie con aportaciones voluntarias. La Iglesia católica pide el 0,8% del IRPF.

- Educación. Los colegios deben ofrecer la asignatura de catolicismo a los alumnos que la soliciten. Los obispos piden que sea evaluable y que tenga una alternativa seria.

- Matrimonio homosexual. La Iglesia católica condena la unión de personas del mismo sexo e dice que el matrimonio válido es el de hombre y mujer.

- Aborto. El Gobierno propone extender la despenalización en las primeras 12 semanas sin que haya que aducir motivos. Los obispos califican cualquier interrupción de un embarazo como "holocausto silencioso".

- Divorcio. La ley existe desde 1981, pero el Gobierno quiere agilizar los trámites hasta facilitar un divorcio en 10 días. Los obispos lo ven como "un nuevo atentado".

- Células madre. Aunque el Gobierno sólo autorizará la investigación con fines terapéuticos y con estrictos controles, la Iglesia sigue hablando de una "agresión" contra los embriones como "seres humanos".

- Eutanasia. El Gobierno dice que no habrá legalización en esta legislatura y la Iglesia católica lanza una campaña hablando de "homicidio".