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Editorial:

Catalanes y vascos

La conmemoración del 25º aniversario de la aprobación en referéndum de los estatutos catalán y vasco coincide con los primeros pasos de sus respectivas reformas. Se trata, sin embargo, de dos procesos muy diferentes: respetuoso con los procedimientos legales y las reglas de juego, el de Cataluña; en ruptura con esas reglas y procedimientos, el auspiciado por el Gobierno de Ibarretxe. La convergencia entre ambos procesos es una posibilidad, pero sólo si descarrila el plan del lehendakari: bien en el Parlamento vasco, por falta de mayoría, bien en las Cortes.

Los estatutos fueron aprobados con porcentajes y participación muy similares: con el 88% de los votos válidos el catalán, y con algo más del 90% el vasco, siendo la abstención en ambos casos próxima al 40%. No es cierto, por tanto, como últimamente se ha pretendido -utilizando el porcentaje sobre censo, que fue del 53%- que el plan Ibarretxe cuente de entrada con un apoyo comparable al del Estatuto de Gernika: el plan cuenta con el rechazo garantizado de fuerzas que agrupan a casi la mitad de los votantes, mientras que el Estatuto fue rechazado por menos del 10%.

Las pautas marcadas desde el Gobierno de Zapatero para apoyar las reformas son que cuenten con un respaldo no inferior al de 1979 y que su contenido no desborde los límites constitucionales. En la práctica, lo primero condiciona lo segundo. Difícilmente respaldarán nueve de cada diez ciudadanos vascos o catalanes una reforma cuyo contenido vulnere la Constitución. Y es seguro que una tal reforma no sería convalidada por las Cortes, condición necesaria para que adquiera validez.La reforma catalana se ha iniciado desde una ponencia en la que están representados todos los partidos, y sigue un procedimiento pactado por ellos. Como se hizo hace 25 años, y como no hace el actual Gobierno vasco, que ha presentado un proyecto articulado, pretendiendo que los demás lo avalen participando en el debate con sus enmiendas.

La autonomía ha sido un éxito, y así lo reconocen indirectamente los soberanistas sobrevenidos que proclaman que el Estatuto "está agotado". ¿Quieren decir que ya no queda margen para seguir reclamando competencias? En el caso vasco es obvio desde el momento en que el 90% de los impuestos recaudados se queda en Euskadi y es gestionado por las instituciones vascas. En el caso de Cataluña el problema es precisamente que carece de un sistema de financiación tan favorable como el Concierto vasco; pero su extensión sin más provocaría la quiebra fiscal del Estado, y de ahí que haya que buscar una solución diferente.

Lo que sí cabe es perfeccionar el funcionamiento del mecanismo estatutario a la luz de la experiencia de su aplicación y de las nuevas realidades, como la integración europea. Pero reformar el marco implica aceptar su validez. La propuesta de Ibarretxe no es, en ese sentido, una reforma, sino una propuesta de impugnación de la lógica del modelo autonómico constitucional. Por si había alguna duda, fueron los diputados de la antigua Batasuna, más los del tripartito que apoya el plan Ibarretxe, los que hace diez días votaron en contra de celebrar institucionalmente el 25º aniversario. Los mismos que firmaron en su día el Pacto de Lizarra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 25 de octubre de 2004