El pujolismo después de Pujol

Los meses previos a las elecciones catalanas me tocó atender a periodistas e investigadores, que preparaban todo tipo de trabajos sobre lo que llamaban el pospujolismo. En general se repetía una pregunta -¿qué pasará después de Pujol?- y una respuesta que pretendía ser desmitificadora -nada-. En aquellos momentos no imaginaba el significado profundo que podía adquirir la respuesta del "nada". Es evidente que el tripartito tiene ideas propias, y proyectos distintos a los de CiU y, por supuesto, no soy de los que creen que todos son iguales. Pero 10 meses después el eje central de la política, y el debate mediático catalán, son los mismos y se están librando en el terreno de juego que dejó en herencia Jordi Pujol, aunque no se sepa aún a quién.

Uno de los méritos que se reconocen al anterior presidente del Gobierno catalán es haber delimitado el terreno de la política catalana y haber obligado a todos los demás a jugar en su campo y con sus reglas de juego. Algo de eso es el llamado oasis catalán que tiene un poco de pensamiento único. Una característica central de esos 23 años es la identificación del conflicto entre Cataluña y España como la principal causa de los problemas de la ciudadanía, y en consecuencia, el espacio predilecto de la acción política. En paralelo se ha producido una pérdida de protagonismo político de la visión social de los problemas y los conflictos. Una buena parte de la ciudadanía ha sido convencida de que nuestros problemas dependen exclusivamente de cómo resolvamos nuestra relación con España. Y lo sorprendente es que el tripartito, lejos de deshacer este espejismo, insiste en el mensaje pujolista, cuando no incrementa los gestos simbólicos y los discursos en este sentido. Es probable que el Gobierno catalán esté actuando en el terreno social, pero el protagonismo mediático que adquieren las reiteradas puestas en escena de los últimos meses y los argumentos con los que se abordan problemas sociales de primera magnitud como la financiación de la sanidad no hacen más que incrementar la imagen de Maragall intentando superar a Pujol o a sus herederos.

No niego la necesidad de encarar una nueva relación entre Cataluña y España para que de una vez por todas se entienda la plurinacionalidad no asumida del Estado español y la necesidad de un desarrollo económico en red y policéntrico y no radial. Pero de ello a hacer creer a la ciudadanía que nuestro futuro depende prácticamente en exclusiva de la reforma del Estatuto de autonomía o del modelo de financiación autonómico va un abismo, y además es un error que puede actuar como un bumerán.

La reforma del Estatuto es importante y necesaria sobre todo para consolidar nuevos derechos de ciudadanía social para las 7.200.000 personas que viven y trabajan en Cataluña. Creando así una nueva identidad catalana basada en estos derechos de ciudadanía. Y también para resolver jurídicamente algunos encontronazos competenciales provocados por la práctica estatal de recuperar por la vía de los hechos competencias que el bloque constitucional -Constitución española y Estatuto de autonomía- otorgan a Cataluña.

Tampoco cabe menospreciar la importancia de mejorar el sistema de financiación de las CC AA -sin olvidarse de los Ayuntamientos, que son los más maltratados-. Pero alguien debería hacer pedagogía desde la política, explicando que además del desequilibrio fiscal que sufre Cataluña lo determinante es una insuficiencia fiscal de todo el Estado español. No se puede hacer creer a la gente, y menos desde la izquierda, que es posible aumentar los ingresos para Cataluña sin una reforma que aumente la capacidad fiscal del Estado en su conjunto. Basta ver las consecuencias del último acuerdo de financiación CiU- PP. A pesar de que incrementó la autonomía financiera de Cataluña y la participación en la recaudación de los impuestos, el resultado en ingresos ha sido pobre, porque en paralelo el PP aprobó reformas fiscales que, con el anzuelo de la bajada de impuestos, debilitaron la capacidad fiscal de los poderes públicos. Dicho en plata, Cataluña no tendrá más ingresos pidiendo más trozo del pastel fiscal si éste no crece en su conjunto.

Alguien cree que son posibles unas administraciones públicas, modernas y descentralizadas que aborden inversiones en la modernización productiva, y la mejora de la cohesión social con un gasto público congelado en el 35% del PIB. Mientras la media de la UE supera el 40%, y los países económica y socialmente más avanzados destinan cerca del 50% de su PIB al gasto público. Algo parecido sucede con el debate sobre la situación del sistema sanitario. Plantear que es un tema que puede resolverse con un nuevo modelo de financiación autonómica es un despropósito.

La incógnita está en saber por qué desde el Gobierno catalán se está insistiendo en alimentar el paradigma pujolista haciendo creer a la ciudadanía que todos nuestros retos dependen de cómo se resuelva el conflicto entre Cataluña y España. Alguien me insinúa que son movimientos políticos para ocupar centralidad en Cataluña. Sean cuales sean las razones, tiene consecuencias sociales y políticas importantes. Continuar negando las claves sociales, el conflicto social que hay detrás de muchos de los retos de la sociedad catalana y alimentar la percepción ciudadana de que nos lo jugamos todo en el terreno de la relación Cataluña-España es un error. Y a un servidor no le parece que esto sea el cambio.

Joan Coscubiela es secretario general de CC OO de Cataluña.