El juez cita a los responsables de las empresas 'blindadas' por Ibarra

El juzgado número 4 de Bilbao tomará declaración hasta el próximo mes de mayo a los directivos de las 116 empresas que figuraban en el listado de Juan Ramón Ibarra, el antiguo jefe de la Inspección en Vizcaya investigado por un supuesto trato a favor. Las comparecencias se iniciaron hace un mes y afectan a más de 100 personas, ya que incluyen a miembros del consejo de administración de las firmas del listado. Las diligencias, iniciadas en enero, tienen todos los vistos de dilatarse, ya que también restan las peticiones de declaraciones de acusación y defensas.

El llamado caso de la Inspección de Vizcaya prosigue, aunque sin excesiva celeridad. Todavía está pendiente el informe encargado a dos inspectores de la Hacienda del Estado, nombrados peritos la pasada primavera por el juzgado para que revisaran las actuaciones de Juan Ramón Ibarra. La negativa de uno de ellos a realizar este trabajo ha supuesto una demora más.

Ibarra fue apartado de su cargo el pasado 5 de febrero por la Diputación. Un mes antes, el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao había aceptado la querella de la Fiscalía, que acusaba al alto cargo de la Hacienda vizcaína de delitos de prevaricación, falsedad de documento público oficial, infidelidad en la custodia de documentos y desobediencia. Todo ello por un supuesto trato a favor de 116 empresas, pertenecientes a cerca de 25 contribuyentes, que figuraban como sujetos a inspección sin estarlo. De aquel grupo, separó, al poco de ser inquirido por sus superiores, a cerca de 40 compañías. Otros tres funcionarios de la Hacienda foral (un inspector, un subinspector y la jefa de Documentación) se encuentran imputados en el caso por colaboración necesaria. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido determinar el móvil que llevó al ex jefe de la Inspección a confeccionar su lista.

Anteriores declaraciones

La última actuación del juzgado, que esta primavera tomó testimonio a una treintena de personas (entre ellos los cuatro imputados, otros 21 funcionarios de la Inspección, el anterior diputado de Hacienda, Javier Urizarbarrena, y su director y seis asesores fiscales), ha sido centrarse en el listado de Ibarra con las empresas supuestamente protegidas. Desde hace un mes han empezado a declarar los directivos de las 116 firmas y las citaciones, según fuentes próximas a la investigación, se prolongarán hasta mayo.

El juzgado dictó una diligencia para que fuesen identificados los responsables de las empresas y en el informe presentado se han incluido, además de sus máximos responsables, los miembros de sus consejos de administración. Por ello, el listado global de declarantes se ha incrementado sustancialmente y supera las 100 personas, lo que prolongará durante ocho meses las comparecencias judiciales. En el listado de Ibarra figuran empresarios propietarios de compañías distintas, que deberán declarar en días diferentes.

Las diligencias de este caso se prolongarán aún más porque todavía restan las declaraciones de los testigos citados por las partes: la acusación ejercida por la Diputación y las defensas de los imputados.

El grupo juntero del PSE solicitará en los próximos días la comparecencia del actual diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, para que explique la situación en la que se encuentran las diligencias. Iruarrizaga se comprometió en su día ante las Juntas Generales a informar del desarrollo de este caso. Su última comparecencia se produjo en marzo, junto al diputado general, José Luis Bilbao. Ambos negaron entonces que conociesen las irregularidades antes de enero, cuando se personaron en las diligencias judiciales.

El anterior director de Hacienda, Javier Muguruza,declaró al juez que conoció el listado de Ibarra en octubre de 2002, se lo comunicó a su superior, el diputado Javier Urizarbarrena, y todos estos datos fueron trasladados de forma oficial a los actuales responsables de la Diputación en el mes de julio de 2003, cuando se realizó el traspaso de poderes.

Sin embargo, José Luis Bilbao sostuvo ante las Juntas Generales que en el traspaso "sólo se transmitieron los detalles de la actuación realizada hasta aquella fecha y de la documentación solicitada por la Fiscalía". El diputado general añadió que los anteriores responsables de la Hacienda foral trasladaron "la percepción de que la investigación iba a ser archivada", con el argumento de que desde dos meses antes no se tenía ninguna información de la Fiscalía Anticorrupción, que inició las investigaciones en 2003 y presentó la querella contra Juan Ramón Ibarra, sobre estos hechos.

La Diputación ha asegurado que no ha emprendido ninguna investigación interna por la "falta de conocimiento" de lo que sucedía en Hacienda, pero sí se ha realizado una inspección de las cuentas de los contribuyentes presuntamente protegidos por el ex jefe de la Inspección, cuyas conclusiones no se han hecho públicas.