El Poder Judicial, contra la ley que exige a los jueces saber catalán

La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opone a la proposición de ley orgánica presentada al Congreso de los Diputados por el Parlament para que se exija a los jueces que ejerzan en Cataluña el dominio del catalán y del derecho propio. Tres de los cinco miembros de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, propuestos por el PP, votaron el informe sobre dicha propuesta, mientras que el vicepresidente Fernando Salinas, que votó en contra, estima lógico que los jueces conozcan la lengua del lugar donde ejercen.

El ponente del informe fue el conservador Adolfo Prego. Los otros dos consejeros miembros de la mencionada comisión, ambos propuestos por el PSOE, votaron de forma diferente: el vicepresidente Fernando Salinas votó en contra del informe, que "dramatiza el problema", según explicó a este periódico, y el vocal Luis Aguiar se abstuvo. "Tengo dudas sobre el fondo", dijo, "pero en todo caso hay que suavizar ese informe, que hace exageradas declaraciones de inconstitucionalidad que no corresponden al CGPJ".

En efecto, el informe considera: "La propuesta de configurar el conocimiento del idioma y derecho propios de las comunidades autónomas como requisito de capacidad (y no como mero mérito preferente) para obtener plaza en órganos judiciales radicados en sus respectivos territorios se juzga de dudosa constitucionalidad".

Carrera judicial única

En cuanto al conocimiento y dominio del catalán por los jueces que ejerzan en Cataluña "como un genuino requisito de capacidad", el informe aprobado por la mayoría conservadora argumenta que esa exigencia "para la provisión de destinos de la carrera judicial en órganos radicados" en Cataluña, "conduciría de facto a una compartimentación territorial de la carrera, que desvirtuaría de hecho su carácter único o nacional". El informe invoca el artículo 122.1 de la Constitución, que establece que los jueces y magistrados de carrera "formarán un cuerpo único".

En cuanto a la traducción al castellano de todos los documentos en catalán que deban surtir efecto en tribunales radicados en Madrid, mientras que la propuesta legislativa prevé que la traducción la realicen los servicios de los órganos jurisdiccionales centrales del Estado, el informe "aboga por el mantenimiento de la obligación de traducción en origen de todas las actuaciones" redactadas en catalán o en el idioma autonómico de que se trate.

Según el informe que previsiblemente hará suyo el CGPJ, la obligación de conocer el catalán o el idioma autonómico correspondiente que la propuesta legislativa impone a los jueces y magistrados destinados en comunidades autónomas con idioma propio "vulnera la norma constitucional que prescribe que los jueces y magistrados formarán un cuerpo único de ámbito nacional".

Entender al ciudadano

El vicepresidente Salinas explica su voto en contra del informe, ante el que "parece que se va a romper la unidad del poder judicial por el hecho de que los jueces tengan que conocer el idioma y el derecho propio de cada autonomía, que es una exigencia lógica". Añade que, dado el derecho de los ciudadanos a expresarse en su lengua, "el juez debe entenderlos sin necesidad de traductores tras unos años en el cargo".

Salinas estima "lógico, como una correspondencia al derecho de los ciudadanos a expresarse en su lengua, que el juez les entienda". Propone que, para ello, se establezca una fase que en el caso del catalán podría ser de unos cinco años y en el del euskera de 8 o 10, y se niega a vincular estas medidas con "la unidad de España".