La CEOE pide múltiples cambios en la ley de tarifas de Argentina

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha enviado al Ejecutivo argentino un documento con las propuestas de las empresas españolas sobre el proyecto de Ley del Régimen Nacional de Servicios Públicos que tramita en la actualidad el Congreso argentino. La patronal española sugiere, artículo por artículo, "posibles correcciones" al proyecto que regulará las concesiones de servicios.

Con el propósito de hacer una "aportación constructiva y respetuosa", la CEOE recomienda "corregir", "añadir", "sustituir", "aclarar" o "suprimir" párrafos enteros por otros redactados por los representantes de las empresas. Según un portavoz del ministro de Planificación, Julio de Vido, "las objeciones son las mismas que habían hecho los máximos ejecutivos de las empresas y de la CEOE hace dos semanas durante unas reuniones en Madrid".

En esos encuentros, el abogado argentino Efraín Quevedo Mendoza, jefe del equipo técnico que redactó el proyecto de Ley de Servicios Públicos, dio explicaciones sobre cada uno de los artículos. Al terminar la última reunión, el vicepresidente de la CEOE recogió las palabras de Alfonso Arias Cañete, representante de Endesa: "Como ha dicho Alfonso, nos gusta mucho más la ley que nos cuentan ahora que la que está escrita y les haremos llegar un documento con nuestra posición".

La CEOE destaca que las propuestas sólo tienen un carácter "técnico-jurídico" y que no es su intención cuestionar "los objetivos y las metas políticas del proyecto", pero el documento propone cambios en la redacción de los artículos para que la ley "vaya en beneficio de la previsibilidad y sustentabilidad en la regulación de las prestaciones".

En la introducción, la CEOE observa que de la lectura literal del texto del proyecto de ley argentino, que "luego fue sustancialmente matizada por el debate mantenido con los representantes del Ministerio de Planificación en Madrid", se derivan algunos aspectos que afectan a todos los sectores prestadores de servicios públicos y cuya redacción es necesario "revisar para no plasmar conceptos como los siguientes":

1. Desequilibrio entre los derechos de los usuarios y los que se reconocen a las empresas prestadoras de servicios.

2. Incremento cuantitativo y cualitativo de obligaciones.

3. Incentivo a la proliferación de reclamaciones de los usuarios, con el consiguiente aumento de la conflictividad social y judicial.

4. Incremento de la intervención estatal en la gestión de las empresas.

5. Restricción de los derechos indemnizatorios respecto del alcance garantizado por la Constitución Nacional.

6. Eliminación de los mecanismos de arbitraje internacional.

7. Debilitamiento de las herramientas de disciplina de mercado.

8. Eliminación de mecanismos de reconocimiento de variación de costos no controlados por el prestador, a través de ajustes tarifarios.

La CEOE advierte de que uno de los objetivos de la ley debe ser el de "incentivar el ingreso de capitales para asegurar las necesarias inversiones" y contribuir a que haya "unos servicios públicos de gestión privada eficientes y de calidad".

Con relación a las tarifas, en el artículo 51, el documento sugiere "aclarar su contenido" con el siguiente texto alternativo: "Fijar un sistema tarifario justo, razonable y transparente, que garantice la sustentabilidad del servicio a corto y largo plazo, contemple la equidad social, el desarrollo económico, especialmente de la pequeña y mediana empresa y la protección de la competencia, al tiempo que permita al prestador la amortización de las inversiones, la cobertura de los costes de explotación y un normal beneficio industrial".

En el artículo 9 del proyecto, que delimita las responsabilidades de las empresas, la CEOE recomienda "suprimir" el párrafo que dice: "La obligatoriedad de la casa matriz de responder por los alcances de la propuesta formulada por el oferente y por las personas jurídicas que lo integraren".