El Gobierno de Murcia recalifica 2.116 hectáreas desprotegidas por una ley recurrida

El Gobierno de Murcia (PP) ha recalificado 2.116 hectáreas del litoral, que hace tres años formaban parte de un parque regional, situadas en los municipios costeros de Águilas y Lorca, en la Marina de Cope, como parte de una iniciativa que prevé una inversión de 3.800 millones de euros para crear 11.000 viviendas, 23.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf y una marina interior. Este proyecto, el mayor previsto en todo el Mediterráneo y que contará con la iniciativa privada, así como con la participación de Cajamurcia y Bancaja, ha sido declarado por el Ejecutivo murciano Actuación de Interés Regional (AIR), y se desarrolla en un terreno que ha desprotegido la nueva Ley del Suelo regional.

Pero la decisión del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel ha recibido críticas por parte de la oposición, ya que los diputados del PSOE e IU alegan que se ha tomado "obviando" el informe del Consejo Jurídico, que "desaprueba" el desarrollo de una actuación de interés regional, al tiempo que hace hincapié en que esta obra está pendiente del fallo del Tribunal Constitucional (TC) acerca de la legalidad de la nueva ley autonómica.

En este sentido, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, calificó de "temeridad y fuga hacia delante" la decisión del Gobierno murciano de declarar actuación de interés regional (AIR) la de Marina de Cope "obviando" el informe del Consejo Jurídico que "desaprueba" esa figura en este caso.

En total, la Ley del Suelo murciana ha desprotegido 15.000 hectáreas, aunque desde el Ejecutivo regional sólo reconocen 7.000, que los técnicos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente no consideran de especial interés medioambiental, ya que los suelos estaban dedicados a agricultura.

En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró recientemente preocupada por los planes urbanísticos del Ejecutivo murciano, lo que ya ha comunicado al consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués. "No queremos un desarrollo a base de recalificar los espacios protegidos", asegura Narbona, quien recuerda que después de la aprobación de la Ley del Suelo "planteamos un recurso ante el Tribunal Constitucional, que ha sido admitido a trámite, pero que todavía no ha decidido al respecto".

Narbona pone de manifiesto que la opinión del ministerio es contraria a estas actuaciones y recalificaciones "y lo hemos expresado a los consejeros que saben cuál es nuestra posición respecto a cómo creemos que debemos trabajar las Administraciones para preservar nuestro litoral". "Y tampoco creemos que el desarrollo se debe hacer a base de recalificar los espacios protegidos, y con la idea de que esto no lo protegemos y protegemos otras cosas, cuando cada espacio está en su sitio y lo que está en el litoral, además de estar protegido, tiene valor por ser litoral, por ser una parte muy valiosa del patrimonio de la Región de Murcia", dijo Narbona.

La ministra recuerda que ya plantearon como Grupo Socialista "un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley del Suelo de Murcia, que llevaba aparejadas las desprotecciones. Esa era la matriz de la que se parte desde un punto de vista jurídico para luego tomar decisiones de este tipo. El recurso se admitió a trámite en el Tribunal Constitucional, pero sabemos lo lento que es para estudiar y resolver".

Según una orden resolutoria del 1 de julio de 2003 del entonces consejero de Turismo y Ordenación del Territorio y Costas, José Pablo Ruiz Abellán, el interés regional está justificado para acelerar la construcción de hoteles y viviendas en las zonas hasta 1.992 protegidas, ya que "el intenso desarrollo del litoral, a veces sin el adecuado uso turístico, ha llevado a que apenas queden espacios donde se pueda llevar a cabo una actuación turística (...). En la costa de Águilas y Lorca aún se encuentran importantes extensiones exentas de edificación donde predomina la actividad agrícola intensiva (...) Por lo que la situación descrita pone de manifiesto la necesidad de que el futuro desarrollo cuente desde el principio con la tutela de la Administración regional para asegurar su adecuada conservación".

Otra de las actuaciones que han criticado tanto la oposición como los ecologistas es la aprobación por el Ayuntamiento de Cartagena (PP) de la modificación del Plan General en lo referente a la urbanización Novo Carthago, que prevé la construcción de unas 10.000 viviendas en las cercanías del Mar Menor.