El Congreso boliviano reta al Gobierno con una nueva ley de hidrocarburos

Los diputados bolivianos aprobaron ayer un controvertido proyecto de ley de hidrocarburos, al que se opone el Gobierno, con el fin de acabar con la presión de miles de campesinos y mineros acampados desde hace cuatro días en el centro de La Paz. Tras la aprobación del proyecto por mayoría absoluta, la normalidad ha vuelto a la capital, que desde el lunes ha vivido sumida en el caos provocado por el bloqueo de las calles aledañas al Parlamento.

"No estamos aprobando la ley definitiva. Nada de eso; es sólo una formalidad", aseguró el presidente de la Cámara de Diputados antes de la votación. En un encuentro previo de los jefes de los grupos parlamentarios, el líder de los productores de hoja de coca y diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se comprometió a desmovilizar de inmediato a sus seguidores.

La aprobación del proyecto, que asume los planteamientos del MAS, la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos campesinos e indígenas, generó preocupación en el Gobierno, en los empresarios y en algunos partidos políticos, que lo consideran inviable para el futuro de Bolivia. El proyecto, al que los medios de comunicación han bautizado la ley de Evo, en alusión al líder del MAS -que estos días alternó su escaño parlamentario con su presencia activa en las calles-, prevé entre sus puntos más polémicos la nacionalización de los hidrocarburos así como el plazo de 180 días para que las empresas petroleras cambien de contrato y entreguen, "a partir de la aplicación de la ley", hasta un 50% de sus ingresos.

El presidente boliviano, Carlos Mesa, había insistido hasta el miércoles en la necesidad de considerar también el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo por entender que traduce el mandato del pueblo en el referéndum del 18 de julio. La consulta refrendó la voluntad ciudadana de vender el gas, incrementar los impuestos a favor de los bolivianos y recuperar la propiedad del Estado en boca de pozo, así como el fortalecimiento de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

"Estoy convencido de que [el resultado] ha sido reflejado de manera rigurosa, respetuosa y completa por nuestro proyecto de ley", dijo Mesa, al tiempo que instaba al Congreso a un trabajo conjunto para aprobar la próxima semana una norma que beneficie a todos.

A pesar de esta victoria parcial, los seguidores de Morales y de otros sectores indígenas consideran que es insuficiente la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo y exigen su nacionalización. El radical Movimiento Indígena Pachakuti ha anunciado que peleará por que se alcance la nacionalización "con expropiación" y que la industrialización genere impuestos que beneficien no solamente a las élites de Tarija y de Santa Cruz, los principales departamentos productores.

El debate se reanudará la semana próxima cuando el proyecto sea revisado por los diputados artículo por artículo, momento en el que se podrán introducir modificaciones. Todos coinciden en que van a ser sesiones muy duras, ya que será entonces cuando se plasme la oportunidad de diseñar una ley decisiva para la economía y el desarrollo del país más pobre de la región.